Al Día
Marcial Campuzano
A regañadientes por el descrédito y falta de credibilidad de la ciudadanía hacia las instituciones, el gobierno federal detuvo, consignó y encarceló la semana pasada el ex gobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés, a quien la Procuraduría General de la República acusa de lavado de dinero y delincuencia organizada, y por presuntos actos de corrupción cometidos en su periodo de gobierno.
La actuación tibia y con todas las ventajas y facilidades que no se ven de la justicia en cualquier hijo de vecino que se dieron para capturar al ex mandatario sonorense, puso nerviosos a otros ex gobernadores mexicanos que enfrentan revisiones contables ante la Auditoría Superior de la Federación, para determinar si administraron y aplicaron con honestidad el dinero del pueblo que les llega como presupuesto.
El ex gobernador de Sonora fue detenido gozando de todas las facilidades que un padre de familia da a un hijo regañado por mal comportamiento, porque antes de su detención el gobierno le permitió acudir a una entrevista a una radiodifusora del grupo ’Radio Fórmula’, y le permitieron ir en su propio vehículo hasta el juzgado que lo reclama, claro está, escoltado por policías federales para evitar su escape.
Todas estas facilidades no las tiene ningún mexicano que es perseguido por la justicia, quienes son detenidos así esté en el baño de su casa, enfermo o donde se encuentre, pero en México el poder es el poder y los políticos saben para lo que sirve.
Otro ex gobernador que sigue evadiendo la justicia es Javier Duarte de Veracruz, a quien el sistema de procuración de justicia de México prácticamente permitió su huida, a pesar de los graves señalamientos que tiene en su contra de presuntos actos de corrupción cometidos durante su gobierno.
Para muchos mexicanos era un secreto a voces que el ex gobernador veracruzano estaba involucrado en presuntos graves desfalcos en agravio del erario público, pero al gobierno mexicano le pasó como al marido engañado que es el último en enterarse de la traición, y armó su separación del cargo por la vía de la licencia para inmediatamente desaparecer.
Acá en Guerrero mucho se dijo que cuando el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca, presuntamente involucrado en la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, se iba a separar del cargo por la vía de la licencia, el gobierno federal le habría advertido al ex gobernador Angel Aguirre que le pusiera doble vigilancia para evitar su huida, y en el caso de Javier Duarte la Federación no aplicó esa estrategia convirtiéndose en candil de la calle y oscuridad en su casa, pero el poder es el poder y los políticos saben cómo usarlo.
También acá en Guerrero, la semana pasada el Congreso del estado declaró improcedente la denuncia de juicio político que el cabildo del municipio de Mártir de Cuilapan presentó en contra de la alcaldesa Felícitas Muñiz Gómez, a quien acusan de haber dado por realizadas obras ’fantasmas’, y de supuestas alteraciones en los costos de obra pública.
También la acusan de nepotismo, de tener un gobierno autoritario que no toma en cuenta al cabildo en las decisiones importantes, y de que no hay claridad en el manejo del presupuesto.
Porque el poder es el poder y los políticos saben cómo usarlo, la demanda de juicio político no prosperó y fue declarada como un asunto concluido y archivado con la oposición del PRD, al considerar la mayoría priísta de la 61 Legislatura que la denuncia de juicio político fue motivo de negociación entre el PRI y el Partido Movimiento Ciudadano, éste último al que pertenece la alcaldesa impugnada.
