Uno debería tener, a estas fechas que se acercan a la mitad del sexenio priista, un poco de seguridad de la que se perdió durante los dos sexenios perdidos del panismo. Pero no. David Arellano Cuan, de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, nos sobresaltó con un dato que impresiona: 75% de los 2,457 municipios de México (1,854) podrían tener vulnerabilidad a la infiltración del crimen organizado.
Al participar en la tercera mesa de las Audiencias Públicas en Materia de Seguridad y Justicia del Senado de la República el funcionario de marras soltó: “Casi tres cuartas partes de los municipios en México podrían tener vulnerabilidad con la infiltración del crimen organizado, lo que afecta su actividad económica, social, cultural y política”.
Por lo anterior, Arellano Cuan dijo ante senadores y especialistas sobre seguridad que el gobierno federal ha propuesto asumir las funciones de seguridad pública de los municipios por un tiempo determinado de manera excepcional. Esta intervención temporal no es la solución, dijo, sino un mecanismo administrativo que busca devolver a los ciudadanos que viven en estos ayuntamientos la confianza en sus instituciones y que funcionen en un marco de Estado de derecho.
Se apresuró a aclarar que no se trata de disolver el municipio sino de asumir sus funciones durante un tiempo y con un fin determinado, que gira en torno a la entrega y devolución del municipio a otras autoridades, electas conforme a la Constitución y las leyes locales.
Para aumentar nuestro pesimismo, y en el mismo recinto del Senado, el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón de Lucio, propuso un ejemplo de cómo el gobierno federal dejó crecer el narcotráfico y el crimen organizado en Guerrero: las policías de 13 municipios de la región de Tierra Caliente, Guerrero, eran controladas por el crimen organizado.
Zerón de Lucio precisó que el gobierno federal decidió tomar el control de la seguridad en estas 13 localidades desde el pasado 20 de octubre, y enviar a efectivos del Ejército para poder restablecer las instituciones policiacas guerrerenses como en Iguala, donde desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa desde el pasado 26 de septiembre.
Como el gobierno federal no tiene confianza en las autoridades policíacas de estos municipios, los militares tomaron el control de las policías de Apaxtla, Arcelia, Buenavista de Cuéllar, Coyuca de Catalán, General Canuto Neri, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Pilcaya, Pungarabato, San Miguel Totolapan, Taxco de Alarcón, Teloloapan y Tlapehuala, refirió Zerón de Lucio.
Sin hacer una autocrítica en la que pudiera reconocer que todo esto pasa en Guerrero y en el resto del país por el vacío de poder y el abandono del gobierno federal en materia de seguridad pública, Zerón de Lucio expresó, sorprendido: “Era alarmante la situación que prevalecía; por los (bajos) salarios, porque estaban cooptadas las corporaciones por el crimen organizado al grado que (el crimen) decidía quién iba a ser el jefe, qué operativos se iban a realizar. El que mandaba era el crimen organizado”, manifestó el funcionario, sin ningún rubor.
Sin asomo de decoro ni dignidad, ambos funcionarios federales –de Gobernación y de la PGR- dieron a conocer las malas cuentas del gobierno priista en materia de seguridad pública a un pueblo que fue burlado en las elecciones del 2012 con la excesiva, escandalosa compra de votos y la distribución de miles de millones de pesos a las televisoras cuyos dueños impusieron a un presidente y patrocinaron el regreso del PRI a Los Pinos.
Mientras el crimen se apodera del país, Enrique Peña Nieto se ha dedicado a comprar casas en todo el país a contratistas beneficiados con contratos millonarios.
