Omisiones en la realización de obras –cuando se pagan y no se realizan o se encarecen sin motivo- o cuando no se transparenta su contratación o realización en un marco de corrupción, fraudes característicos usuales de los gobernantes o legisladores, parece ser el fenómeno que hay que observar antes de emitir el voto en las elecciones por venir a mediados de este año. Habrá que tomar en cuenta los resultados del informe de la Auditoría Superior de la Federación, para detectar a los corruptos y no votar por ellos. Los ciudadanos tenemos una misión casi imposible.

Porque una de las auditorías de la Cuenta Pública 2013 que detectó inconsistencias se refiere a la aplicación del programa Pensión para Adultos Mayores de la Secretaría de Desarrollo Social, la cual deberá aclarar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) las causas por las que en 2013 la red de distribución de apoyos no operó en la totalidad de las localidades atendidas.

En el documento se cuestiona que en ese año la aplicación de los indicadores para determinar a los beneficiarios resultó insuficiente y que los criterios de selección no se apegaron a las reglas de operación. La ASF destaca que la dependencia reportó haber entregado apoyos económicos directos a cuatro millones 850 mil 573 adultos mayores, es decir, seis mil 548 beneficiarios más de los que reportaba el padrón institucional. ¿Hacia qué bolsillos se fueron los recursos no aplicados?

Entre las recomendaciones destinadas a la Sedesol destaca la de poner en orden sus padrones, así como la de investigar las causas por las que no dispuso en su momento de la información que acreditara la reseñada diferencia de beneficiarios.

Otra anomalía detectada en la dependencia a cargo de la ex perredista Rosario Robles, fue un movimiento de recursos a través de cinco convenios firmados en 2013 con las universidades autónomas del Estado de México y de Morelos (UAEM y Uaemor, respectivamente), la Sedesol encubrió un fraude masivo en el marco de la entonces recién creada Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH), que costó al erario no menos de 845 millones de pesos, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La agencia APRO dio a conocer que la auditoría 13-0-20100-12-0269, correspondiente a 2013, demuestra que, a través de esquemas de subcontrataciones en forma de ‘pirámide invertida’, las universidades pagaron cantidades millonarias para proyectos mal planteados o no realizados, recursos que terminaron en las cuentas bancarias de una empresa ajena a los contratos, Dumago Systems. Lo anterior resultó posible gracias al pago por adelantado por parte de la Sedesol y a la “falta de control, supervisión y seguimiento en la ejecución de las acciones convenidas” de la dependencia.

Asimismo, la ASF detectó que los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados gastan recursos públicos de los que no rinden cuentas o lo hacen parcialmente, lo que se refleja en que fallan en comprobar que todo el dinero que reciben es utilizado en tareas legislativas. En el documento dado a conocer este miércoles, la ASF señala que las bancadas gastaron ese año 1,992.6 millones de pesos, una cantidad que representa 28% del presupuesto ejercido por la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro en este periodo.

De ese dinero, 1,166.6 millones fueron de subvenciones a los grupos parlamentarios y, según la ASF, éstos no presentaron todos los documentos para comprobar las erogaciones. “No se contó con la información que permitiera evaluar la razonabilidad del gasto o comprobar si los recursos se ejercieron en trabajos legislativos, por lo que persiste una limitada rendición de cuentas en el ejercicio de recursos por concepto de subvenciones”, señala el informe, que recomienda a la Cámara baja modificar su normatividad interna para mejorar sus mecanismos de fiscalización.

De igual modo, la ASF reveló que el Senado ocultó la forma en que gastó mil 200 millones de pesos que asignó a sus grupos parlamentarios en 2013, año en que el panista Ernesto Cordero presidió la cámara durante ocho meses y después fue sucedido por el priista Raúl Cervantes Andrade. Además, de acuerdo con la revisión de ese año, el Senado aumentó el apoyo económico de sus secretarias de la Mesa Directiva hasta 200 mil pesos mensuales, dio a su Mesa Directiva bonos extra por 50 mil pesos y entregó dos millones de pesos mensuales adicionales por cada senador para compra de boletos de avión.

Antes de acudir a las urnas, tendremos la obligación de por lo menos reflexionar: ¿Vamos a seguir votando sin reflexionar si los azules, los verdes, tricolores, turquesa o amarillos se van a embolsar el presupuesto destinado al funcionamiento de la costosa democracia mexicana? Los candidatos también tendrán que pensar, algo difícil de creer.