CIUDAD DE MÉXICO, (Al Momento Noticias).- Para el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, los “oprobiosos” hechos de Iguala y Tlatlaya no son producto de una “generación espontánea”, sino que las condiciones que los propiciaron se gestaron paulatinamente desde hace tiempo.
Al participar en la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, en la residencia oficial de Los Pinos, el ombudsman se preguntó: ¿Dónde estaban las instituciones de Seguridad del Estado que debían prevenir los riesgos y amenazas a la seguridad interior y al orden público?
¿Qué hacían las autoridades competentes de los distintos niveles de gobierno cuando acontecían esos deleznables episodios? ¿Cómo pudimos llegar a tal grado de deterioro social e institucional en esas regiones del país?
González Pérez aseguró que los derechos humanos “están en crisis en algunas regiones del país” y agregó que las calles y plazas están llenas de personas que protestan dando visibilidad a exigencias hasta hace poco dispersas.
“Existe un malestar social muy difundido, pero no necesariamente tiene su origen ni se limita” a Tlatlaya y Ayotzinapa.
Estos, dijo, “más bien han catalizado un largo proceso de frustración de expectativas iniciado años atrás, pero que no fue advertido con oportunidad en sus diferentes vertientes económicas, sociales y culturales “.
También lamentó que el “ejercicio legítimo” de la protesta se vea afectado por las acciones de grupos minoritarios violentos que ante las circunstancias que atravesamos “quisieran generar un contexto de ruptura y polarización social”.
“Las manifestaciones son una expresión de hartazgo ante la impunidad, de indignación por la complicidad entre algunas autoridades y delincuentes y de inconformidad por los abusos de poder y la falta de respuesta de las autoridades a las demandas por un país más justo e incluyente”, agregó.
Asimismo, señaló que “la violencia, la inseguridad, la corrupción y la impunidad, han provocado, además de dolor e indignación, un sentimiento de desconfianza hacia nuestras instituciones, de malestar, de fractura en nuestro Estado de derecho así como una percepción de lejanía e indiferencia en las autoridades ante los reclamos de la sociedad”.
“La injusticia, la mentira y la violencia, sea cual sea su origen, agreden y debilitan a México. La verdad, el imperio de la ley y el diálogo nos fortalecen como país”, subrayó González Pérez.
El titular de la CNDH hizo un llamado a revisar autocriticamente todo el fenómeno reciente a partir de Iguala y de Tlatlaya para entender la complejidad del enojo colectivo y el riesgo de erosión de la legitimidad gubernamental pues ello “obliga a un cambio de actitud, de estrategia y de discurso. No se trata de rediseñar el país sino de establecer prioridades”.
“Por complejas que sean las circunstancias, México no puede permitir el debilitamiento de su Estado de derecho”, concluyó.
