El alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, se deslindó de los hechos ocurridos el pasado fin de semana cuando la policía municipal disparó contra estudiantes, mató a 6, dejó heridos a 17 y 58 más están desaparecidos.
Al respecto, el Presidente Enrique Peña Nieto dijo en Coacalco: "Espero que la autoridad del estado de Guerrero asuma su propia responsabilidad, y si así lo solicitan el Gobierno Federal pueda brindarle apoyo y respaldo a reforzar las instituciones o esta área donde de ser el caso ha habido un debilitamiento institucional, pero actuaremos a partir de las propias actuaciones que tenga el gobierno del estado, la propia responsabilidad que debe asumir ante este tema y a través de la Secretaría de Gobernación mantendremos el conducto, precisamente para prestar el auxilio y apoyo que sea necesario".
El gobernador Ángel Aguierre a su vez identificó como policías municipales a los responsables de la muerte de los normalistas de Ayotzinapa y atribuyó el ataque al equipo de futbol que viajaba en un autobús a un comando armado con pasamontañas, en tanto que la ejecución del dirigente panista Braulio Zaragoza no se ha esclarecido.
Es obvio que, si no hay control sobre las policías y si los grupos armados recorren impunemente los caminos del sur, es porque no hay Gobierno; no hay autoridad que garantice la tranquilidad para los habitantes y la infinidad de paseantes que visitan la entidad, pero sobre todo, no hay ningún control sobre las fuerzas políticas y económicas que se disputan territorio guerrerense.
Aun cuando se informó que ya fueron localizados 14 estudiantes que se encontraban en las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa y en sus domicilios, quedan 44 desaparecidos, y aun cuando se tratara de una sola persona, es inadmisible que eso ocurra en una entidad donde debe prevalecer el derecho y dándose garantías plenas para el ejercicio constitucional de la libertad de expresión.
Sin duda que la ingobernabilidad hace presa hoy de Guerrero, pues aún cuando el alcalde Abarca Velázquez sea destituido y aparezcan unos cuantos normalistas, la descomposición política en Guerrero no es propia para dar la imagen de gobernabilidad y de garantías a los habitantes, los visitantes, los inversionistas, y la imagen general del país, pues se da la impresión de que las autoridades buscan, en la violencia, una forma de amedrentar a la sociedad y de “resolver” los graves problemas de cada localidad.
Por lo demás, el asunto de los normalistas de Ayotzinapa no es nada nuevo; sus demandas han sido planteadas en infinidad de foros y han acudido a diversas instancias en busca de una salida adecuada a sus peticiones, pero una y otra vez han chocado con la represión, hasta llegar al número fatal de muertos, desaparecidos y heridos de lo que hace el recuento hoy el Ministerio Público.
Es tiempo ya de cambiar, la violencia debe ser superada para entrar en la vía civilizada del manejo de los conflictos sociales, pues de lo contrario, las marchas como las del 2 de octubre ya no serán sólo un recuerdo histórico, sino será un hecho cotidiano, actual, presente, de que la violencia sustituye al diálogo y al entendimiento, ante la incapacidad oficial como ocurre en Guerrero.
Están también latentes otros conflictos: las protestas en el IPN, el esclarecimiento de la muerte del dirigente panista guerrerense, el caso de Atlatlaya, el de los tarahumaras, y los que se acumulen en las próximas semanas.
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