La sociedad mexicana espera mañana anuncios importantes; un proyecto de transformaciones mediante decisiones trascendentes en materia de políticas públicas vinculadas al Estado de derecho, procuración de justicia, reestructuración de las policías municipales y un compromiso definitivo en combate a la corrupción y la impunidad… también autocrítica, como punto de partida, para señalar aquello que no ha funcionado.

Desde hace dos meses muy largos la crisis profunda tiene secuestrado al país. La sociedad demanda soluciones igualmente profundas; una ruta de salida ante el cúmulo de presiones agobiantes… y vergonzosas.

El anuncio presidencial llegará como consecuencia de una coyuntura complicada ante crecientes reclamos sociales de indignación y hartazgo por los pavorosos casos de Tlatlaya y Ayotzinapa… y, por supuesto, el ruidoso escándalo de la Casa Blanca de Las Lomas.

El problema es mayúsculo, no sólo del gobierno, los partidos o el Presidente; es una de las peores crisis mexicanas y en esa medida todos los empresarios, académicos, intelectuales, comunicadores y representantes de la sociedad civil tenemos mucho que hacer para recuperar el país que se nos está yendo de las manos.

México padece un déficit de justicia y un superávit de impunidad acumulados durante décadas, denuncia el diputado Manlio Fabio Beltrones. Ese es el meollo.

No se trata de crear nuevas dependencias ni cambiar hombres o nombres en el equipo presidencial; tampoco es cuestión de inventar nuevas leyes y sanciones, sino de cumplir las vigentes y aplicar riguroso castigo a quienes hoy delinquen con la certeza de no ser castigados… deben terminar las carcajadas cínicas.

Esperamos mañana el anuncio de reformas para responder pronto y con eficacia a las necesidades y reclamos legítimos de toda la gente.

Desde el Senado se mandan señales.

El priista Emilio Gamboa adelanta la transformación de las policías municipales. Urge reactivar el Mando Único Policial ante la evidente vulnerabilidad y por tanto inviabilidad para cumplir la obligación de brindar seguridad pública —basta de simulación, como lo constata la activista María Elena Morera de Galindo, presidenta de Causa en Común, al denunciar a 42 mil elementos policiacos reprobados en exámenes de confianza, los cuales siguen activos y, en muchos casos, delinquiendo—; el perredista Miguel Barbosa vislumbra la creación de una comisión para el Estado de derecho compuesta por mexicanos honorables e integrantes de los tres Poderes de la Unión… y los panistas claman por la lucha sin cuartel a favor de la transparencia y contra la corrupción endémica.

La realidad ha rebasado al régimen; muestra que Enrique Peña Nieto y su equipo se equivocaron al ordenar las grandes prioridades nacionales al inicio del sexenio. Las reformas estructurales, diseñadas para “mover a México” a través de la apertura de sectores intocables hasta hace muy poco no pueden funcionar si no se asientan sobre la base del respeto a la ley.

Ninguna aspiración es viable con un sistema legal quebrado.

EL MONJE LOCO: seguramente hace falta otro gran pacto social con la participación de todos, pero la evidencia cotidiana demuestra que de nada sirven los compromisos si quienes nos representan y se encargan de formular y hacer cumplir la legalidad no están dispuestos a renunciar a sus privilegios. En el Estado de derecho todos debemos ser jurídicamente iguales… y no pueden tolerarse quienes se sienten más iguales que otros.

Twitter: @JoseCardenas1
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