Para el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en México la desaparición de personas es un problema generalizado en gran parte del territorio y en muchos de los casos es forzada, ya que intervino algún servidor público.

Esta mañana, el Comité presentó el informe con las observaciones finales tras la comparecencia de funcionarios mexicanos, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de organizaciones civiles y familiares de víctimas el 2 y 3 de febrero pasados en Ginebra, Suiza.

Al respecto, señalo que el “grave” caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado mexicano en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de personas desaparecidas.

Criticó la impunidad que persiste en numerosos casos de desaparición forzada ante la casi inexistencia de condenas por este delito, incluso desde la llamada “guerra sucia” de los años setenta.

Al respecto, pidió al gobierno mexicano que localice a la mayor brevedad a todas las personas que hubiesen sido sometidas a desaparición forzada durante la “guerra sucia” e investigue sin demora a los autores a fin de que sean enjuiciados y sancionados.

El Comité expresó su preocupación por la falta de estadísticas precisas sobre el número de desapariciones, lo que impide conocer la verdadera magnitud del problema y dificulta la adopción de políticas públicas que permitan combatirlo con efectividad, así como las deficiencias que existen en materia de búsqueda de las personas e identificación de restos.

Conminó a los legisladores a reformar las normas que sean necesarias para que los tribunales militares no intervengan en la investigación de desapariciones cometidas por miembros castrenses y que en esos casos los uniformados para que sean juzgados en el ámbito civil.

Entre sus recomendaciones, pidió enérgicamente al Estado reconocer la competencia de este comité para recibir y examinar comunicaciones individuales con miras a reforzar el régimen de protección de las desapariciones forzadas.

Solicitó aprobar a la mayor brevedad una ley general que regule de manera integral los aspectos de desaparición forzada contenidos en la Convención respectiva, en particular aquellos relativos a la prevención, investigación, enjuiciamiento y sanción, así como la búsqueda y situación legal de las personas desaparecidas.

También pidió un registro único de personas desaparecidas a nivel nacional; tipificar la desaparición forzada a nivel federal y estatal; hacer la búsqueda sin dilación y de manera exhaustiva y que la Procuraduría General de la República (PGR) cuente con unidad fiscal especializada en la investigación de las desapariciones forzadas que cuente con los recursos necesarios.

El dictamen fue elaborado por los diez expertos independientes que componen el Comité, que examinó el caso de México a comienzos de este mes.

Alrededor de 24 mil personas han desaparecido en México desde 2006 a la fecha, según fuentes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

México tendrá plazo a más tardar hasta el 13 de febrero de 2016 para dar al Comité información sobre la aplicación de los puntos referidos al Registro Único de Personas Sesaparecidas, mecanismos de búsqueda y prevención e investigación de desaparición de migrantes.

Además, se fija como plazo límite el 13 de febrero de 2018 para brindar “información concreta y actualizada acerca de la aplicación de todas sus recomendaciones”.