¡Guerrero, estandarte de la Corrupción!
Yair García
A propósito del Día Internacional contra la Corrupción...
Las y los actores políticos progresistas responsables se preparan para cambiar el paradigma social, político, económico y cultural de sus entornos sociales. El combate a la corrupción es un asunto de agenda gubernamental que se toman enserio quienes asumen con responsabilidad su función en el ejercicio público.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción ha informado que cada año se paga un billón de dólares en sobornos y se calcula que se roban 2,6 billones de dólares anuales mediante la corrupción, suma que equivale a más del 5% del producto interno bruto mundial, equivalente a diez veces los recursos destinados a la asistencia oficial para el desarrollo en el mundo. El organismo plantea una acción que ha denominado ’Unidos contra la Corrupción’ que tiene como finalidad fortalecer los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030.
En el caso de México a pesar de contar ya con un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) desde el 18 de julio de 2016 no contaba con un orden jurídico que blindara su función y su autonomía. Sin embargo, el actual gobierno de la Cuarta Transformación ha blindado esos esfuerzos, considerando como delito grave la corrupción con la reforma al artículo 19 constitucional. Es decir, el actual gobierno pretende vincular el SNA con el Instituto Nacional Electoral (INE) para garantizar elecciones libres y democráticas, nuevas normas para detectar conflictos de interés, el relanzamiento del servicio civil de carrera para eficientar la productividad administrativa y el financiamiento a partidos políticos para que el gasto corriente sea proporcional a su actividad política y así evitar el corporativismo y el clientelismo como ramas inherentes de la corrupción.
En el caso de Guerrero, el pasado el 13 de junio la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) presentó su herramienta de medición ’MxSi’ que se encarga de analizar a los Estados con más corrupción para realizar trámites, multas y servicios gubernamentales. Con un promedio de 61% de empresas víctimas de actos de corrupción, Guerrero ocupa el primer lugar de corrupción.
Seguido de nuestro Estado se encuentra Chiapas (60%), Morelos, Quintana Roo (52%) y CDMX (50%).
En 2018 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que en Guerrero; el 14.6% de la población adulta en contacto con algún servidor público experimentó algún acto de corrupción. En el 2017 la tasa de incidencia de corrupción fue de 25, 541 delitos por cada cien mil habitantes, incluso el estudio refiere que la corrupción fue mayor a la incidencia delictiva de robo en calle o transporte público (11, 081 delitos por cada cien mil habitantes).
Las cifras son alarmantes y nada fáciles de ocultar. La corrupción entendida como el abuso de cualquier posición de poder ya sea pública o privada con el fin de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo. Esta situación ha mermado la tranquilidad de nuestra sociedad, pues cada elemento que pudiéramos analizar en el imaginario o en el contexto deriva una serie de inconsistencias en todo el sistema político y de gobierno en el que vivimos. Lo lamentable es que el principal causante de esta situación somos los ciudadanos que con el fin de evadir nuestra responsabilidad civil recurrimos a la corrupción
Me parece oportuno convocar a la sociedad a Construir Ciudadanía, elemento que debe entenderse como el hermanamiento de todas y todos para reconstruir nuestra ciudad, cumplir con nuestros deberes, respetar a la autoridad, participar en el entorno, enterarse de su contexto político, social y cultural, que se entienda pues como el trabajo en equipo de todas y de todos para sanear nuestro municipio pero principalmente nuestras instituciones.
PD. La Ley 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos tiene como finalidad fincar responsabilidades penales a funcionarios que no asumen su responsabilidad en su quehacer público, no obstante, es tradición que el poder ejecutivo interceda en el poder judicial y las respectivas denuncias y señalamientos de corrupción u omisión no se investigan y por ende no se castigan. Tal como lo que sucedió en la investigación de Ayotzinapa y que hasta este momento no se han fincado responsabilidades a ningún funcionario con atribuciones ejecutivas. Pero eso estimadas y estimados electores lo comentaré en la siguiente entrega.
