El gobierno federal se multiplica. Apaga fuegos de norte a sur; despliega gendarmes, policías, estrategas, soldados y marinos. La tropa inagotable acude sin falta a tratar de extinguir los brotes de violencia.

La labor de rescate es interminable. Anteayer fue Michoacán; ayer, Tamaulipas y el Estado de México; hoy, Guerrero; mañana quién sabe…

Para estados y municipios en problemas, el rescate funciona en dos sentidos. Resuelve la urgencia, lo inmediato, y endilga a la administración de Enrique Peña Nieto la responsabilidad de la guerra contra el crimen ante la incapacidad de las autoridades locales.

El poder central se hace patente tan pronto es desplegado. Recursos, preparación y estrategia llevan eficacia cuando la tierra es arrebatada por las bandas delincuenciales. La presencia federal es luz en medio de la noche… con todo y abusos.

Pero lo que adentro es candil de solución, afuera genera oscuridad, escándalo, crítica y preocupación.

De un mes a la fecha, el mundo nos ve como el territorio salvaje que pretendíamos ocultar.

Primero la masacre de Tlatlaya avivada por los trabajos periodísiticos de la agencia Prensa Asociada y la revistaEsquire Latinoamérica. Ahora, la violencia en Iguala, con relatos de horror, sangre y desesperación.

Asómese a las páginas de The New York Times, Washington Post, Daily Mail, BBC Mundo, Le Monde o El País.

Para la prensa extranjera, lo ocurrido en Iguala es una vorágine de violencia y corrupción criminal… un complot de escándalo, una tragedia, otra crisis, y el caos; alarman escribiendo que somos un país acostumbrado a las matanzas en masa…

La desaparición de estudiantes, el hallazgo de las fosas clandestinas de Pueblo Viejo, la actuación criminal de policías igualtecos, sicarios de los sicarios, y la saña castrense en Tlatlaya, reavivan las denuncias lanzadas una y otra vez por organismos defensores de los derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rigths Watch, empeñadas en exigir cuentas sobre abusos de autoridad, tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

A la luz de la barbarie, la Organización de Estados Americanos y el gobierno de Washington exigen investigar a fondo para esclarecer los crímenes y garantizar castigo a los culpables.

La enorme presión extranjera para el gobierno mexicano no se da por generación espontanea.

Los abusos policiacos y los crímenes militares son los últimos eslabones de una larga cadena de impunidad, tan prolongada como la guerra contra las drogas. La ausencia de castigo ha dado margen para la violación a los derechos humanos y el uso abusivo de la fuerza letal, solapada por el peligro que representan las bandas criminales. Por esa impunidad, es imposible contar a los muertos y desaparecidos, 20 mil, 30 mil o 70 mil, los que sean; cualquier cifra negra muestra una realidad bestial a la que no deberíamos acostumbramos.

¿A los ojos del mundo, el destino nos alcanzó y la realidad nos rebasó?

Los grandes esfuerzos de relaciones públicas del gobierno federal para mostrar a un México pujante, moderno y en vías de progreso no se sostiene ante el golpe apabullante de la violencia cotidiana. Sacar al delito del discurso oficial, bajar el perfil a la guerra contra el crimen no resolvió el problema.

La sangre en el rostro nacional ha borrado el maquillaje.

BORREGAZO: ¡Justicia Ayotzinapa!, piden todos en México, hasta los vándalos encapuchados. Seremos transparentes, promete el canciller. ¿Si “seremos” es que no somos? A propósito, ¿ya estamos preparados para participar en misiones de paz de la ONU cuando el buen juez aún no empieza por su propia casa?

Twitter: @JoseCardenas1

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