Autodefensa armada

Junio de 2012 y enero de 2013 son fechas grabadas a sangre y fuego en el imaginario popular guerrerense como el principio de la rebelión ciudadana contra los poderes fácticos que amenazaban la tranquilidad de las pacíficas comunidades de La Montaña y la Costa Chica, en un contexto caracterizado por la indiferencia de las autoridades locales y estatales.

En el primer caso en Huamuxtitlán y en el segundo en Ayutla, los pueblos pobres decidieron terminar de una vez por todas con el yugo de la delincuencia organizada, cuyos mandos llegaron al extremo de solicitar ’en préstamo’ a las jóvenes hijas de las familias de la región, bajo pena de muerte en caso de que se negaran.

Fue un extremo que las comunidades decidieron no dejar pasar, además de que ya estaban hartas del cobro de cuota o de tener que entregar su ganado para satisfacer las cada vez más exigentes demandas de los criminales.

Así, el enojo popular se desbordó en forma de una turba enfurecida que tomó por asalto la casa de seguridad de los delincuentes en Huamuxtitlán, que operaban con conocimiento de la Policía Preventiva Municipal y, se infiere, del alcalde en turno. El estallido en Ayutla, donde los colectivos decidieron taparse el rostro y fueron llamados autodefensas, fue un movimiento más estudiado que localizó primero a sus objetivos, los capturó y los recluyó en una prisión provisional donde más de 50 individuos fueron exhibidos ante la población para señalar sus ilícitos.

Fue un estallido netamente popular que llamó la atención de la prensa extranjera acreditada en México, lo que obligó al gobierno mexicano -como siempre que se trata de prensa internacional, que es la única que le preocupa- a tomar una serie de medidas para encuadrar la respuesta popular en la legalidad.

Pero era demasiado tarde. El movimiento popular de autodefensa armada siguió una ruta propia sin dar cuentas al gobierno, lo que le hizo sostener contantes fricciones con las autoridades del estado y la federación.

El ejemplo cundió por todo el territorio y a la vuelta de la esquina comenzaron a surgir otros grupos de autodefensa en el Valle del Ocotito, en Apaxtla, en Teloloapan, en municipios de la sierra, en la zona norte y en la costa.

Sin embargo, llama la atención que todos estos movimientos populares surgieron en zona rurales, nunca en las ciudades, donde los grupos de comunitarios o de autodefensas jamás encontraron eco.

En el caso de Acapulco, lo más que se acercaron fue a Xaltianguis, donde inclusive surgió la primera brigada de policías ciudadanas femeninas, integrada por un centenar de mujeres que decidieron a combatir por su cuenta a los sicarios que asolaban a ese poblado.

El caso viene a cuento por la respuesta atípica que enderezaron grupos organizados de taxistas cuando fueron agredidos dos sitios de taxis en el centro del puerto y en una colonia de la periferia, donde los sicarios fueron repelidos a tiros.

El tercer caso fuera de lo común fue el del médico militar que le metió seis tiros a un delincuente que -el colmo- acompañado de su mujer y sus hijos, fue a exigirle la cuota. Al parecer, hasta donde hay información disponible, ambos se hicieron de palabras y de las palabras pasaron a las armas. El encuentro finalizó cuando el criminal cayó herido de muerte y el médico se entregó a las autoridades ministeriales.

En las últimas horas, después de comprobar que efectivamente se trató de un caso de legítima defensa, el médico militar fue puesto en libertad por los responsables de procuración e impartición de justicia.

La pregunta es: ¿Cuánto falta para que otros sectores de población, señaladamente los empresarios porteños, comiencen a actuar de esta manera, poniendo en práctica la legítima defensa? ¿Cuándo comenzaremos a presenciar las ejecuciones de delincuentes muy en el estilo de Fuente Ovejuna?

Desde el poder público podrá argumentarse que esta decisión de grupos organizados de la sociedad o de particulares en lo personal pone en riesgo el estado de derecho. Pero, en el extremo contrario ¿cuántos muertos más seremos capaces de soportar? ¿Cuántas familias trabajadoras más tendrán que sufrir luto por este abismo de violencia irracional y sin fin que nos asola, sin que el gobierno lo pueda remediar?

Todos y cada uno de los ciudadanos -padres o madres de familia, hijos e hijas- tienen el irrestricto derecho de defender su vida en caso de una agresión como las que protagonizan los grupos criminales, cuya crueldad ha sobrepasado sus propios límites. Nadie, y el gobierno menos que nadie, puede reclamar que los ciudadanos se armen para defenderse de los grupos criminales que se han multiplicado en el estado de Guerrero y en el puerto de Acapulco.

Empresarios, comerciantes y trabajadores tienen el derecho de armarse para enfrentarse a la violencia criminal que ha terminado por matar a la gallina de los huevos de oro que es Acapulco.

Pero para el caso valdría tomar el ejemplo de las autodefensas que, en decisiones colectivas, decidieron enfrentar todos juntos la amenaza del crimen organizado. En las zonas donde operan este tipo de defensas populares -como sea que decidan llamarse: guardias comunitarias, policías ciudadanas, autodefensas- , la incidencia criminal bajó casi a cero. ¿No valdría la pena contar con un mecanismo similar de defensa ciudadana en Acapulco?

Si no es así, el gobierno en todos sus órdenes deberá prepararse para afrontar una nueva realidad: la furia popular que se cobrará ojo por ojo, diente por diente.