Se cumplieron dos meses de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero y hasta ahora el gobierno federal no ha dado una respuesta satisfactoria y la inconformidad crece.
Aumenta el malestar social, porque no ha querido o no ha podido concretar la exigencia de la población: hacer justicia y eso implica castigar a los responsables como pudiera ser al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, amén de aceptar que pese a tener antecedentes de que el crimen organizado estaba al interior del gobierno local, no actuó como se lo pidieron diversas voces.
No basta con la detención del ex alcalde José Luis Abarca, y de su esposa; ni tampoco con poner tras las rejas a un grupo de delincuentes, presuntos autores materiales de la desaparición de los normalistas.
El castigo debe ir más allá, como alcanzar al ex gobernador del PRD, Ángel Aguirre Rivero, así como a los políticos y líderes del PRD implicados.
De esa manera el gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, dará un mensaje claro de querer enfrentar y erradicar la corrupción y que hechos como ese no se deben repetir.
Las muestras de inconformidad en el país surgen porque las autoridades, los gobernantes, la clase política no resuelve los problemas. Simplemente los posterga, los maquilla y a veces da una respuesta parcial. Esa forma de gobernar, no convence, lástima y genera enconos.
Si el gobierno federal decide llegar al fondo de las investigaciones, del caso de los 43 normalistas desparecidos y hace justicia, la presión que hoy se ejerce sobre su administración tendería a disminuir.
No hacerlo, porque es reconocer su propia responsabilidad de los hechos, al no actuar a tiempo contra las autoridades corruptas de Guerrero, es lanzar el mensaje de que se encubre y se privilegia la impunidad. Hasta ahora eso ha imperado por encima de la justicia.
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Tal parece que los dueños de los camiones de pasajeros de la Ruta 85, que corre de Cuatro Caminos a Huixquilucan, están involucrados con las bandas de asaltantes que asolan a los usuarios.
Son múltiples los asaltos y asesinatos que se han perpetrado contra los pasajeros y los propietarios y choferes no presentan la correspondiente demanda ante el Ministerio Público, ni tampoco piden ayuda policiaca a los gobiernos locales de Naucalpan y Huixquilucan.
El pasado 19 de este mes, un nuevo asalto se perpetró en uno de los camiones de la Ruta 85, a la altura de la colonia Independencia, Naucalpan, el saldo una persona muerta y cinco heridos de bala.
Son cómplices de los asaltantes los dueños y choferes, de eso no hay duda. Venden su seguridad personal, no los tocan a ellos, en cambio a los pasajeros los despojan de sus pertenencias y les quitan la vida.
No denunciar, ser omisos ante hechos delictivos que se cometen a bordo de sus unidades, los hace responsables y deben responder ante la justicia y los afectados.
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