En México es necesario impulsar la procuración de justicia con perspectiva de género cómo política de Estado para identificar, pero sobretodo, atender y transformar los factores estructurales que han perpetuado la discriminación, los prejuicios y los sesgos de género que limitan a las mujeres su acceso a la justicia, considera el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Durante la inauguración de la mesa de trabajo "Procurar justicia con perspectiva de género", que se desarrolló en Monterrey, Nuevo León, se señaló que la perspectiva de género (PEG) es una herramienta jurídica establecida en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y eje transversal del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que obliga al Estado a actuar en todos los ámbitos en clave de género, en especial en materia de acceso a la justicia para las mujeres.
De igual forma, al ser un enfoque internacionalmente aceptado para lograr la igualdad de género, permite no sólo identificar los factores de exclusión y discriminación que enfrentan las mujeres para acceder al sistema de justicia, sino principalmente instrumentar acciones para superarlos y erradicarlos.
Se afirmó que las procuradurías de justicia deben consolidarse como la primera línea de defensa y protección de los derechos y las libertades fundamentales de las mujeres.
Para ello es necesario que éstas adopten los más altos estándares internacionales para una adecuada procuración de justicia con perspectiva de género.
Por su parte el Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León, señaló la importancia de impulsar una política de Estado para garantizar a las mujeres su acceso pleno a la justicia para hacer valer sus derechos, se puso como ejemplo lo que está sucediendo actualmente con la Paridad, que no obstante ya es un derecho constitucional, se ha enfrentado a infinidad de resistencias y obstáculos que los tribunales han ayudado a superar.
Durante la mesa de trabajo se presentaron las experiencias exitosas de procuración de justicia con PEG de los estados de Oaxaca y Chiapas.
Asimismo, la Subprocuraduría de Delitos de la Mujer por Razones de Género de la PGJE de Oaxaca, compartió la experiencia del "Programa Mujer Segura", que a través de un grupo interdisciplinario de reacción inmediata, atiende las llamadas de emergencia de mujeres en situación de violencia.
Al recibir un reporte, este grupo de inmediato se traslada al domicilio para salvaguardar a la víctima, prestarle las primeras atenciones, a la vez que el ministerio público dicta las medidas de protección necesarias, realiza sus primeras investigaciones, detiene en flagrancia al responsable y en su caso, lo consigna ante los tribunales a la brevedad posible.
Este mecanismo de intervención ha permitido proteger de manera oportuna a las mujeres en situación de violencia y llevar al agresor ante los tribunales, superando así el desamparo institucional al que muchas víctimas están expuestas, porque no siempre los llamados de emergencia son atendidos por la policía.
Por su parte, la Fiscalía Especializada en la Protección a los Derechos de las Mujeres de la PGJE Chiapas, expuso las acciones emprendidas contra el feminicidio, como la creación de una base estadística confiable de estos casos, instrumentar protocolos de actuación y acciones emergentes y de intervención temprana, lo cual ha permitió una reducción del 30% de casos de feminicidio en 2014, en comparación con el año anterior.
En ambos casos, los factores determinantes para el éxito de esas medidas han sido la voluntad política de los y las titulares de las procuradurías y el trabajo coordinado con las organizaciones de la sociedad civil.
A esta mesa de trabajo asistieron representantes de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Procuraduría de Justicia y del Poder Judicial del Estado de Nuevo León.