El gobierno de Enrique Peña Nieto sigue arrinconado y sin encontrar una salida a la crisis de clase política a la que se enfrenta. Y ha sido golpeado en el terreno del combate a la corrupción. El tema del conflicto de interés es para Los Pinos, una losa demasiado pesada. Y la inmovilidad es la consecuencia.
The Wall Street Journal, el poderoso diario estadounidense, ha dado a conocer que el señor Peña Nieto, apenas asumió el poder como gobernador en el Estado de México, adquirió una casa en un esclusivo club de golf en Ixtapan de la Sal, a Roberto San Román Widerkher, empresario con proyectos exclusivos de vivienda en esa zona del estado.
El problema de esa adquisición radica en el hecho de que, las empresas de San Román lograron tener, a lo largo del sexenio peñista como gobernador, contratos con el gobierno estatal por más de cien millones de dólares.
Ese mismo grupo empresarial ha logrado conquistar, con Enrique Peña como presidente, contratos por más de 40 millones de dólares con el gobierno federal. Nunca antes el grupo había alcanzado un contrato con el gobierno federal.
El problema es más que evidente. El intercambio de favores queda a la vista como algo más que una posibilidad.
El rotativo estadounidense dice que la familia San Román se negó a responder sobre el caso. Y dice que Eduardo Sánchez, el vocero presidencial, negó que existiera conflicto de interés.
La misma respuesta que se dio al caso de la famosa casa blanca.
Con el mismo resultado: La duda.
El tema ahora no es ya tan sólo la declaración de bienes del presidente. No es el hecho de que al inicio, se negó la presentación real de los bienes y todo se quedó en el terreno de las “donaciones”. No es que la presión de la casa blanca haya obligado a ampliar esa declaración que, por lo visto, no es del todo completa ni transparente.
El problema es que según se ve, la casa presidencial mexicana no acaba de entender el problema real al que se enfrente. No acaban de comprender que la pérdida de credibilidad y liderazgo puede convertir al resto del sexenio en algo muy difícil de recorrer.
El gobierno en lo general y el presidente en lo particular, se enfrentan a una terrible pérdida de respaldo ciudadano. Y la aparición de las casas ligadas a empresas convertidas en “favoritas” del grupo en el poder, simplemente acelera esa caída.
Así, la apuesta es sobre la credibilidad. Los discursos sobre el combate a la corrupción pierden no sólo fuerza, sino sentido ante el problema que enfrenta el propio presidente de la República.
El gobierno no acaba de medir el impacto de todo esto en la sociedad. No parece entender que justo en el momento en el que la situación económica empeora y cuando la seguridad simplemente se desborda, aparece el problema de las casas ligadas a la posibilidad del conflicto de intereses.
Y si la respuesta es simplemente negar que el conflicto exista es todo lo que el gobierno quiere hacer, entonces lo que queda es el distanciamiento entre autoridades y sociedad. Con todo lo que ello representa.
Esta es la segunda revelación del Wall Street Journal. Y no parece que se tenga intención de dejar el tema en el abandono.
Por ello, el negar y después guardar silencio no parece una estrategia aceptable para el gobierno de Peña Nieto.
Son ya demasiadas casas y demasiadas dudas. Son ya demasiadas negativas carentes de soportes efectivos.
Hace falta una investigación seria e independiente sobre el tema del conflicto de intereses en el gobierno.
Y claro está, hace falta que toda la palabrería que se ha vertido sobre el tema de la corrupción, pase a formar parte de la realidad.
De lo contrario, los cuatro años que le restan al peñismo podrían ser una verdadera pesadilla.
