BAJO FUEGO

El asesinato de Ambrosio Soto Duarte, alcalde de Ciudad Altamirano, terminó por generar discrepancias entre dos de los principales grupos políticos de Guerrero.

Por desgracia, en los hechos esa disputa se traduce en una ruptura institucional entre los gobiernos del estado y municipal de Acapulco, lo que en nada ayuda a resolver los graves problemas de violencia que mantienen bajo acoso a la ciudadanía guerrerense.

Aunque lo nieguen, el diferendo entre ambos gobiernos -más que entre grupos políticos- afectará los programas que las instituciones mantienen en operación para atender la sentida demanda social, tanto en el territorio del municipio que concentra el 24.5 por ciento de la población total del estado, como en el resto mismo de la entidad, donde las fobias políticas con seguridad propiciarán una actitud de revanchismo.

En un sentido amplio del concepto, ambos gobiernos esgrimen argumentación con un cierto sentido de la razón, pero esto es sólo una percepción a la que habrá que aplicar un necesario ejercicio de memoria.

En realidad las dirigencias partidistas, convertidas después en gobierno, tienen plena responsabilidad en los hechos que hoy se reclaman.

Han sido esas dirigencias, que hoy fingen olvido, las responsables de las diferentes violencias que hoy padecen todos los guerrerenses, tanto de un partido como de otro. Esto es: tanto en el PRD como en el PRI hay responsables que hoy debieran estar en prisión, en lugar de despachar en un cubículo con aire acondicionado y sueldos generosos.

A los líderes formales del Partido de la Revolución Democrática se les olvida que fue ese instituto político el que llevó al poder a personajes como Zeferino Torreblanca, José Luis Abarca y a algunos alcaldes que, por cierto, hoy medran como diputados del Congreso local. Pero los jerarcas priistas también tienen su parte en el pastel de la corrupción, la impunidad y la violencia resultante.

Aunque formalmente Felipe Calderón lanzó su guerra contra el narcotráfico en enero de 2007, es en los gobiernos locales que se incubó la presencia de los Beltrán Leyva desde por lo menos la segunda mitad de la década de los noventa, dominio que se fortaleció durante los mandatos de René Juárez Cisneros (1999-2005), Zeferino Torreblanca Galindo (2005-2011) y Ángel Aguirre Rivero (2011-2014).

Una versión creíble cuenta que, durante el mandato de Juárez Cisneros, el cuerpo de seguridad del gobernante sostuvo una fricción con un grupo de sicarios en las cercanías de Casa Acapulco, en la exclusiva Zona Diamante. Para evitar un enfrentamiento, quien parecía ser el jefe de sicarios le dijo a los escoltas del mandatario: ’Ya estamos arreglados con A-1’. Esa era entonces la clave policiaca para designar al gobernador.

En un periodo de tiempo equivalente al de los gobernadores, fueron alcaldes de Acapulco el priista Manuel Añorve Baños (interinato trunco 1997-1999), el perredista Zeferino Torreblanca (1999-2002), el también perredista Alberto López Rosas (2002-2005), el controversial Félix Salgado Macedonio (2005-2008) y, de nuevo, Añorve Baños (2009-2012).

Si establecemos una equivalencia en tiempos, en realidad desde la segunda mitad de los noventa el cártel Beltrán Leyva ya estaba arraigado en el estado de Guerrero, señaladamente en el puerto de Acapulco, desde donde controlaban todo el territorio estatal a través de sus lugartenientes.

Tan era pública su presencia que en marzo de 1999 se dieron el lujo de convocar a una gran presentación en el hotel Hyatt Regency, a la que asistieron personajes de la vida social porteña, de la farándula, así como empresarios connotados e inclusive el exalcalde Manuel Añorve Baños. El recuento de los testigos contabilizó entonces a unos 600 invitados.

La convocante, según investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), era Clara Elena Laborín, quien fue presentada como una sinaloense emprendedora en compañía de su esposo el ingeniero Alonso Rivera Muñoz, identidad que encubría la verdadera: se trataba de Héctor Beltrán Leyva. El evento fue organizado por el conductor Francisco Guillermo Ocaña, actualmente recluido en prisión por cargos de delincuencia organizada.

El caso es que el imperio de los hermanos Beltrán, en pleno auge, contó siempre con el silencio o discreción de los gobiernos en turnos, tanto estatales como municipales, de uno u otro partido. La muerte del capo Arturo Beltrán, en diciembre de 2009, provocó una diáspora de los grupos que antes eran socios, los que se fraccionaron dando lugar una suerte de mini cárteles que hoy trabajan por su cuenta y son responsables por la violencia brutal que mantiene en vilo a la población civil.

En este contexto habrá que recordar que fueron algunas dirigencias del PRD, de la tribu conocida como Los Chuchos, las que llevaron al poder a diversos personajes de la región de Tierra Caliente que mantenían vínculos inequívocos con jefes locales de la delincuencia organizada. El caso más trágico y emblemático es el de José Luis Abarca en Iguala, pero hay otros que ahora despachan como diputados en el Congreso local. Este fenómeno ocurrió más en Tierra Caliente y en la Zona Norte que en otras regiones del estado.

Con su esposa María de los Ángeles Pineda, José Luis Abarca era el promotor de activos del capo Arturo Beltrán, con quien se enemistaron cuando el traficante ejecutó a dos de los hermanos Pineda, sus cuñados. Entonces vino la ruptura, que dio pauta para la creación del grupo criminal conocido como Guerreros Unidos, en sociedad con Mario Casarrubias Salgado, quien fuera uno de los hombres de mayor confianza del clan Beltrán Leyva.

En el caso de Acapulco el empresario detenido Joaquín Alonso Piedra, quien según versiones ejercía la misma función para los Beltrán, ha sido también uno de los hombres cercanos a Manuel Añorve Baños. ¿Acaso Añorve desconocía este antecedente?

Así pues, en este holocausto de corrupción y complicidades, nadie parece estar libre de mácula. Juzgue el lector.