BAJO FUEGO

Lo que sucedió en la Tierra Caliente ya se veía venir.

El Grupo de Coordinación Guerrero envió un operativo de cerca de 500 hombres para tomar el control de San Miguel Totolapan… sólo que lo hizo cinco meses tarde.

Desde diciembre pasado, las llamadas autodefensas del Movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan se declararon en resistencia armada para combatir el hostigamiento de las bandas criminales que han enlutado a cientos de familias de la región.

En esas fechas lanzaron un desesperado grito de auxilio a las autoridades federales y estatales para combatir a las formaciones delincuenciales -porque no son simples grupos criminales, son estructuras de tipo paramilitar que han depredado la región desde 2010, por lo menos-, lo que finalmente generó una explosión de autodefensas que, se quiera admitir o no, representan a por lo menos un sector de la población agraviada.

El Movimiento por la Paz se constituyó, al menos públicamente, el lunes 12 de diciembre de 2016, como igual hicieron en la misma fecha algunas comunidades del vecino municipio de Ajuchitlán del Progreso, que advirtieron su decisión de enfrentar con las armas el hostigamiento criminal, luego de la ausencia del Estado Mexicano que los dejó abandonados a su suerte.

Y esta es, precisamente, la clave del asunto: el Estado Mexicano ha estado ausente en toda esa región de la Tierra Caliente desde 2011, cuando la formación delincuencial conocida como La Familia comenzó su campaña de captura de territorio en esa franja de terreno de la parte media de la Sierra Madre, entre los municipios de San Miguel Totolapan, Ajuchitlán y Coyuca de Catalán.

Esa franja de territorio, sobre la que los bandidos causaron un fenómeno de despoblamiento, es precisamente donde nace la gigantesca veta de oro que se extiende linealmente hacia la zona Norte y después a la región de La Montaña, para desembocar finalmente en la región de Costa Chica.
En 2012 las incursiones de La Familia se ampliaron a los municipios vecinos de Canuto Neri, Teloloapan, Apaxtla, Cuetzala, Arcelia, Cutzamala y Tlapehuala, donde desplegaron una cruel campaña de amenazas, extorsiones, secuestros y asesinatos que, durante años, paralizó de terror a la población civil. Una fuente creíble ha hecho un recuento de más de 500 asesinatos cometidos por los grupos criminales en los últimos dos años.

En todos los casos menudearon los reportes de agresiones contra la población civil sin que se haya visto, hasta ahora, una acción determinante por parte del gobierno federal ni, mucho menos, de las autoridades estatales.

La mayoría de las comunidades agredidas, en distintos tonos, dieron a conocer el nombre del responsable de esa campaña de terror: Juan Hurtado Olascoaga, conocido como El Pez, jefe regional de La Familia, quien al mando de una tropa de más de 400 hombres con camuflaje tipo militar y armados con fusilería y granadas, sembraron el miedo en decenas de pueblos de la sierra. Sin embargo, a pesar de las reiteradas denuncias, nada pasó.

Así las cosas, entendidas de que nadie les daría auxilio, las comunidades comenzaron a organizarse para enfrentar a los facinerosos con las armas en la mano.

El 29 de noviembre de 2013 los apenas 7 mil pobladores del pequeño municipio de Apaxtla de Castrejón se inspiraron en las hazañas del general Adrián Castrejón, uno de los hombres de confianza del general Emiliano Zapata, y se integraron como autodefensa popular armada. Titularon su agrupación como Movimiento de Autodefensa Adrián Castrejón (MAAC).

Meses después, el 6 de febrero de 2014, hizo lo propio la comunidad de Cuetzala que se organizó con apenas un centenar de elementos que empuñaban armas de bajo calibre.

Cuando ocurrió la matanza de Tlatlaya, el 30 de junio de 2014, muchos de los agraviados en Guerrero respiraron aliviados: ahí cayó el segundo al mando de La Familia, a quien Hurtado Olascoaga hizo responsable de la campaña de terror en la Sierra Madre del Sur. Pero nada cambió.

El 4 de noviembre de 2014 surge la autodefensa de Lindavista, la comunidad más grande de Ajuchitlán del Progreso, situada casi en los linderos del Filo Mayor de la sierra. Otras comunidades de la región, como Cuatro Cruces, alertadas por la situación, se organizaron para esperar a los criminales que han sometido pueblo por pueblo como si estuvieran en guerra. En el caso de la vertiente del Pacífico, decenas de comunidades serranas de Tecpan y Atoyac se constituyeron en sendos comités de Seguridad Civil que decidieron tomar la defensa armada en sus manos.

La Policía Comunitaria Tecampanera, del municipio de Teloloapan -la puerta de entrada a la Tierra Caliente- se presenta públicamente el 11 de enero de 2016, mientras que la Policía Comunitaria de Tlacotepec, integrada por cientos de hombres, desfila por la cabecera municipal de ese macizo montañoso al que se considera el principal productor de amapola y marihuana. Las autodefensas de Tlacotepec defendieron abiertamente la siembra de amapola como única forma de sobrevivencia de las comunidades.
El dato perturbador es que todos estos grupos de autodefensas (Apaxtla, Cuetzala, Teloloapan, Totolapan y Tlacotepec), grandes y pequeños, establecieron una alianza formal para combatir las amenazas que representan los grupos criminales, pero también para defenderse de los abusos gubernamentales.

Aunque existe el dato de que tanto el Ejército Mexicano como tropas de infantería de la Armada de México han cazado a los grupos criminales, principalmente el grupo de Los Tequileros de Raybel Jacobo de Almonte y La Familia de Hurtado Olascoaga, a la fecha siguen siendo formaciones delincuenciales fuertes y con una amplia capacidad de desplazamiento, que mantienen la hegemonía en los territorios bajo su control.

Desde hace por lo menos cuatro años todo este escenario se ha ido configurando como un ambiente de preguerra, en el que las formaciones criminales, grupos de autodefensa, grupos de interés político y fuerza oficiales, podrían chocar en cualquier momento.

Es este escenario convulso en el que un grupo de periodistas -que incursionó en la Tierra Caliente para cubrir los disturbios- fue asaltado recién por un grupo de más de 100 jóvenes encapuchados y armados, presumiblemente tropas de Hurtado Olascoaga. Entre los agraviados figura el veterano reportero Sergio Ocampo Arista, corresponsal de La Jornada, y Hans Máximo Musielik, un periodista alemán avezado en la cobertura de la violencia en Guerrero.
Hans Máximo relató cómo un niño de unos 13 años, con un fusil AR-15 terciado sobre el pecho, le apuntó a la cabeza con un arma corta, mientras al menos otra media docena de menores arrebataban a los reporteros lo que traían. Algunos de los asaltantes consumían cocaína, pero nadie parecía tener el mando de la turba armada. Un cuadro verdaderamente aterrador, si se reflexiona bien.


Aunque fueron despojados de su equipo, todos los periodistas fueron liberados con vida, pero bajo amenaza de muerte. Después, apenas en las últimas horas, sicarios del crimen organizado asesinaron al connotado periodista Javier Valdez, de Sinaloa, así como al joven reportero Jonathan Rodríguez, de Jalisco, atentado donde fue herida de gravedad su madre Sonia Córdova, subdirectora del semanario donde ambos trabajan.
La situación para los trabajadores de la comunicación, particularmente, es insostenible porque preludia una oleada de furia asesina en contra de los periodistas en todo el país. Así, se impone la pregunta: ¿Quién sigue?
En el caso de Guerrero lo verdaderamente incomprensible es que la turba armada que asaltó a los reporteros estaba situada entre dos retenes militares, distantes un kilómetro cada uno, a quienes los periodistas no pudieron pedir ayuda dada la amenaza que pesaba en su contra.
¿Qué es, pues, lo que está pasando aquí? ¿Estamos ante un escenario de preguerra, como anticipó un experto en el tema hace ya un par de años? ¿Cómo va la autoridad a solucionar esta situación en la que, evidentemente, está en riesgo la seguridad nacional? ¿Qué intereses actúan ocultos para fomentar una situación tan explosiva?