*Solicitan medidas de protección de seguridad a favor de la comunicadora
Toluca, Méx, .- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), a través de la Visitaduría General de Tlalnepantla, inició el expediente de queja TLAL/565/2016 para investigar la denuncia sobre lesiones, malos tratos y abuso de autoridad que sufrió la reportera Iris Velázquez, del periódico Reforma, por parte de servidores públicos al cubrir una diligencia sobre inspección ministerial, realizada por autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) en un predio de la calle Loma Larga en el municipio de Atizapán.
La Defensoría de Habitantes solicitó los informes de ley a las autoridades señaladas como responsables, a fin de determinar si existieron violaciones a los derechos humanos de la comunicadora.
Por su parte, la reportera afectada ratificó ayer, ante el visitador de la Codhem, la denuncia que también presentó en la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por servidores públicos ante la PGJEM, y se le aseguró que se procederá a la investigación, para preservar los derechos reconocidos por la Ley Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas así como del Código Nacional de Procedimientos Penales, para deslindar las responsabilidades penales y administrativas, con la finalidad de que este hecho no quede impune.
Asimismo la Codhem radicó tres quejas relacionadas con los hechos de Loma Larga y una ficha con motivo del agravió cometido en contra de la reportera Iris Velázquez, por actos que pudieran violar el libre ejercicio de su labor periodística.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Baruch Delgado Carbajal condenó la agresión y se pronunció en contra de cualquier acto que impida, limite o restrinja el libre ejercicio de las libertades de expresión y manifestación, por ser básicos en cualquier estado de derecho.
Afirmó que se dará curso a las investigaciones y se procederá conforme a la legislación vigente, además de pedir a las autoridades competentes, brindar atención inmediata e integral a la víctima y adoptar, por parte de la PGJEM, las medidas de protección que se estimen pertinentes para resguardar la seguridad emocional, física y psicológica de la víctima.
