La Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuatro acciones de inconstitucionalidad respecto de las leyes de esta institución; sobre el Uso de la Fuerza; del Registro de Detenciones, y del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Agregó que a la par se busca contribuir a que el marco jurídico que debe regir la actuación de la Guardia Nacional sea compatible con lo que establece la constitución en materia de derechos humanos. La CNDH consideró que las leyes impugnadas no regulan la totalidad de los elementos mínimos e indispensables que el texto constitucional estableció para el contenido de dichos ordenamientos, componentes básicos para el adecuado funcionamiento de la institución policial. Por ello, expuso, el Congreso de la Unión incurrió en diversas omisiones legislativas, respecto de las cuales la SCJN debe pronunciarse.
Entre las observaciones que hizo la Comisión destacan: para la prevención tanto de delitos, como de infracciones administrativas, la facultad para detener a los particulares, solicitarles información, intervenir sus comunicaciones privadas y localizar su posición geográfica en tiempo real, sin que exista denuncia alguna, lo cual afecta la privacidad e intimidad de las personas sin fundamento legal para ello.
También expresó su preocupación por la reserva absoluta, previa, permanente e indeterminada que toda la información, en virtud de que con ello se establece una restricción de acceso a la información, independientemente de su contenido o naturaleza.