BAJO FUEGO

Al cumplirse dos años del ataque contra los normalistas de Ayotzinapa, queda más que claro que los jóvenes estudiantes no fueron cremados en el basurero de Cocula, como preconizaba la versión oficial.

El investigador español José Torero, especialista en comportamiento del fuego, en días pasados llevó a cabo un experimento en el campus Gatton, de la Universidad de Quennsland, Australia.

Torero, quien coadyuvó con los trabajos de investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, quemó el cuerpo de un cerdo de 70 kilogramos utilizando 630 kilos de madera. El resultado: cuando el fuego se consumió aún quedó el 10 por ciento de los restos de la carne.

Torero sostiene que para quemar 43 cuerpos humanos se habrían necesitado más de 27 mil kilos de madera y, aún así, habría subsistido un resto de material orgánico. Además, un fuego tan intenso habría dejado marcas en el tronco de los árboles más cercanos. No había marcas en los árboles cuando Torero visitó el basurero de Cocula.

A los resultados de este experimento habrá que agregar que, la noche de los ataques contra los jóvenes de Ayotzinapa, hubo una lluvia intensa en la región de Iguala y Cocula, lo que habría hecho materialmente imposible encender y mantener una pira de gran dimensión para quemar los cuerpos de los jóvenes estudiantes.

Pero entonces ¿qué fue lo que sucedió esa noche en Iguala con los muchachos de Ayotzinapa?

En anterior entrega observábamos que para capturar a todos los jóvenes que corrían por su vida en medio de una noche lluviosa, se habría necesitado al menos de una fuerza de 150 policías.

Ello induce a pensar que otras fuerzas, además de los encapuchados de negro, se unió a la Policía Preventiva Municipal de Iguala para capturar a la mayor parte de los estudiantes, que bien podrían ser los policías de Cocula y los de Huitzuco.

El informe del GIEI presentado en abril pasado da cuenta de que los teléfonos celulares de algunos de los jóvenes se mantuvieron activos aún después de que en teoría fueron capturados.

El seguimiento de la activación de las antenas permite saber que uno de los jóvenes, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, envió un mensaje de texto a su madre a las 01:16 horas del día 27, cuando se supone que ya estaban en poder de los sicarios.

No sólo eso: el 28 de noviembre de 2014 salen nuevos mensajes de texto de ese número de celular, mismo que se siguió utilizando durante los meses de diciembre, enero, febrero, marzo y abril ya de 2015.

El 9 de febrero de 2015 sale una llamada del mismo celular a otro número propiedad de un familiar de Jorge Aníbal.

Otro de los normalistas, Carlos Iván Ramírez Villarreal, activó la antena de comunicaciones de Villa Guadalupe el día 27 de septiembre de 2014 a las 19:17, cuando se suponía que ya estaría muerto.

Ninguna autoridad ha explicado, hasta ahora, cómo es que se utilizó ese número de teléfono 21 horas después de la detención.

Otro estudiante, Jorge Luis González Parral, por vía del uso de datos envió un mensaje el 30 de septiembre de 2014 a las 18:58, aunque en este caso el chip fue cambiado a otro aparato.

Julio César Patolzin recibió tres llamadas desde Huitzuco a las 22:21, las 23:47 y las 23:56 el día 30 de septiembre. Posteriormente su teléfono registró otras llamadas que fueron captadas por las antenas del centro de Iguala.

Un dato inexplicable es que estos datos nunca fueron utilizados en la investigación oficial enderezada por la Procuraduría General de la República, la PGR de Jesús Murillo, hay que aclarar.

Hay más, en trascendidos confiables que nunca se hicieron públicos, un organismo de inteligencia civil hizo un seguimiento de las actividades de varios de esos celulares en las que captaron palabras de los jóvenes en el sentido de que se encontraban perdidos. Eso ocurrió al menos 15 días después de la fatídica noche del ataque. Posteriormente tres de esos celulares se activaron en el estado de Chiapas.

Ese organismo de inteligencia civil sólo pudo ser el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Una versión más, que nunca pudo ser confirmada porque las fuentes fueron amenazadas, señala que un joven que tenía el aspecto de uno de los normalistas desaparecidos, llegó en estado lamentable a una comunidad del municipio de Huitzuco. En estado de shock, el joven narró que huyeron por los cerros hasta llegar a la comunidad, pero que un compañero que lo acompañaba se extravió en esas montañas.

Los habitantes de la comunidad, por acuerdo con el comisario, decidieron dar parte a la Policía Municipal de Huitzuco, que procedió a llevarse al joven diciendo que lo internaría en un hospital. Nunca volvieron a verlo.

Ahora sabemos que esa noche de los cuchillos largos estuvieron en operaciones de patrullaje las tropas del 27 Batallón de Infantería, así como la Policía Federal, la Policía del Estado y los grupos de inteligencia acantonados en la región. Todos ellos estuvieron enterados, pero nadie intervino en favor de los perseguidos.

A dos años, es necesario que esta masacre que aclare y se finquen responsabilidades en quienes estén involucrados. Si están involucrados funcionarios públicos de los órdenes estatal y/o federal, deben ser llevados inexcusablemente a los tribunales.

Primero la verdad, después la justicia. Es lo único que coadyuvará a destensar la situación que se vive en Guerrero como una herida que supura, más ahora que antes.