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Aquí y en todas partes, los pillos de “cuello blanco” pueden atestiguar que ser criminal deja dividendos. Los “casabolseros” ascendidos a banqueros durante el salinismo cometieron decenas de fechorías en perjuicio de sus cuentahabientes e, incluso, del sistema financiero nacional y he aquí que siguen tan campantes, disfrutando de sus dineros mal habidos. Igual los que en el 2008 quebraron a Wall Street y, prácticamente, a todo el sistema financiero mundial.
Paga el crimen a los ricos, y ahora también a quienes no lo son.
Quebrantar la ley en Michoacán tiene sus recompensas, por ejemplo, merced a la “generosidad” que también podría ser vista como complicidad de las autoridades federales. Armarse como autodefensa con rifles de asalto, metralletas y todo tipo de pertrechos que son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas ha tenido como colofón el que estos violadores de la ley sean asimilados a la institucionalidad, a cambio de tan sólo registrar sus arsenales, recibir un curso de capacitación y, además, recibir un sueldo por ello.
Es la institucionalización del crimen, en todo caso.
Y se da merced a la debilidad que en todos los órdenes muestran los gobiernos instituidos, ya sean el federal, el estatal y los municipales. Si no pueden en contra de estos grupos paramilitares, los suman, los subcontratan para que lleven a cabo tareas que sólo competen al Estado. A nadie más.
Ya “institucionalizado” el delito de portación ilegal de armas, de formación de gavillas –así sea para combatir a otros delincuentes–, cualquiera podría armarse, demandar que se registre el arma de origen desconocido, y cobrar salarios por ello.
¿Es acaso esta una invitación para que todos en el país nos armemos? ¿Para que cada quién defienda su hogar, la calle y la colonia donde vive?
Delinquir, pues, tiene sus recompensas.
IMITACIÓN EN LA CAPITAL
Han crecido tanto en número, fuerza y poder quienes van en contra de la ley que los gobiernos se rinden ante ellos.
Sucede ahora en la capital nacional, cuyo mando político recae en Miguel Ángel Mancera Espinosa.
Incapaz de poner orden al interior del Sistema de Transporte Colectivo, donde los llamados “vagoneros” –vendedores ambulantes– se convirtieron en una verdadera plaga y azote de los usuarios, ha decidido pagarles un salario para que abandonen andenes y coches del Metro.
Antes que un arresto por infringir las normas, un premio pecuniario que, por supuesto, saldrá del bolsillo de los contribuyentes a la Tesorería del Distrito Federal.
El anuncio fue hecho hace un par de días por el secretario de Gobierno (sic) Héctor Serrano Cortés, tras acordarlo con 18 de las 21 organizaciones que agrupan a entre 2 mil 500 y 3 mil vendedores ambulantes. Un salario, a cambio de que dejen de infringir la ley y de perturbar el de suyo caótico desplazamiento de los usuarios de ese medio de transporte.
¿Qué sigue ahora? Para desalojar la vía pública de millares y millares de “puesteros” ¿los paga-impuestos también vamos a otorgarles un sueldo, merced a la generosidad –léase: debilidad– de las autoridades constituidas?
¿Quién dijo que “el crimen no paga”?
En México sí reditúa. En México hay que infringir la ley y esperar pacientes a que las “autoridades” –sin autoridad– nos convenzan o nos pidan por favor que entremos al orden, a cambio de recibir una recompensa económica… con dinero de los contribuyentes, repito.
Ya empezaron con las “autodefensas” y con los “vagoneros”.
¿Quiénes siguen?
¿Los “narcos”? ¿Los secuestradores? ¿Los asaltantes?
Debilidad institucional. No hay de otra.
Índice Flamígero: Vendedores que ofertan su mercancía en los vagones del Metro iniciaron el domingo su venta apelando a los sentimientos de los usuarios e informaron que “mañana (lunes) ya no nos permitirán vender y el miércoles estaremos robando: a eso nos orillan las autoridades…”. Ese fue el mensaje que ofrecieron en las Líneas 1, 2 y 3. ¿Luego cobrarán salarios por dejar de robar porque los gobernantes no pueden con ellos?
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