Con insensibilidad propia de un iguanodonte, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, expulsó de una reunión internacional dedicada a los niños a la madre de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, infante de 13 años asesinado durante una manifestación en San Bernardino Chalchihuapan, el 9 de julio.

A Elia Tamayo, la madre del niño que murió con la cabeza abierta por una bala supuestamente de goma que le dio en forma directa en el cráneo, se le impidió hablar durante el Sexto Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia.

Los delegados de Alemania, Colombia y Venezuela, en protesta, abandonaron la reunión acompañando a la señora cuando era expulsada por la seguridad del Centro Expositor y de Convenciones, hacia la salida. La incomodidad del gobierno de Moreno Valle fue la participación de su esposa y el hecho de que la denuncia de Tamayo podría quitarle los reflectores cuando diera su discurso.

Proporciones guardadas, gesto parecido al de la esposa del alcalde de Iguala, cuando rendía su informe como presidente del DIF municipal.

La Organización no Gubernamental Centro de Defensa de los Derechos Humanos y la Ciudadanía de Puebla y Tlaxcala, había advertido que el Congreso era “un ardid del gobierno de Moreno Valle” para limpiar su imagen tras la muerte de José Luis Alberto e hizo notar que es la misma estrategia usada por Mario Marín luego del encarcelamiento de Lydia Cacho, denunciante de una red de prostitución infantil en la que estaban el mandatario poblano, el de Quintana Roo, hoteleros de Cancún y un legislador que al hablar de los infantes traficados, los referían como “botellas de coñac”.

Los delegados al Congreso, entre ellos el alemán Manfred Liebe, se solidarizaron con Elia Tamayo, igual que los representantes de Colombia, Venezuela y posteriormente de otros países cuando se dieron cuenta del incidente. Abandonaron el Congreso y denunciaron que fueron acompañados por un fuerte dispositivo de seguridad como si se tratara de delincuentes peligrosos.

Se toparon a la salida con la esposa del gobernador, Martha Érika Alonso, presidente del DIF estatal, que les dirigió miradas de furia mal contenida mientras comprobaba que se llevaran al grupo lejos de la sede de la reunión internacional.

“Por supuesto que es loable que cualquier institución, gobierno u organismo particular abogue por los derechos de la niñez, pero nos parece que desde que la opinión pública supo que un niño había resultado herido durante un desalojo policiaco en San Bernardino Chalchihuapan y luego murió, el gobierno del estado ha montado una estrategia mediática para tratar de congraciar al gobernador con los medios, haciéndolo pasar como un hombre preocupado por los niños”, indicó María Pérez, vocera del centro.

El 9 de julio, gente del municipio de San Bernardino Chalchihuapan, a 12 kilómetros de la ciudad de Puebla, intentaron impedir el desalojo por la policía estatal cuando bloqueaban la carretera Puebla—Atlixco exigiendo la restitución del registro civil a las juntas auxiliares, entregado por Moreno Valle a los ayuntamientos y aprobada por el Congreso local.

Durante tres horas chocaron los habitantes de Chalchihuapan con los uniformados, dejando medio centenar de heridos, cinco de ellos graves, el más lesionado el joven Tehuatlie quien salía de la escuela secundaria acompañado por su madre. O sea, ni siquiera tenía vela en ese entierro.

El gobierno estatal declaró que la lesión fue por un cohetón lanzado por los manifestantes, pero posteriores averiguaciones responsabilizaron a la policía. La CNDH ordenó al gobernador disculparse públicamente e indemnizar a los heridos y sus familiares, lo que no sucederá, dice Moreno Valle.