El presidente Enrique Peña Nieto anuncia una cruzada contra la corrupción. De hecho, el combate frontal contra este flagelo que significa, según datos añejos, casi el 50 por ciento del presupuesto nacional.
Surge el clamor, discuten si los mexicanos somos corruptos por naturaleza, si es la pobreza la que nos hace así, o sencillamente si es la falta de medios para impedir y castigar ese delito el que lo propicia.
¡Ah, los sabios analistas políticos! Brinca la interpretación histórica que, por cierto, me place y complace. Con los antiguos mexicanos la estructura social ponía a cada quien en el sitio donde desarrollaría las habilidades para las que había llegado al mundo.
Así, el sacerdote pertenecía a una casta que ningún pelagatos o miembro de la prole podía aspirar. Los nobles también formaban clase aparte, tal cual los guerreros y los comerciantes.
Aspiraciones había, cierto, pero dentro de los puntos de referencia, así podían ser los mejores artesanos, los más habilidosos malabaristas o los mejores cultivadores de los frutos del campo en su medio.
Pero llegaron mis amigos los gachupas y allí se desordenó todo.
Los infelices que nacían en tierras de las Indias Occidentales debían pasar un calvario para que en la metrópolis, España, les reconocieran ciertos derechos.
Los virreyes, cual acontece con algunos gobernadores, tenían permiso para hacer y deshacer. De ellos dependía el reconocimiento de los nacidos en la actual América. Los que estaban desesperados porque les declararan peninsulares, hacían de todo para obtener el documento necesario.
Así nació la corrupción en México, cuando todos querían saltar de grado o de condición social y repartían oro a manos llenas, especialmente a los virreyes, símbolo de la perversión y ladronería de los conquistadores.
Volvamos a nuestra actualidad. Los delitos que afectan al patrimonio de los mexicanos nunca son castigados. Y digo nunca porque haber metido a la cárcel, por ejemplo, a Jorge Díaz Serrano sin prueba evidente de que él fue el beneficiario de lo que se le acusó, es sencillamente tapar a los verdaderos ladrones. En el mismo Pemex, hace muchos años, hubo un trío de bandidos, ingenieros los tres, uno de ellos de apellido De León, que se levantaron con la misa y las limosnas.
Tras largos años de litigios legales amparados por la protección de Brasil país con el que no había tratados de extradición, regresaron a México, tan campantes, a disfrutar el producto de su rapiña. Lo menciono por contraste, desde luego.
Y sigue la mata dando en Pemex. En el caso Oceanografía donde se menciona a los hijos de destacada dama que pretendió suceder en la presidencia a su marido, las autoridades decidieron poner distancia, dicen que “para preservar el empleo de diez mil trabajadores”; o el de Grupo México y su mina contaminadora para la que el gobierno de Sonora canalizó cien millones de pesos; tampoco hay castigo porque se trata de “preservar los empleos de siete mil 500 trabajadores”.
Sobre Mexicana de Aviación, y perdón por la terquedad, se decidió perdonar al pillo que arrambló con diez mil millones de pesos porque sus negocios los endosó a inversionistas extranjeros, y así, jódanse ocho mil 500 trabajadores sin indemnización ni recuperación siquiera de sus ahorros.
La cereza del pastel: recordemos al optimista consejero del IFAI, Ángel Trinidad, el único que por no hablar inglés se salvó de los múltiples viajes a los mares del sur, a países exóticos y se dedicó a trabajar. Así, ordenó abrir la información sobre 74 mil millones de pesos de créditos fiscales.
Son mil millones menos que los destinados al juguetito sexenal, el programa Prospera; nunca se pudo informar sobre los beneficiados con esos créditos, toneladas de dinero regresado a los empresarios, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos pensó que dar a conocer los nombres de los pillos favorecidos, los sometería al escarnio público vulnerando sus derechos humanos.
Así esperan que la cruzada contra la corrupción prospere; como buen mexicano nacido en México, sólo rezo el mantra sagrado: no me den, pónganme donde hay…
