Un amigo me decía que no conoce a ningún exgobernador pobre y tiene mucha razón. No importa del partido político que sean, todos son iguales y gozan de absoluta libertad, gracias a la impunidad que les brinda el corrupto sistema político. Lo mismo ocurre con muchos presidentes municipales, principalmente los de las capitales estatales y de aquellos donde los impulsa el desarrollo turístico, industrial o comercial. Hasta ahora se ha procesado a un priista que gobernó en Tabasco y a un panista que lo hizo en Aguascalientes; aquel está preso y el hidrocálido paga millonarias fianzas para gozar de su libertad.

En el campo político corresponde al secretario de Gobernación mantener una relación directa, personal, con cada uno de los gobernadores, sin que se viole lo de “Estado Libre y Soberano”, para que haya una coordinación en la política interior. Al titular de Hacienda y Crédito Público le incumbe lo administrativo de cada gobierno estatal, porque hay que saber exactamente como se gasta o invierte el presupuesto federal que recibe por medio de diferentes dependencias, con la autorización de Hacienda.

Pero más importante es la función de la legislatura estatal, mal llamada “congreso”, porque los integrantes de la misma tienen la responsabilidad de aprobar el presupuesto de que dispondrá el Gobernador constitucional, interino o sustituto. Los diputados locales autorizan los endeudamientos que pacta el gobernador con la banca privada y con otros organismos. Pero sucede que el gobernador en turno, generalmente, es el que impone las candidaturas de diputados y éstos tienen una deuda política que pagar. Si son de partidos políticos de la llamada oposición, los sobornan y punto.

Mucho se ha hablado en este sexenio de no dejar sin castigo a los responsables de ilícitos en contra de los dineros del pueblo. Ya se creó un Sistema Nacional Anticorrupción, existe una llamada secretaria de la Función Pública –en la época de Carlos Salinas la denominaban secretaria de la Controlaría, hace 30 años—que hace unos días exhoneró al Presidente de la República y al titular de Hacienda y Crédito Público por la compra de inmuebles a empresarios y contratistas ligados a los dos funcionarios.

Si el Sistema Nacional Anticorrupción llegara a entrar en funciones, solamente podríamos abrigar alguna esperanza de que tenga éxito, si sus miembros no son políticos, no son personas designadas por el Presidente de México o que deban tener la aprobación de los diputados, de los senadores y de los partidos políticos. ¿Cómo podrán juzgar los políticos a los políticos? ¿Cómo un consejero designado por el Jefe del Ejecutivo Federal tendrá autonomía para juzgar a quien lo llevó al cargo? Diputados, senadores, gobernadores y hasta presidentes municipales seguirán haciendo gala del fuero que les da impunidad, siempre y cuando se alinien.

No encuentro explicación al hecho de que gobernadores y presidentes municipales endeuden a sus conciudadanos, por los préstamos millonarios que se agencian y nada informan sobre el destino del dinero, como uno de los primeros casos, denunciados públicamente, el de Humberto Moreira Valdés que dejó hundidas las finanzas del Estado de Coahuila y motivo por el cual tuvo que renunciar a la presidencia nacional del PRI. Este asunto ya se contabiliza en el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, quien nada hizo, nada hecho y nada hará para que ese corrupto coahuilense sea detenido, procesado y sentenciado como ya ocurre con algunos de sus colaboradores, pero ellos están en cárceles norteamericanas.

Al presidente municipal de Guadalajara, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz lo premiaron con la gubernatura de Jalisco; jamás rindió cuentas de los miles de millones de pesos que obtuvo de diversos préstamos. Tampoco se juzgó, pese a las denuncias públicas hechas en una serie de televisión, a Emilio González Márquez, el tercer panista que gobernó a los jaliscienses.
Me dirán que ya está procesado y en prisión el priista Andrés Granier Melo, gobernador de Tabasco de 2007 a 2012, así como se tiene bajo procesos al panista Luis Armando Reynoso Femat, quien se pasea tranquilamente por todo Aguascalientes, ya que tiene los suficientes millones para cubrir las fianzas que le imponen los jueces.

Pronto se va a olvidar que el gobernador saliente de Sonora, el panista Guillermo Padrés Elías deja una estela negra en su sexenio, pues como gobernador utilizó, según lo acusaron, los recursos públicos para acrecentar su fortuna e inclusive construir una presa en su extensa propiedad campirana. También se divulga que gobernadores que en unos días más terminan su mandato, dejan “empeñado” al Estado, son: Rodrigo Medina de la Cruz, en Nuevo León, y Mario Anguiano Moreno, en Colima. Los dos respaldados por el PRI, ni sudan ni se acongojan, porque la impunidad los cubre de todas sus fechorías.

En el terreno político, Ángel Heladio Aguirre Rivero tiene cuentas pendientes con la sociedad y particularmente con los guerrerenses. Cuando militaba en el PRI fue gobernador interino de 1996 a 1999, porque a consecuencia de la matanza de indígenas en Aguas Blancas, Coyuca de Benítez, Rubén Figueroa Alcocer tuvo que solicitar licencia. El 23 de octubre pasado, a tres días del primer mes de la desaparición de 43 jóvenes normalistas y el asesinato de 3 de ellos, Aguirre Rivero envió su solicitud de licencia para separarse del gobierno. Ni antes, Figueroa Alcocer, ni el ahora perredista, Ángel Heladio, han sido enjuiciados.

Cada gobernador hace lo que quiere y no rinde cuentas a nadie. Aglutinados en la CONAGO, organismo creado principalmente por los priistas, está convertido en un bunker de gobernadores. A raíz de que el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, triunfó en las elecciones y se convirtió en el Presidente de México, desde el año pasado los mandatarios en los Estados de México, de Puebla y de Chiapas, están en plena campaña buscando de la candidatura para el 2018; igual sucede con el jefe de Gobierno del D.F., Miguel Ángel Mancera Espinoza, y con el tabasqueño Graco Luis Ramírez Garrido Abreu que gobierna en Morelos.

Desde antes de asumir la gubernatura, el ingeniero industrial Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, ahora muy conocido por el apodo de “El Bronco”, ya es un dolor de cabeza para el gobierno de Peña Nieto. En Nuevo León esperan mucho de él, creen que en lugar de gobernar se dedicará a perseguir a su antecesor hasta ponerlo tras las rejas. Aunque Jaime Heliodoro ya piensa que en el 2018 puede ser candidato presidencial independiente, es muy temprano porque primero hay que ver y conocer como actuará este hombre que por más de 30 años militó en las filas del Partido Revolucionario Institucional, el vapuleado PRI.

PREGUNTA PARA MEDITAR

¿Cuántos de los nueve gobernadores salientes, en este 2015, podrán sentirse tranquilos y caminar por la calle sin los consabidos guardaespaldas?

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