Espías soplones, hoy testigos protegidos

Al iniciarse como Procurador General de la República el abogado Jesús Murillo Karam, en diciembre de 2012, se manifestó por la desaparición del arraigo de presuntos responsables de delitos y de los llamados testigos protegidos. Esas dos “herramientas” sustentaron acusaciones policíacas, integración de expedientes en el Ministerio Público y consignaciones ante jueces penales, pero en la mayoría de los casos los acusados recobraron su libertad con una sentencia absolutoria, es decir la autoridad hizo el ridículo y los acusados sufrieron un daño moral.
Sin embargo parece que se vuelve a esos pasos, muy marcados en la actuación de la procuradora Marisela Morales Ibáñez, hoy convertida en “diplomática protegida”. Además del político michoacano Jesús Reyna García, quien está clasificado como delincuente de alta peligrosidad, otro que está arraigado es el presunto defraudador Amado Omar Yáñez Osuna, director de la empresa Oceanografía. El exgobernador interino está bajo proceso penal y es huésped en Almoloya de Juárez, mientras que Yáñez goza su arraigo en una residencia de Acapulco.
De acuerdo con quienes insisten en hacerme notar que los tiempos cambian y que debo “modernizarme”, pero ello no impide recordar que hace muchos años en el ambiente policíaco a los informadores en las investigaciones de crímenes, de robos, de fraudes, se les conocía con un corto calificativo: “soplones”. El “soplón” era un individuo de baja estofa, se le localizaba en los barrios o en los antros (éste término ahora tiene otra interpretación). Ese sujeto conocía a los delincuentes y proporcionaba “santo y seña”. Su retribución consistía en tener cierta protección de los agentes policíacos, particularmente del Servicio Secreto, para no ser víctima de venganza en caso de ser descubierto.
Otra corporación que tenía servidores extras, era la Dirección Federal de Seguridad que comenzó en 1947 en el régimen alemanista y desapareció en 1985 para, posteriormente, dar paso al Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, el CISEN. La misión principal de la DFS fue recabar información de lo que ocurría al interior de los grupos políticos, en los sindicatos obreros, en el medio rural, en el sector privado, en torno a los más connotados políticos, en el medio intelectual y hasta en el ambiente universitario. Por eso el Presidente de México era el hombre mejor informado en el país. Los agentes civiles y militares tenían a sus “espías”, sus informadores, parecidos a los “agentes encubiertos” que sirven a la DEA, a la CIA o a la FBI, desde cualquier parte de la hermosa República Mexicana.
México siempre ha sido y seguirá siéndolo, un país privilegiado en todo. Aquí hay personas para la tarea que se requiera y es fácil encontrarla en el sitio donde menos podamos imaginarlo. Por ello fue muy fácil para Genaro García Luna --el único que dominó a Felipe de Jesús Calderón Hinojosa-- detectar a sujetos sin escrúpulos, con antecedentes penales, escasos de recursos económicos, que se prestaron para ser “testigos protegidos” y vaciar lodo sobre quienes el secretario de Seguridad Pública Federal lo deseaba; la misma “técnica” se empleó en la Procuraduría General de la República, obviamente con el absoluto respaldo del Presidente de México, el segundo panista de “la alternancia”.
Tanto el arraigo como “los testigos protegidos” son figuras antijurídicas aplicadas por un ingeniero civil (García Luna) y una licenciada en Derecho (Marisela, que trabaja como cónsul mexicana en Milán), pero, el pero que nunca falta, espero que el abogado hidalguense Murillo Karam destierre esas malas costumbres y que todas las averiguaciones previas, que todas las actuaciones de sus agentes del Ministerio Público, queden sólidamente integradas sin resquicios jurídicos ni con supuestos cargos, como aconteció con el deplorable caso de los militares de alta graduación que fueron procesados sin fundamento jurídico o el asunto conocido como “el michoacanazo”.
PREGUNTA PARA MEDITAR:
¿Los jueces penales del fuero federal, así como los del fuero común, pondrán mayor y mejor atención en su trabajo para no seguir sentenciando a quienes son acusados por “testigos protegidos”?