Envueltos en un velo de presunta legitimidad y en los patrióticos colores de la transparencia, los señores legisladores apuran la copa para configurar el dizque Sistema Nacional Anticorrupción, que asumiría la tarea inconclusa y hasta ofensiva de la secretaría de la Función Pública, institución desde la cual, se ha impartido impunidad a propios y extraños cuyo eje común es el poder.

Se regodean en discusiones donde participan los panistas Salvador Vega Casillas, ex titular de esa dependencia en período de extinción y el líder de ese partido, Ricardo Anaya Cortés, aplaudidos por perredistas y priístas para dar el nuevo marco a una institución que empequeñece ante un fenómeno que se agiganta día con día: la corrupción.

Más aun, puntualizan y esgrimen cifras para hacer notar que la corrupción es un fenómeno social que corrompe las estructuras y cuesta mucho a los mexicanos.

Nos dicen que de acuerdo al Banco Mundial, la corrupción cuesta a los mexicanos nueve puntos del PIB, es decir, 1.5 billones de pesos, el doble de lo que en 2015 habrá de endeudarse el país en base a la Ley de Ingresos.

Pero no paran en mientes para decir que con ese dinero, podría cubrirse 45 veces el presupuesto de la UNAM, construir diez nuevos aeropuertos internacionales y en suma cubrir varios programas sociales, o simplemente no pedir prestado para cubrir el gasto público.

Olvidan empero, reconocer que ellos mismos, los del poder, son causantes por acción u omisión del cáncer de cual se quejan; porque de nada sirve cambiar de nombre, reducir su tamaño una institución, si los vicios continúan.

Sólo recordemos y ellos, los legisladores lo saben, que pese a los escándalos mediáticos y las denuncias, de 2 mil 500 asuntos de corrupción registrados en lo que queda de la Función Pública, sólo se castigaron cuatro casos y se imputaron a funcionarios menores, cuando bien sabemos que aquí, en México, los grandes negocios, los que valen la pena, se realizan con anuencia de los titulares de dependencias y que si hay cochupos, se necesitan dos partes y una de ellas es la autoridad.

Ahí están en la memoria periodística de los medios, los grandes latrocinios; están fundamentados por la Auditoría Superior de la Federación; se han denunciado, pero nada acontece. La secretaría de la Función Pública, es la tumba, el reservorio de corrupción institucional y no creemos que con el solo cambio de nombre cambien las cosas.

Son como las policías que se transforman de judiciales a ministeriales, siguen igual o peor de corruptas, aliadas o protectoras del crimen.

De qué sirve si es Fiscalía, Comisión o secretaría si no cumple con su misión, si no se tiene la decisión política de combatir a la inextinguible corrupción por parte de quienes construyen, maquilan o cambian leyes, los señores legisladores.

Ni siquiera se asoma un ápice de combatir el mal; desde origen, evitan dar dientes a la Auditoría Superior de la Federación que denuncia pero no castiga; luego, adecuan el marco legal para que los funcionarios públicos no estén obligados a rendir cuentas.

¿Y todavía se atreven a vociferar y echar pestes contra una corrupción que desde el mismo poder que ellos representan, protegen con el manto de la impunidad a grado de escándalo y cinismo?

No, si el problema no es la corrupción, es la impunidad que la protege; y no se olvide que ese salvoconducto para delinquir, sólo se puede ofrecer desde el mismo poder.