BAJO FUEGO

La aprehensión de Clara Elena Laborín, lideresa del cártel Beltrán Leyva, supone un punto de inflexión en el combate a la violencia en el estado de Guerrero.

Este punto de inflexión debe entenderse como un hito en la fenomenología de la violencia causada por el crimen organizado, que con la captura de La Señora pierde a uno de sus más importantes activos, aunque es previsible que pronto surjan nuevas cabezas que buscarán aprovechar el hueco para tomar el control de los grupos criminales que pululan en Acapulco.

La señora Laborín heredó la estructura delincuencial creada por los hermanos Beltrán Leyva tanto en Guerrero como en otros estados del país. Ella tomó el mando de lo que quedaba del antes poderoso cártel a partir de la aprehensión de su esposo, Héctor Beltrán, en octubre de 2014.

Antes de la muerte de Arturo Beltrán Leyva, en diciembre de 2009, esa estructura criminal mantenía una línea de mando piramidal que aplicaba castigos severos a los transgresores de dentro y de fuera, inclusive con la muerte.

Fue el caso, por citar un ejemplo conocido públicamente, de Mario Alberto Pineda, uno de los hombres de mayor confianza del capo, a quien sorprendieron cuando transportaba un cargamento de cuatro millones de dólares de Acapulco a Cuernavaca, producto de asaltos a joyerías y otros negocios, algo prohibidísimo por el llamado Jefe de Jefes.

El cuerpo de El MP, como era conocido Pineda, fue encontrado apretujado en tambos colocados sobre la Autopista del Sol, junto a algunos de sus secuaces. Como se sabe, Pineda era hermano de María de los Ángeles, la ex primera dama de Iguala que, junto a su marido José Luis Abarca, están implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Así las cosas, la muerte de Arturo Beltrán Leyva provocó la fragmentación de la organización que, en Iguala, tomó el nombre de Guerreros Unidos, en el centro siguió operando con el nombre de Los Rojos, en la parte de La Montaña Baja se manejó como Los Ardillos y en el puerto predominó el llamado Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), después de una lucha sangrienta contra La Barredora, lo que generó en 2011 una de las peores crisis de Seguridad Pública en el puerto, que disparó los delitos graves en 374 por ciento, según datos de la Secretaría de Gobernación.

En lo sucesivo la principal característica de los grupos delictivos de la era post Beltrán fue la independencia: ya no rendían cuentas a nadie. Si acaso, mantenían una relación cordial con los sucesivos mandos del cártel por algún residuo de lealtad que aún los cohesionaba.

Todos se mantuvieron en esa tónica salvo los Guerreros Unidos, que se plano se enemistaron con los Beltrán a raíz de los homicidios de los hermanos Pineda, por lo cual crearon un poderoso grupo de sicarios para resguardar su territorio de cualquier incursión armada de parte de los Beltrán Leyva, lo que nunca ocurrió.

Lo que sí ocurrió es el lamentable episodio de los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa, lo que se orquestó mediante una compleja operación en la que policías federales y militares omitieron actuar, con los resultados ya conocidos.

Después de la fractura del cártel BL, los grupos criminales comenzaron a carecer de dinero y materia prima para su principal actividad, el trasiego de drogas, lo que devino en la búsqueda de otras fuentes de financiamiento: Los secuestros y la extorsión. Así comenzó la escalada extorsiva que hoy mantiene al borde del colapso a la actividad comercial, en especial al pequeño comercio, con su consecuente cauda de muertos.

De acuerdo con fuentes informadas, después de la aprehensión de Héctor Beltrán Leyva su esposa, la señora Laborín, tomó el mando de las operaciones en el puerto de Acapulco, por lo cual entró en conflicto con la estructura local.

Alentados por La Señora, algunos grupos criminales se organizaron para desafiar el predominio del CIDA y recomenzó la nueva era violenta que se hizo patente de manera nítida a partir de enero de este año, cuando arreciaron los atentados causados muchas veces contra gente inocente, sólo para ’calentarle’ la plaza a los mandos del CIDA.

Uno de los grupos criminales más violentos era el autodenominado Fuerzas Especiales en Defensa de Acapulco (FEDA), responsable de decenas de homicidios cometidos en el puerto entre 2015 y 2016.

Esa guerra privada entre formaciones criminales, en la que han caído muchos inocentes, es lo que estaba enterrando la imagen y economía de Acapulco.

En respuesta, más obligada que por gusto, desde la cúpula gubernamental se fraguó entonces una estrategia para detener a los grupos más violentos, lo que dio pauta para la captura de mandos criminales temibles como David Palma Analco, Fredy del Valle, Juan Carlos Rodríguez y, finalmente, la cabeza visible de esta vorágine sangrienta, la señora Clara Elena Laborín.

Aunque es imprevisible lo que pudiera pasar en lo sucesivo, resulta por lo menos plausible la detención de esta nueva camada de criminales que han hecho de la violencia extrema su bandera, en agravio de la ciudadanía toda.

Esta estrategia anticrimen, basada en silentes operaciones de inteligencia, tiene un operador: El jefe de la División de Investigación de la Policía Federal, Omar García Harfuch, nieto de Javier García Paniagua, ex titular de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), la policía política del régimen unipartidista.

Pareciera que García Harfuch ha logrado cimentar una ardua y silenciosa labor al frente de aquella dependencia, pero deberá concretar nuevas aprehensiones de cabecillas del crimen organizado tanto en Guerrero como en otras partes del país, si es que se quiere consolidar el trabajo gubernamental de combate a la delincuencia, a estas alturas tan necesario especialmente en el puerto de Acapulco, catalogado ya como la ciudad más violenta del país.

Las vidas perdidas no se podrán reponer jamás, pero si la violencia amaina en el puerto, habrá condiciones para reactivar la economía interna y el empleo, tan vulnerados a extremos inadmisibles. Sólo entonces la ciudadanía respirará aliviada.