Postigo
José García Sánchez
Pobre del país cuyo secretario de Hacienda, supuesto experto en número y avezado conocedor de mecanismos bancarios se haya equivocado de cuenta al tratar de enviar recursos a una entidad federativa.
Más grave es el hecho de que lo haya hecho en momentos críticos en los que el gobernador de esa entidad federativa tiene roces con el gobierno federal. En realidad es un error que debiera castigarse con el despido.
En México esto sucedió y como muchos de los actos de los funcionarios públicos no son sancionados debidamente, se pensó que este error de José Antonio González Anaya, podría también quedar en el olvido. No fue así.
El gobierno de Chihuahua, encabezado por el panista Javier Corral, promoverá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se analice si el gobierno federal usa el presupuesto público como mecanismo de control a entidades o para impedir que combatan la corrupción.
Porque el secretario de Hacienda, fingiendo que nada pasa, aseguró que el gobierno federal había pagado en tiempo y forma los recursos extraordinarios al gobierno de Chihuahua; sin embargo, un convenio no fue pagado debido a que se les proporcionó una cuenta de banco equivocada y otro más por insuficiencia presupuestaria, es decir, no había fondos.
Esto motivó que Javier Corral, responsabilizara al gobierno federal de frenar el pago de 700 millones de pesos para sanear las finanzas del estado en represalia por la detención de Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI y quien es investigado por el delito de peculado agravado.
El secretario de Hacienda dijo que jamás se le exigió a Javier Corral suspender la investigación contra Alejandro Gutiérrez, quien según el sargento Aurelio Nuño había sido torturado psicológicamente para que firmara declaraciones que no corresponden a la verdad.
José Antonio Meade, precandidato del PRI a la Presidencia dela República, repitió sin reparo las palabras de su coordinador de campaña al calificar a Corral Jurado de gobernador torturador, sin pruebas sin reflexión, sin conciencia de la mentira que significaba lo que decía, simplemente repitió lo que le dijeron que repitiera.
Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua informó que no encontró indicios de la supuesta tortura psicológica a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario adjunto del PRI nacional.
Señala Corral Jurado que la SHCP adeuda 780 millones de pesos a pesar de que fueron convenidos con el gobierno estatal desde el 14 de diciembre de 2016, hace 13 meses; 700 millones corresponderían a un fondo de saneamiento financiero, destinados a salud, educación y seguridad.
El pasado 20 de diciembre, Gutiérrez Gutiérrez fue detenido por policías federales en la Ciudad de México y trasladado al penal de Aquiles Serdán, en Chihuahua, acusado de desviar alrededor de 250 millones de pesos de las arcas del estado a las campañas electorales de candidatos priistas en 2016.
Corral afirmó que Chihuahua fue la única de las 32 entidades que no recibió el dinero prometido por el Gobierno federal. ’No están estrangulando económicamente’, acusó.
