LECTURA POLÍTICA

El conflicto público se diversificó. Adquirió matices, actores e intereses diversos. Cada más intrincados y oscuros. Trastocó promesas de campaña que al final, se extraviaron en la indolencia, en la apatía y en la inmovilidad. Lesionó a fondo, confianzas y credibilidades en las autoridades. De ahí que, al arribar a su Primer Informe de Gobierno, el mandatario estatal tricolor, Héctor Astudillo Flores, ha demostrado progresivamente que nunca estuvo preparado para enfrentarlo. Y ha hecho muy poco o casi nada, para contenerlo. La deprimente realidad es demasiada terca como para negarla, asumiendo posturas autocomplacientes. Cargadas de un falso optimismo y sustentadas en cifras, eventos y números ficticios. El pulso lo dice todo.

COMUNITARIOS: CONFLICTO INAGOTABLE.- A tan solo ocho meses de arribar como gobernador, Ángel Aguirre Rivero, enfrentó su primer acto desgastante: la muerte de dos normalistas de Ayotzinapa en la Autopista del Sol, el 12 de diciembre de 2011. Policías federales y ministeriales dispararon contra ellos. Héctor Astudillo Flores, logró arribar a su primer año. Y enfrenta también su primer evento notoriamente erosionante: la muerte de ocho personas, perteneciente a las policías comunitarias de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG). De ahí se lee lo demás: 1.- En un año de gobierno, Astudillo no pudo con el asunto de la violencia y la inseguridad que se multiplicaron grotesca y siniestramente por toda la entidad. Pero tampoco logró empujar una iniciativa ante el Congreso local a fin de regular la actuación de las llamadas policías comunitarias o ciudadanas. El único antecedente que existe al respecto, es la reforma a la Ley de Seguridad Pública que permitió la creación de la Policía Rural, el 28 de noviembre de 2013. En el periodo justamente, del ex gobernador Aguirre. Y votada a favor por Héctor Astudillo, en su calidad en ese entonces, de diputado local priísta de la 60 legislatura. Hoy como gobernante, la ignoró por completo. Y por eso era previsible que las cosas se le salieran de control. 2.- El gobernador cometió visiblemente, un error de estrategia política: al artero asesinato de un comandante del Fusdeg –Julio Alarcón Astudillo-, ocurrido en el mercado San Francisco de Chilpancingo, el pasado domingo 16 de octubre, respondió fijando una postura contraria a dicha policía comunitaria: ’el Fusdeg pasó de brindar seguridad, a generar la inseguridad en el corredor que va de Petaquillas a Xaltianguis’. Los integrantes de esa organización lo debieron leer como la certeza de que no estaban en el ánimo del mandatario estatal. Sobre todo, porque se sumaron dos situaciones negativas concretas: la Fiscalía General del Estado (FGE) de Xavier Olea Peláez, no ha dado con el paradero de dos miembros del Fusdeg desaparecidos desde el viernes 7 de octubre. Ni resuelto el homicidio del comandante ejecutado en el mercado. En respuesta, los del Fusdeg acusaron al gobernador de ’proteger a integrantes del narcotráfico para que asuman el control del Valle del Ocotito’. Y emboscaron a los integrantes de la UPOEG –a quien señalaron de estar aliada con el gobernador Astudillo para desplazarlos-, la mañana de ayer lunes, con saldo de ocho muertos. 3.- En todo este embrollo, la FGE no se ha involucrado. Ni realizado investigación alguna. Porque tal parece que, ante la imposibilidad de que fuerzas policiacas estatales o federales intervengan en ese conflicto, el gobernador permitió deliberadamente que creciera, hasta llegar a dónde llegó: el enfrentamiento armado entre ambas policías comunitarias. Y con ello, tener la coartada que busca para operar su desarticulación, al exhibirlos como los malos de la película. Pero al igual que Aguirre en 2011, el conflicto entre UPOEG y FUSDEG no deja de ser un factor de desgaste político para su gobierno.

HOJEADAS DE PÁGINAS…Al que también tocó de rebote esta crisis, fue al edil priísta de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena. Porque si no pudo negociar con los alcaldes perredistas de Tixtla y Zumpango, para depositar la basura de la capital en el relleno sanitario de Metlalapa; menos lo hizo con los líderes del FUSDEG para desactivar el conflicto generado con la UPOEG. Y quiérase o no, es corresponsable de esos hechos sangrientos.