La información es todavía muy escueta pero, de concretarse, podría generar condiciones para un proceso de pacificación en gran parte de Guerrero de cara al 2016.

Hace menos de 60 días, un grupo de personajes singulares se reunieron en algún lugar de la Sierra Madre del Sur, para tener un primer acercamiento con la problemática que los identifica: La violencia.

A esa insólita reunión, que probablemente se llevó a cabo en El Paraíso, municipio de Atoyac de Álvarez, asistieron representantes y jefes de diferentes grupos criminales, de autodefensas y de mandos comunitarios, que buscaban ponerse de acuerdo para comenzar a distender la violencia en cada una de las respectivas zonas de influencia.

Los participantes, jefes o representantes autorizados de formaciones criminales, comenzaron a explorar las posibilidades de pacificar al estado de Guerrero, o a una porción significativa, mediante acuerdos que privilegiarían una tregua respecto de los choques armados que han mantenido de manera sistemática en diferentes puntos geográficos del estado.

De acuerdo con trascendidos confiables, cruzados con fuentes alternas que confirmaron este peculiar encuentro, habrían participado representantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) -con presencia en parte de la Costa Grande y la frontera con Michoacán-, el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), Los Rojos, mandos comunitarios y jefes de la autodefensa armada.

Del encuentro surgieron algunos compromisos iniciales, como la necesidad de establecer una tregua que permita condiciones para determinar una ruta a seguir en la pacificación efectiva de las regiones donde estas formaciones tienen presencia, es decir, en Costa Grande, Acapulco, Costa Chica y Centro del Estado.

En un primer nivel de entendimiento los participantes, dicen las fuentes que conocieron de esos acuerdos, identificaron al puerto de Acapulco como la zona donde se debe privilegiar de inmediato un proceso de pacificación, ante lo cual ubicaron a ciertos grupos delincuenciales independientes como el obstáculo a vencer.

Los acuerdos específicos aún se desconocen, pero el simple intento de pactar una tregua -así sea endeble y pegada con alfileres-, permitiría explorar espacios de diálogo apenas suficientes, que posibiliten la intervención de otros actores importantes para afianzar ese proceso de pacificación -nos referimos, claro, al gobierno y a la Iglesia Católica-.

Aunque suene a escándalo, más porque la iniciativa proviene precisamente de los grupos criminales, un primer atisbo de diálogo entre facciones delincuenciales y mandos de la autodefensa plantea la oportunidad de que, por interpósita persona, tanto el gobierno como la Iglesia Católica, incidan para fortalecer ese proyecto de pacificación.

Habrá que recordar que, en fecha reciente, la jerarquía eclesiástica se mostró favorable al uso de la palabra aún con los grupos criminales para buscar salidas a la violencia. Aunque no lo dijo claramente, se entiende que abrió la puerta al diálogo con los delincuentes, lo que inmediatamente fue rechazado por el gobernador Héctor Astudillo Flores.

Las fuentes consultadas ignoran si en este proceso de diálogo entre los grupos enfrentados existe alguna intervención gubernamental, aunque parece claro que existe por lo menos algún interés oficial en que los acuerdos lleguen a un final feliz.

El factor esperanzador de todo este complejo entramado lo constituye la participación de dirigencias comunitarias y mandos de la autodefensa, cuya asistencia al encuentro clandestino es ya un ingrediente positivo en estos acuerdos iniciales, en los que intervinieron algunas personas cuyos nombres son conocidos públicamente.

Por el lado contrario, destaca el interés mostrado por el CJNG y su aliado el Cártel Beltrán Leyva (CBL), dos de los actores más relevantes en la violencia que ha permeado recientemente en la vida de los mexicanos y, señaladamente, entre los guerrerenses.

El gran ausente de este primer encuentro es el Cártel de Sinaloa, enemigo a muerte de los aliados CJNG-CBL, contra el cual el gobierno mexicano ha desatado una feroz persecución después de la humillación pública sufrida a raíz de la fuga de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Para dejar las cosas más en claro: es una vertiente de los grandes cárteles, mediante sus expresiones locales, las que buscan la manera de distender la violencia que ha terminado por diezmar sus cuadros, muchos de los cuales o han muerto o han sido encarcelados, o han huido del territorio mexicano.

Así pues, si hay disposición al diálogo con esta vertiente de los grupos criminales, el gobierno federal tanto como el estatal debiera aprovechar la oportunidad de buscar un entendimiento permisible en el marco de la ley, sin que ello les signifique una suerte de capitulación ante la violencia criminal.

Quedaría pendiente de resolver lo que atañe a la Zona Norte de Guerrero con el grupo delincuencial Guerreros Unidos (que antes fue parte del grupo de Arturo Beltrán Leyva), cuya responsabilidad en la masacre de Iguala está más que probada y, por ello, tiene una deuda histórica con la justicia, que va mucho más allá de cualquier posibilidad de entendimiento.

Situación parecida existe con la facción criminal conocida como Los Ardillos, que se ubica en La Montaña Baja de Guerrero, cuyo manejo lo hace intratable para el gobierno federal.

En el pasado reciente el gobierno federal buscó una oportunidad de pacificación del territorio mediante acuerdos indirectos con los cárteles. Una muestra de esos acuerdos ocurrió durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando enviados suyos trataron de pactar con mandos criminales reconocidos, como lo denunció Edgar Valdés Villarreal "La Barbie", quien dijo haber sido requerido para deponer actitudes violentas.

Antes, en el 2007, enviados secretos del gobierno trataron de disuadir, mediante terceras personas, a mandos del Ejército Popular Revolucionario (EPR), para evitar que estallaran más artefactos explosivos como los que hizo estallar en agosto y septiembre de 2007, que causaron daños a la economía por más de un mil millones de pesos.

Así pues, la oportunidad a la palabra no es, en modo alguno, una posibilidad remota para ser explorada por los gobiernos federal y estatal.

Aunque la tregua que fue tema del encuentro clandestino de Atoyac pudiera ser una oportunidad muy pobre para comenzar la pacificación del estado, siempre queda el recurso del diálogo extralegal para garantizar a los guerrerenses una transición a la paz, la tranquilidad y la armonía social.

Esa es la responsabilidad histórica de Héctor Astudillo y, en el caso de Acapulco, de Evodio Velázquez. Falta ver si ambos están a la altura de ese reto formidable.