Contexto Político
Por Efraín Flores Iglesias
Este lunes se cumplen dos años del asesinato de seis personas y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en el municipio de Iguala.
El ataque fue perpetrado por policías municipales de Iguala y Cocula, quienes los entregaron a sicarios del grupo delictivo "Guerreros Unidos".
Los normalistas salieron el 26 de septiembre de 2014 de su escuela ubicada en Ayotzinapa (Tixtla) rumbo a Chilpancingo con la intención de secuestrar camiones en la central de autobuses, pero policías estatales les impidieron realizar tal acción. Ante eso optaron trasladarse a Iguala.
Al llegar a Iguala se llevaron algunos autobuses, pero al salir de la central camionera fueron seguidos y alcanzados por policías municipales.
Los normalistas se negaron entregar los autobuses secuestrados y fueron atacados a balazos y levantados por los efectivos policiacos.
De acuerdo a algunas investigaciones, los normalistas se habían llevado un autobús con droga al interior y que algunos de ellos pertenecían al grupo delictivo "Los Rojos", archiadversarios de "Guerreros Unidos".
Desde entonces han sido detenidos policías municipales y sicarios de Guerreros Unidos que participaron en el ataque y desaparición de los 43 normalistas, que han confesado que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula.
Se entiende el dolor de los familiares de los jóvenes desaparecidos y su lucha por encontrarlos con vida.
Lamentablemente son pastoreados por personajes que solamente lucran con el dolor de ellos; unos personajes que solamente les importa negociar canonjías con las autoridades y cometer actos vandálicos.
Nadie puede asegurar que estén vivos los 43, pero tampoco que fueron incinerados por sicarios de Guerreros Unidos.
Dos años es mucho tiempo. Si estuvieran privados de su libertad ya hubieran pedido algún rescate para ser liberados. Pero no es así.
Es condenable que el Estado mexicano siga sin dar una versión más concreta ni detener a los que en ese año fungían como autoridades, como por ejemplo, Ángel Aguirre Rivero y a su gabinete de seguridad.
Aunque, también hay que preguntarse: ¿Quiénes ordenaron a los normalistas de nuevo ingreso ir a meterse a la cueva del lobo (Iguala)? ¿Por qué las autoridades siguen permitiendo que los normalistas de Ayotzinapa secuestren autobuses? ¿Por qué los padres de familia de los normalistas permiten que sus hijos cometan actos vandálicos en lugar de estar en sus aulas estudiando?
Son varias interrogantes y varios los responsables.
Luego entonces, ¿por qué seguir permitiendo que Ayotzinapa siga siendo un plantel educativo en donde no se estudia y se cometen actos contrarios a la ley?
Queda claro que la sociedad no desapareció a los normalistas y no es justo que los agitadores sociales perjudiquen la paz y el progreso de Chilpancingo y Acapulco.
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