CIUDAD DE MÉXICO, (Al Momento Noticias).- La información relacionada con los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas y el 10 de junio de 1971 en las inmediaciones del Casco de Santo Tomás se le debe aplicar el principio de máxima publicidad, o acreditar su inexistencia, resolvió el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
Al parecer la actual administración de la Procuraduría General de la República (PGR) ha puesto obstáculos para que la información generada por la extinta Fiscalía Especial para Movimiento Sociales y Políticos del Pasado se conozca y analice a detalle.
Mediante un comunicado, el IFAI señaló que en 2013 se resolvió un recurso de revisión sobre expedientes generados por la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado; en dicho caso, la PGR declaró inexistente la información solicitada, respuesta que fue revocada por el Pleno del Instituto, instruyendo al sujeto obligado a realizar una búsqueda exhaustiva de la información.
Los documentos fueron desclasificados en 2011, debiendo ser conservados por la PGR hasta 2016 (antes de pasar al Archivo General de la Nación), como evidencia el índice de expedientes desclasificados de la PGR”, indicó el IFAI.
Sin embargo, recientemente se presentó ante el IFAI un nuevo recurso de revisión contra la PGR, en el cual el particular se inconformó con la respuesta del sujeto obligado ante la solicitud de acceso a expedientes relacionados con los hechos del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas y el 10 de junio de 1971 en las inmediaciones del Casco de Santo Tomás.
Asimismo, en su análisis, el Comisionado ponente, Joel Salas Suárez, señaló que existen omisiones al cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ya que la PGR no hizo una búsqueda exhaustiva de la información requerida.
Por un lado, en 2013 declaró inexistente la información solicitada por un particular, pero la respuesta fue revocada pues los documentos, desclasificados en 2011, debieron ser conservados por la PGR hasta 2016. A partir de esa fecha podrán ser consultados en el Archivo General de la Nación.
Y por otro, la PGR entregó a un particular más de 19 mil fojas con documentos de la antigua fiscalía cuya reproducción en copia simple le hubiera ocasionado un costo mayor a los 9 mil pesos sin tener certeza de encontrar en ellas la información solicitada.
Ante estos escenarios el comisionado Joel Salas Suárez señaló que “existen omisiones al cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública” pues la PGR no realizó una búsqueda exhaustiva en todas sus unidades administrativas.
“La información relacionada con presuntas violaciones a los derechos humanos no solo debería ser pública, sino que las instituciones depositarias de dicha información tendrían que tratarla de forma especial y aplicarle el principio de máxima publicidad, permitiendo su consulta, análisis y estudio de forma oportuna, permanente y expedita”, comentó el funcionario.
De acuerdo con la dependencia esta información debe estar siempre presente “no sólo como dato histórico” sino también como ”recordatorio permanente” de que los derechos fundamentales y la democracia ha sido un sendero difícil de recorrer y sobre el cual debe existir memoria.
