¿CUMPLIRÁN EN LOS HECHOS?
RAMÓN ZURITA SAHAGÚN
De verdad las leyes mexicanas se hicieron para acatarlas o tienen tantos recovecos que empresarios, políticos y ciudadanos comunes encontramos siempre resquicios para evadir responsabilidades.
Una y otra vez se anuncian acciones de justicia contra los que resultan responsables de los delitos que se les achacan, pero los que cuentan con los recursos económicos suficientes para ello, contratan grandes despachos de abogados y no sucede nada.
Los políticos siempre usan el recurso de la lucha contra la corrupción y del caiga quien caiga, durante sus campañas en busca del respaldo ciudadano en las urnas.
Comprometen su palabra para iniciar acciones judiciales en contra de sus antecesores, los que en muchos de los casos son señalados por desvíos de recursos o abusos de poder, pero al momento de la realidad poco es lo que pueden hacer.
Vemos una y otra vez que los ciudadanos se dejan endulzar el oído cuando un candidato les habla de las acciones que emprenderán contra el gobernante en turno, aunque al paso de los días, semanas y meses, esas palabras se las llevó el viento.
Las causas no son imputables a los nuevos gobernantes, sino que los anteriores hicieron bien las cosas para ocultar sus desvíos y trapacerías, por lo que poco es lo que se les puede probar, con todo y los escándalos mediáticos que los rodean.
Apenas el martes pasado, Javier Corral Jurado asumió como gobernador de Chihuahua y refrendó su compromiso de revisar las cuentas de la administración anterior, aunque ya no fue tan enfático de afirmar que meterá a la cárcel a César Duarte Jáquez.
Corral Jurado tiene ahora los instrumentos necesarios para analizar si hubo o no desvío de recursos, abusos o cualquier otro tipo de irregularidad en la gestión de Duarte Jáquez.
En el caso particular de Chihuahua existe un encono personal entre el gobernador entrante y el saliente que rebasa todo tipo de cuestiones políticas.
Duarte Jáquez vino a la ahora CDMX para señalar algo que se conocía en Chihuahua, pero que no era tan público y es la relación que tuvieron dos hermanos del hoy gobernador con la delincuencia organizada, por lo que sufrieron prisión.
Eso aumentó el ya añejo rencor de uno contra el otro, el que fue avivado durante la campaña electoral, donde resultó un tanto sorpresivo el triunfo del panista Javier Corral Jurado, cuando las encuestas y sondeos apuntaban a la victoria del abanderado priista.
Ahora no queda más que esperar para saber si en realidad la palabra de Javier Corral se cumple y César Duarte Jáquez terina con su humanidad en la cárcel.
Antes de él, los entonces candidatos a los gobiernos de Nuevo León y Sonora, Jaime Rodríguez Calderón y Claudia Pavlovich Arellano, construyeron su discurso de campaña alrededor de la promesa de meter a la cárcel a los entonces gobernadores Rodrigo Medina de la Cruz, Nuevo León y Guillermo Padrés Elías de Sonora.
Un año después no lo han logrado, con todo y que Medina de la Cruz ha sido acusado de una montaña de delitos y Padrés Elías se encuentra prófugo.
Los dos (Rodríguez Calderón y Pavlovich Arellano) alcanzaron la victoria apuntalados por ese discurso bravío de atacar la corrupción de sus predecesores, lo que han intentado sin éxito.
Claro que la priista avanza más que el independiente, ya que ella si fincó responsabilidades y consiguió una orden de detención en contra del panista. Por el contrario en Nuevo León, los abogados de Medina de la Cruz han conseguido destruir cada una de las acusaciones que había en su contra.
Y aunque falta todavía que otros nuevos gobernadores que ofrecieron como parte de sus discursos el actuar en contra de sus antecesores, existen también otros rubros en los que parece no suceder nada.
Funcionarios de la SCT y senadores de la República en receso de fin de semana participaron en un ecocidio, que ha sido menospreciado, cuando el helicóptero en que viajaban descendió sobre un arrecife, causando daños al mismo.
Expuestos como se están en los tiempos actuales a las redes sociales fueron evidenciados en este hecho y, supuestamente, se encuentran dispuestos a recibir la sanción correspondiente, aunque de no existir el video demostrativo de lo sucedido, hubiesen callado y simplemente divertirse y reírse de su hazaña.
Tal vez el episodio sea considerado como insignificante ante la serie de delitos que se cometen en otros rubros o los propios abusos de los gobernantes que no se logran confirmar, aunque la evidencia de la acumulación de fortunas sea tan notoria, pero unos y otros deben pagar las consecuencias del o los ilícitos.
Hace unos días se dio a conocer la inhabilitación de decenas de servidores públicos por parte de la secretaría de la Función Pública, aunque se reservaron los nombres de los mismos.
Valdría la pena que una y otra vez se repitieran sus nombres, aunque se trata de funcionarios menores y no de aquellos peces gordos que iba a capturar el panista Francisco Barrio Terrazas, cuando se hizo cargo de la dicha dependencia.
EL PRIMER AGARRÓN
El primer choque frontal entre los nuevos funcionarios estatales de Quintana Roo surgió entre el secretario de Gobierno, Francisco López Mena y Miguel Ramón Martín Azueta, Jefe de la Oficina del gobernador Carlos Joaquín González.
La lucha se centra en los espacios de poder de uno y otro, ubicados como dos de los principales colaboradores del nuevo gobernador.
Martín Azueta es un personaje que estuvo siempre ligado al grupo de Félix González Canto, pero que dio el brinco en respaldo a la campaña de Carlos Joaquín, mientras que López Mena es uno de los panistas mejor apuntalados en el grupo gobernante.
Email: ramonzurita44@hotmail.com
