Arreglar crisis con declaraciones

La matanza de 34 reos en el penal de Las Cruces del pasado jueves 6, se la ha hecho bolas al gobierno estatal. Y es cómica y risible la forma en que, con puras declaraciones y posturas optimistas, el mandatario estatal Héctor Astudillo Flores, ya arregló un problema que requiere de visión, inteligencia y voluntad política para comenzar a desmontarlo. Pero que hasta hoy lastimeramente, de ninguna de ellas se ha echado mano. La radiografía confirma algunas razones por las que no se ha podido superar esta crisis. E incluso, algunos indicadores señalan que va para largo.
CRISIS Y DEBATE INTERMINABLES.- La paradoja es tangible: ni los ciudadanos guerrerenses inocentes del mundo exterior, ni los presidiarios culpables al interior de las cárceles, están salvo de la inseguridad y la violencia que ya se volvieron una pervertida costumbre. Y pese a las crisis que lo golpean una y otra vez, pero además, protegido por su burbuja de seguridad, el gobernador Astudillo, las soluciona con declaraciones. Hay que ubicarlas: 1.- Tras la matanza en Las Cruces, el mandatario estatal admitió apenas el pasado miércoles, que ’ese hecho obliga al gobierno a realizar cambios profundos’. Pero las inercias son las que dominan. Los hechos son tercos: en la subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Pública, continúa despachando Miguel Ángel Orihuela Hernández, un personaje que, de acuerdo a la versión del Vocero de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia ’está siendo investigado’. Esa risible contradicción se suma a otra más: el propio secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, no ha sido molestado por Héctor Astudillo. Cuando es el directamente responsable de explicar qué es lo que realmente ocurrió en la supuesta riña de ese penal. 2.- Los propios aliados políticos del gobernador están operando en su contra. Así, el titular de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, no descartó que ’un comando armado haya entrado al penal de Acapulco y provocado los hechos, como ocurrió en el de Iguala en 2014’. Es una hipótesis que paraleliza con la del arzobispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, en el sentido de que ’las autoridades esconden verdades más profundas’. Es decir, la actual administración estatal reconoce las irregularidades en los penales, pero no admite la corrupción y las complicidades entre autoridades carcelarias y reclusos ’exclusivos’, que incuban hechos criminales. 3.- El traslado de 13 reos a otros penales del país, fue vendida por las autoridades estatales, como parte del alivio a esa masacre. Pero es una medida que se ha repetido incesantemente por las distintas administraciones estatales, una vez que estallan crisis criminales en los penales. Y esta vez no fue la excepción. El asunto central es que de esa forma, el gobierno astudillista se victimiza y lava las manos. Enfocando las crisis carcelarias a la necesidad de construir otros penales, tal y como también se lo recomendó la CNDH al propio gobernador. Pero el asunto fundamental se finca en la corrupción y las complicidades. Las cuales existen hasta en los penales de máxima seguridad del país. Ahí es justamente, donde ninguna autoridad federal ni estatal quiere entrarle. Porque son prácticas de las propias relaciones del poder y partidistas. Y como es previsible, las masacres es los penales continuarán. Y si no, al tiempo.
HOJEADAS DE PÁGINAS…El llamado Frente Progresista Guerrerense (FPG), rechazó la eventualidad de una alianza partidista entre PRD y PAN en la disputa por la presidencia del país para la elección de julio de 2018. Y se pronunció porque todas las izquierdas se unan en torno al proyecto de AMLO. El asunto es que desde el propio PRI y de la presidencia del país, están inyectando fuertes suma de dinero hacia ciertos personajes políticos clave, para dividirlas. Es ahí donde está escondida la verdadera lucha.