Una drástica política encaminada a impedir que emigrantes ilegales que se encuentran en Estados Unidos se constituyan en una carga fiscal y pública para esa Nación, adoptó el gobierno del presidente Donald Trump.
Una de las acciones es la de impedir que dichas personas puedan obtener en cualquier momento una visa de trabajo o su residencia permanente (conocida como greencard) y menos la ciudadanía estadounidense.
La administración Trump manifestó que dichos ilegales tampoco tendrán derecho, ni recibirán el subsidio para personas de bajos recursos conocido como Medicare Part D y que es catalogado como un beneficio público.
Otros beneficios públicos le serán negados a los ilegales como por ejemplo las ayudas económicas que reciben los niños de familias de escasos recursos y que se otorgan hasta que estos cumplan los 21 años.
Igualmente les será negada la ayuda para emergencias médicas, o para los programas que ofrecen almuerzo escolar, adopciones u hogares temporales, préstamos estudiantiles e hipotecas, albergues para desamparados y ayuda para desastres.
Estas medidas hacen parte de la regla final adoptada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), que entrará en efecto el 15 de octubre, para reducir drásticamente la cantidad de inmigrantes legales a los que se les permite ingresar y permanecer en los EE.UU al facilitar el rechazo de las solicitudes de visas y tarjetas verdes.
La regla final define claramente la ley establecida desde hace mucho tiempo, para garantizar que los extranjeros que buscan ingresar y permanecer en Estados Unidos, ya sea temporal o permanentemente, sean autosuficientes y dependan de sus propias capacidades y los recursos de familiares, patrocinadores y organizaciones privadas, en lugar de depender de beneficios públicos.
Esta regla final modifica los reglamentos de DHS al indicar que institución será la que determine si un extranjero es inadmisible, decisión que estará basada en la probabilidad de convertirse en el futuro en una carga pública.
La regla final también aborda la autoridad que tiene el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) para permitir que un extranjero pague una fianza por concepto de carga pública en el contexto de las solicitudes de ajustes de estatus. La regla también hace que los extranjeros no inmigrantes que recibieron algunos beneficios públicos por encima de un límite específico sean generalmente inelegibles para extender su estadía o de cambiar de estatus.
