CIUDAD DE MÉXICO, (Al Momento Noticias).- Las declaraciones en torno a la disminución de la violencia contrastan con los reportes “oficiales” y extraoficiales respecto a los delitos de alto impacto, iniciando por el homicidio para aterrizar en el secuestro y la extorsión. Esa contradicción propicia incredulidad y desconfianza en la autoridad, advierten organizaciones sociales.

Y contra lo que podía esperarse, dado que se ofreció que la nueva estrategia anticrimen permitiría disminuir los números rojos, la verdad es lo contrario ya que al cierre de 2014 se han registrado más de 60 mil homicidios dolosos y culposos, de acuerdo a los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Pero además, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal que preside José Antonio Ortega Sánchez, los focos rojos continúan encendidos no obstante que la secretaría de Gobernación reporte disminución en los delitos de alto impacto.

En entrevista, Ortega Sánchez apunta que el crimen organizado y los narcocárteles “operan sin tregua”, concentrando sus acciones principalmente en los estados de Guerrero, Michoacán, Morelos, México, Tamaulipas, Durango, Coahuila, San Luis Potosí y Nuevo León.

Explica que incluso hay una expansión de crímenes en 66 municipios de 18 estados de la República, donde se reportaron en los primeros dos meses de este año incremento en secuestros y extorsiones en sus modalidades de cobro de derecho de piso, amenaza de muerte, violencia directa, intimidación. Ahí también se inscriben homicidios, robo de vehículos y a transporte.

El robo a Pemex también va en aumento y representa un promedio de 17 mil millones de pesos, según la propia paraestatal, la cual reconoce que el saqueo incluye complicidades entre criminales comunes y personal de “adentro”, lo mismo con ordeña de pipas que de ductos cuyos productos son vendidos en gasolineras de criminales.

Secuestro y extorsión

A pesar de las afirmaciones del subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de Segob, Roberto Campa Cifrián, respecto a reducciones de hasta 18 por ciento en crímenes de alto impacto, los representantes de la organización de Alto al Secuestro, Ortega Sánchez e Isabel Miranda de Wallace, aseguran lo contrario, que los plagios denunciados incrementaron 30 por ciento, al pasar de mil 395 a dos mil 818 en 2014.

La cifra negra, destacan, sería de diez veces más afectando a todo tipo de personas, especialmente comerciantes, agricultores, ganaderos y empresarios medios. No se sustraen a esta acción abogados, médicos e ingenieros de quienes los criminales logran de esta manera “servicios profesionales”.

Edomex, número uno en homicidios

El propio Sistema Nacional de Seguridad Pública, hoy a cargo de Dante Alejandro Rubido García, establece que del uno de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2014, se registraron 57 mil 899 averiguaciones previas por homicidios culposo y dolosos, 14 mil 205 más que en los dos primeros años de Felipe Calderón.

Las mismas organizaciones señalan que el crimen organizado se concentra en el Estado de México principalmente por sus colindancias con las zonas de tierra caliente de Michoacán y Guerrero, la permeabilidad hacia la zona conurbada del Distrito Federal, e incluso con los estados de Morelos, Hidalgo y los del Bajío constituyen un grave peligro para estas entidades federativas.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal (CCSPyJP) considera que la inseguridad prevaleciente en México durante el año 2014, se ha mantenido constante en los dos primeros meses de 2015, debido a la ineptitud y manipulación por parte de funcionarios y policías.

José Antonio Ortega precisa que la descomposición social han ocasionado una profunda crisis política y social en el país, derivada principalmente por los graves acontecimientos del 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México; las supuestas ejecuciones de 22 criminales por elementos militares; el caso de Iguala, con el asesinato de seis estudiantes por la policía municipal y la desaparición y presunta masacre de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Estado de Guerrero, el 26 y 27 de septiembre 2014, a instancias del alcalde de esta esta localidad y a todas luces a sabiendas del Gobernador del estado así como la participación de policías municipales, coludidos con el cártel Guerreros Unido.

Esta crisis política-social, afirma, sigue latente o incluso se ha incrementado desde comienzos del año en curso, y el propio presidente Enrique Peña Nieto aceptó durante su reciente visita oficial a Gran Bretaña, que “en estos momentos México está plagado de incredulidad y desconfianza”.

Crece desconfianza

Para el investigador, las causas de la crítica generalizada en la sociedad no solamente es por la indecisión y el mal manejo de los gobiernos federal y estatales en los casos de Tlatlaya e Iguala, sino por las presuntas corruptelas de la familia del presidente relacionadas con las adquisiciones de la Casa Blanca en el D.F. y otra en Ixtapan de la Sal, Estado de México.

Se suma la casa del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en el lujoso Campo de Golf de Malinalco, sobre todo por las coincidencias en los pre-financiamientos de la Constructora Grupo Higa.

Con el esperado relevo del Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, máximo responsable encargado de las investigaciones de los crímenes en Tlatlaya e Iguala, el Presidente Enrique Peña Nieto ha sentado un precedente para superar la tragedia de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, cuya muerte fue ratificada oficialmente a los padres de familia, a quienes a la vez que se les negó formalmente el acceso a cualquier cuartel del Ejército. Con esta actitud el presidente Enrique Peña Nieto hace entender su decisión de pasar la página en el “caso Iguala-Ayotzinapa”.

No obstante, el presidente del CCSPyJP considera que la captura del líder del Cártel de los Caballeros Templarios “La Tuta”, a finales de febrero y la detención unos días después del jefe criminal más peligroso y sanguinario “Z 42” del Cártel de los Zetas, que se sumaron a las capturas de Joaquín “El Chapo Guzmán” del Cártel de Sinaloa y otros, son éxitos innegables de la política y estrategia de combate al crimen organizado de la actual administración.

Pero no es suficiente, es necesario que caigan culpables como del caso Ayotzinapa y hasta que no ocurra eso, podrían hablarse de un esfuerzo gubernamental por recuperar la credibilidad ciudadana en la decisión del Presidente Peña Nieto por combatir el crimen y la impunidad.

Y pregunta ¿Por qué no detienen a Ángel Aguirre Rivero?