Más allá de las funciones administrativas y de representación que goza el ostentar la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo, corresponde el encabezar la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), para efectos de abonar a la transparencia en la ejecución de recursos; la responsabilidad sin embargo, fue desperdiciada por Morena cuando estuvo al frente.
Y es que durante 2019, la Junta de Gobierno a cargo de Ricardo Baptista, coordinador de la bancada de Morena en el Congreso Local, no aprovechó la responsabilidad conferida para solicitar de forma institucional mayor transparencia, pese a que era la única comisión que encabezaba y pese a que trimestralmente se le entrega un informe del gasto, a partir del cual puede solicitar la comparecencia de diversas autoridades para conocerlos desvíos que se dan sobre el mismo, recurriendo a esta facultad solamente después del informe de Gobierno, cuando es más la exposición mediática de los involucrados que un verdadero señalamiento para corregir el camino.
Actualmente la Comisión Inspectora recae en María Luisa Pérez, sin embargo, la misma sirvió de tapadera para el ejecutivo local en 2018, cuando también presidió dicha Comisión y la Junta de Gobierno, toda vez que no solicitó la comparecencia de ningún funcionario pese a las grandes diferencias entre los recursos presupuestados y los gastados, que terminaron por subejercerse y/o jinetearse en otros rubros como reveló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
“El análisis del IMCO detectó grandes variaciones entre lo presupuestado y lo gastado por las entidades en 2018. A pesar de que los congresos cuentan con la información, no frenaron esta mala práctica. Esto se debe a que los diputados locales:
1. No han regulado sus propias atribuciones para aprobar o negar las modificaciones al presupuesto realizadas por las secretarías de finanzas.
2. Hacen poco o nulo uso de su facultad de emitir opiniones sobre los informes trimestrales de gasto que las secretarías de finanzas les remiten.
3. No exigen la comparecencia de las autoridades que gastan más de lo aprobado.
En complicidad con los congresos locales, los gobiernos estatales no son austeros”, señaló el IMCO.