Postigo
José García Sánchez
La reforma educativa que disfrazó más de un recorte de personal en la nómina de los profesores de las escuelas públicas del país y sirvió para que el gris secretario de la dependencia tuviera reflectores en todos los medios, cae por su propio peso ante la trágica realidad en un país con funcionarios públicos miopes ante las cifras que arrojan las propias dependencias de gobierno.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informó que uno de cada 10 niños y adolescentes no asiste a la escuela. De ellos, 36.7 por ciento tiene entre 12 y 17 años de edad, lo que eleva su nivel de vulnerabilidad. En el país viven 33 millones 64 mil 767 menores de tres a 17 años, etapa propicia para acudir a recibir enseñanza básica.
Sin embargo, de los adolescentes de entre 15 y 17 años que no asisten a la escuela, sólo 56 por ciento completó su educación básica; 41 por ciento no concluyó sus estudios en ese nivel, y 2.8 por ciento nunca ha completado ningún año escolar.
Cifras difundidas en abril pasado, señalan que existen factores sociales, económicos y geográficos que influyen en el real ejercicio del derecho a la educación, sobre todo para la población que sufre pobreza y marginación, quienes presentan mayor riesgo de abandono escolar.
Los resultados de la Encuesta Intercensal 2015 revelan que 49.3 por ciento de los menores de 17 años que no asiste a la escuela corresponde a niños en edad de cursar prescolar, tres a cinco años, y otro 36 por ciento a la población de 12 a 17 años.
La Secretaría de Educación Pública señaló, en su Cuarto Informe de Labores, que en el ciclo escolar 2015-2016 atendió a 25.9 millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria, por lo que la enseñanza básica concentra a 71.2 por ciento de la matrícula del Sistema Educativo Nacional.
Si esto ocurre en medio de la imposición de una reforma educativa, quiere decir que no tienen noción de la realidad donde se aplica. Pero sobre eso, impulsan la enseñanza del inglés para nutrir de indocumentados con mano de obra barata, al vecino país, encontramos que debe retomarse desde cero todo lo realizado en este sexenio por la SEP, empezando por el intento frustrado de contar con un padrón de profesores que hasta el momento no existe y que intentó infructuosamente Emilio Chuayffet Chemor, quien ahora va a ocupar un cargo similar en el gabinete del también impuesto Alfredo del Mazo Maza.
En estados Unidos, país al que evidentemente sirve más de un funcionario público de la actual administración, sin ser la excepción la SEP, tiene al 80 por ciento de los jóvenes estudiante una carrera; en México sólo está en esa posición privilegiada, el 20 por ciento. Esto es un problema de al SEP que debió darle prioridad y no a la enseñanza de un idioma que nos hace más dependientes de una economía voraz y que ha terminado con los equilibrios sociales y económicos de México.
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación señala en su informe La Educación Obligatoria en México 2017, que poco más de 1.6 millones de niños de tres a cinco años; 700 mil de seis a 14, y 1.7 millones de adolescentes de 15 a 17 años están fuera de la escuela, ya que no tenían una asistencia regular a los centros escolares.
No es posible que pueda hablarse de una reforma educativa, con inglés incluido, mientras haya estas cifras en relación a la educación. La reforma educativa que fue una purga contra profesores rebeldes ahora también se convierte en un fraude que merece ser castigada porque permitir estos datos acusa indiferencia e irresponsabilidad, por decir lo menos.
