Para el gobierno federal, el Caso Ayotzinapa está prácticamente resuelto y “la verdad histórica” expuesta por el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam como conclusión de las investigaciones preliminares que se hicieron, al parecer se mantiene y se mantendrá como válida y es la siguiente:
1.- La violencia contra los 43 normalistas de Ayotzinapa la generó la delincuencia organizada por la disputa territorial y del narcotráfico entre los “Guerreros Unidos” y “Los Rojos”.
2.- Se creará lo más pronto posible en la PGR, atendiendo la instrucción del Presidente Peña Nieto, la Fiscalía Especializada en la Búsqueda de Desaparecidos con particular atención al Caso Ayotzinapa. En esas investigaciones participará el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y representantes de los normalistas desaparecidos. Así se acordó para que no haya duda sobre su transparencia y surja la verdad que se reclama para hacer justicia castigándose a quienes resulten responsables de los delitos cometidos, sean quienes sean.
Trasciende que la investigación original sigue abierta y en ella se va conformando la hipótesis de que “Fue el Estado” el responsable del Caso Ayotzinapa, pero que quede claro: no se ubica al Estado Federal como responsable, sino a quienes ejercían el poder en esas fechas en Guerrero y que, por lo mismo como autoridades tenían toda la fuerza del Estado para “hacer y deshacer” llevados por su locura de impunidad generada por la criminal corrupción prevaleciente entre ellos.
Por eso la sospecha de que otras autoridades del Estado de Guerrero que estaban en funciones pudieron estar coludidas con la delincuencia organizada, como el entonces Procurador Iñaky Blanco Cabrera, el Secretario de Seguridad Pública estatal, Leonardo Vázquez Pérez, varios Diputados entre otros políticos y hasta el propio gobernador Angel Aguirre Rivero.
En nuestra muy particular opinión, esto habrá de esclarecerse al abrirse nuevos canales de investigación con la Fiscalía Especial que, reiteramos, iniciará actividades en unos cuantos días más.
Oficialmente se sostiene que sí se ha avanzado en la investigación preliminar de estos hechos con total transparencia y que por lo mismo se han reunidos pruebas suficientes que constan en 123 tomos y 14 anexos, hay 372 resoluciones judiciales, 111 personas detenidas por el delito de delincuencia organizada, 17 órdenes de cateo y 531 declaraciones ministeriales, pero sobre todo se mantienen 660 brigadas de búsqueda de los desaparecidos por cielo, mar y tierra y además hay un plan integral a las víctimas, todo lo cual ha sido reconocido por los del GIEI de la CIDH, según expuso en el Pleno el Senador tamaulipeco, Manuel Cavazos Lerma.
Ahora le pasaré la información, con datos duros, que por ahí hemos logrado:
1.- Tuvo participación directa en la desaparición de los jóvenes, el entonces Presidente Municipal de Iguala, José Luis Abarca, por lo que le esperan no menos de 40 años de prisión. A su esposa María de los Angeles Pineda Villa, hasta ahora no se le han encontrado elementos suficientes para inculparla del delito de desaparición de personas o de asesinato masivo, aunque pertenezca a la reconocida narco familia de los Pineda y sea hermana de Salomón quien por cinco meses fue líder de “Los Guerreros”. El asumió el mando porque Mario Casarrubias (a) “El Sapo Guapo” quien fundó la agrupación criminal, fue capturado en el Edomex el 1 de Mayo del 2014. Está confirmado que Salomón fue líder de “Los Guerreros” solo cinco meses nada más, porque también cayó preso en Cuernavaca el 10 de Octubre del 14.
A la señora Pineda Villa de Abarca hasta ahora se dice que podría ser enjuiciada por lavado de dinero y delincuencia organizada.
2.- Quienes están bien hundidos, con múltiples pruebas contundentes en su contra, son los policías municipales de Iguala que tenían como jefe a Felipe Flores Velázquez y como Subjefe a Francisco Valladares Salgado quien recibía los $600 mil pesos mensuales que “para la nómina” de los agentes corruptos, le enviaba Sidronio Casarrubias Salgado –líder de “los Guerreros”- quien así lo declaró en la SIEDO tras ser capturado en el Edomex el 16 de Octubre del año pasado. Sidronio es hermano de Mario, el “Sapo Guapo” fundador de “Los Guerreros” y sustituyó a Salomón Pineda Villa cuando este fue apresado. No está por demás precisar que los tres peligrosos tipos ya están en prisión, pero se ignora quien es el actual capo de su grupo criminal.
3.- Todos los policías municipales de Cocula están en la cárcel, igual que su jefe César Nava González quien fue capturado en Cuernavaca el 16 de Noviembre del año pasado. Ellos fueron los que recibieron de sus colegas policías corruptos de Iguala a los normalistas que habían detenido y se los entregaron al sicario apodado “El Cepillo” atendiendo las órdenes de Gildardo López Astudillo (a) El Gil para llevarlos al basurero municipal e incinerarlos para luego tirar al rio cercano los costales con las cenizas de sus víctimas, según declararon los autores materiales de éste horrendo crimen masivo, hecho que los familiares de los muchachos no aceptan porque mantienen la esperanza de que los tengan secuestrados y se los regresen vivos. (Yo también ruego porque así sea).
Quiero además decirle que el Presidente Peña Nieto es el primer interesado en que el Caso Ayotzinapa que a todos nos duele, se aclare lo más pronto posible, que la verdad surja y se castigue a los responsables.
Por lo mismo, aunque tendenciosamente se difunda que el Gobierno Federal no se conduce con transparencia en el curso de las investigaciones, basta confirmar la creación de la Fiscalía Especializada en la Búsqueda de Personas con particular atención al Caso Ayotzinapa, y todavía más, el mismo Senado de la República, al través del presidente de su Mesa Directiva, Roberto Gil Zuarth dio a conocer el pasado día 24 de Septiembre que respalda todas las peticiones planteadas al Presidente de la República por los padres de los normalistas desaparecidos y que se refieren a lo siguiente:
1.- Reconocimiento de la legitimidad de la búsqueda de justicia y de que el Caso Iguala esté abierto.
2.- Permanencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, aceptación plena de su Informe y sus recomendaciones.
3.- Reencausar la investigación en una unidad especializada.
4.- Relanzamiento y concentración de la búsqueda, a partir del uso inmediato de tecnología.
5.- Atención digna e inmediata a los heridos y familiares de los ejecutados, trato digno a las víctimas.
6.- Respeto a la Normal “Raúl Isidro Burgos” y la no criminalización de los normalistas.
7.- Mecanismos de comunicación permanente, digna y con respeto a sus derechos.
8.- Acciones para proteger y hacer valer los derechos humanos y combatir cualquier forma de impunidad.
Y se advierte que el Senado seguirá con interés las acciones que el Gobierno Federal realice para la atención a lo expuesto por los padres de familia, acciones que, como lo apunté, ya están en marcha ordenadas por el propio Presidente Peña Nieto.
En lo personal creo que la mira de la justicia va a subir….ya verá.