Planteado desde la campaña electoral de 2012, y asumido como uno de los grandes pendientes luego de ganar los comicios y al inicio de su gobierno, el tema de la corrupción, y de la adopción de nuevas normas e instituciones que hagan posible su combate, parece ahora el tema a encarar y resolver por el Presidente de la República, si es que de veras México ha de transformarse a la altura de los retos que el mundo nos impone en este siglo.

Y no es que la tarea le competa sólo a él o a los hombres y mujeres que integran su administración. Se trata de un asunto, como pocos tal vez, con el que tenemos que lidiar todos.

Desde que Miguel de la Madrid en su campaña presidencial ubicó el rubro como una urgencia nacional y convocó a lo que llamó una renovación moral, han pasado más de treinta años, el tiempo sobrado de una generación completa, y a los ojos del ciudadano común, estamos casi en las mismas.

Es cierto que hoy tenemos una contraloría federal y leyes que obligan a concursar adquisiciones y obras, y hasta las plazas de quienes laboran en los puestos de mando intermedio en la burocracia. Pero proveedores y contratistas aseguran que la tradición de dar mordida no se ha erradicado. Y en el Poder Judicial y en el Legislativo, las cosas son aún menos claras. En los juzgados persiste la obligación de gratificar hasta la obtención de unas fotocopias o la consulta ágil de un expediente. A su vez, en el presupuesto parlamentario subsisten millonarias partidas que se entregan a los grupos partidistas, sin requerir comprobación, y que se distribuyen según los particulares criterios de sus líderes.
Eso, en el ámbito federal. En los estados y municipios, el rezago en la materia es todavía peor. Ya hasta tenemos un alcalde que se reeligió después de confesar que en su anterior administración robó, “pero poquito”.

No en balde el presidente Peña Nieto se refirió al asunto como un problema cultural. Lo es sin duda. No sólo no se reduce, sino hasta parece crecer en el tiempo porque hay una gran permisividad en la idiosincrasia mexicana para con sus políticos y representantes, e incluso en la actividad privada.

Tendrá visos de solución cuando la mentalidad de los ciudadanos evolucione a una tolerancia cero, y exijamos, no sólo a los gobernantes, sino a jueces, policías, legisladores y a todos quienes tengan que ver con la vida pública y los servicios que demandamos, una actuación honesta y transparente. Sólo entonces.