El importante y conocido diario nacional, “Excélsior”, publicó una nota el pasado 24 de noviembre

suscrita por Luis Carlos Sánchez, cabeceada así: “Arrasan con zona arqueológica de Chimalhuacán”, “con el aval del INAH, el municipio construyó un teatro que contenía material arqueológico (sic), ya que el predio se ubica a sólo 80 metros de lo que fue el antiguo centro ceremonial”. Con el mismo tono tremendista, el reportero añade: “el caso es igual de ignominioso que el de la capilla de Tlaxcala (denunciado por el Conaculta ante la PGR en julio pasado), donde de la noche a la mañana desaparecen vestigios arqueológicos, considera el abogado especialista en patrimonio, Francisco Dorantes Díaz, quien afirma que en Chimalhuacán se han violado diferentes artículos de la Constitución Mexicana, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, así como las garantías individuales de los pobladores de la localidad. “ Y añade que la construcción del Teatro Municipal de Chimalhuacán comenzó rodeada de irregularidades… el gobierno del antorchista Tolentino Román Bojórquez inició la construcción en 2012… Los pobladores rescatan miles de piezas arqueológicas en el lugar, desde figuras de piedra, pequeñas figuras de barro, cuentas y otros objetos; por esos días, la coordinadora Nacional de Arqueología, Nelly Robles informó a los chimalhuaquenses que existía una orden de suspensión de los trabajos e instruyó al delegado del centro INAH a estudiar la zona. El funcionario firmó un convenio con Rosalba Pineda (presidenta municipal interina) donde el municipio se comprometió a proporcionar los recursos materiales y humanos para llevar a cabo los estudios arqueológicos. El INAH liberó el predio el 31 de octubre de 2012 mediante el oficio 401.B(4)77.2012/1702, en virtud de que los arqueólogos Raúl García Chávez y Rosalba Aguilera determinaron que en el área de registro no existía ninguna construcción prehispánica, colonial o histórica que haya sido afectada por los trabajos de excavación”.

Ello, no obstante, el periodista agrega que el abogado Francisco Dorantes, cree que la actuación de las autoridades violó los artículos 1° y 4° de la constitución, que establece el derecho de todos las personas al acceso a la cultura”. Hasta aquí lo dicho en Excélsior.

La verdad, sea dicha, no pensaba ocuparme del caso. Esto, porque si leemos con cuidado lo que dice el periodista aludido, llegaremos a la conclusión de que el señor Luis Carlos Sánchez lanzó una acusación alarmista y luego, él mismo, se auto refutó. ¿Qué dice? En síntesis, que el H. Ayuntamiento de Chimalhuacán, cuando quien esto escribe lo presidió, inició en febrero del año 2012 un teatro auditorio en un predio donde presuntamente había vestigios arqueológicos relevantes; en seguida, agrega que la obra fue suspendida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) durante varios meses hasta que en el mes de octubre de ese mismo año, las autoridades del INAH liberaron el predio por no existir “ninguna construcción prehispánica o colonial o histórica”. Consiguientemente, ¿cuál es el problema, entonces, si el Ayuntamiento acató la inspección del INAH, suspendió la obra durante varios meses e incluso le proporcionó a éste recursos materiales y humanos para llevar a cabo los estudios arqueológicos, y los trabajos se reanudaron sólo hasta que el predio fue liberado por la autoridad competente? ¿Dónde está la trasgresión a la ley y el atropello del Ayuntamiento de Chimalhuacán? No los veo por ningún lado, lo cual resulta sospechoso.

Y también resultan sospechosas las mentiras flagrantes que el texto contiene: 1) dice que el predio está a “sólo 80 metros de lo que fue el antiguo centro ceremonial”, el Tecpan de Chimalhuacán; esto es cierto, pero lo que no dice es que esos 80 metros están llenos ya de diversas construcciones, de casas particulares, de dos vialidades y de la Casa de Cultura Municipal, construcciones que en su momento gestionaron en tiempo y forma los permisos correspondientes ante el INAH; 2) dice que “los pobladores rescataron miles de piezas arqueológicas que hoy conservan en sus casas”. ¡Falso!, porque la obra estuvo suspendida y resguardada durante meses hasta que el INAH autorizó su reapertura.

Ahora bien, el reportero no aclara, en ninguna parte, quién es ese abogado especialista en patrimonio, de nombre Francisco Dorantes Díaz, no dice a qué institución autorizada representa que pueda poner en entre dicho, legal y técnicamente hablando, el dictamen oficial del INAH. O qué, ¿en este país cualquiera puede erigirse en juez de los demás, acusarlos y sentenciarlos por sus pistolas? Esto incrementa la sospecha de que en este asunto hay gato encerrado porque, además, no hay ninguna similitud con el caso de la capilla de Tlaxcala donde “de la noche a la mañana desaparecen vestigios arqueológicos”. ¿Cuál acción de la noche a la mañana, si el INAH se mantuvo nueve largos meses monitoreando el subsuelo hasta que concluyó que no había nada relevante? Y la sospecha se vuelve al preguntarse: ¿y por qué sale este asunto después de que han transcurrido más de tres años desde que el INAH emitió su veredicto definitivo y cuando estamos a 15 días de la inauguración del La respuesta es clara. Se trata de una calumnia más de la catarata de mentiras que se han propalado en contra del Movimiento Antorchista Nacional, en su ya larga, difícil pero exitosa lucha en favor de las clases trabajadoras del país. Y en concreto, el hecho se explica porque al día siguiente de la nota de marras, nuestro movimiento había programado una manifestación al palacio de gobierno en Toluca, en virtud de que el gobierno del Estado, al menos en los últimos seis meses, ha desatado una campaña soterrada pero muy insidiosa para inconformar a la ciudadanía chimalhuacana en contra de las autoridades municipales de extracción antorchista; más específicamente, los dos hospitales más grandes e importantes del municipio, el Hospital 90 camas y el Hospital Materno Infantil, que dependen del gobierno estatal, han mermado gravemente su capacidad de atención y disminuido hasta en un 85 por ciento el personal médico adscrito. Y como el ciudadano común desconoce que los servicios de ambos nosocomios son responsabilidad del gobierno del Estado, las quejas recaen en contra del ayuntamiento y no del gobierno estatal.

También la oficina del ministerio público, que es de competencia estatal y que por muchos años se caracterizó por ser una dependencia ineficiente, burocrática y llena de corrupción, en alguna medida mejoró a raíz de que el ayuntamiento incorporó a tres abogados para eliminar los vicios referidos, pero ¡oh sorpresa!, de pronto fueron tomados y conducidos presos por la policía estatal por “ingresar a personal meritorio”, o sea, abogados que laboran gratuitamente haciendo su servicio social. ¡Tremendo delito! Y claro, el ciudadano poco informado considera que el pésimo funcionamiento del ministerio público es culpa del ayuntamiento y no del gobierno estatal, o bien, alguna gente sí lo sabe pero se pregunta ¿qué hará el alcalde para corregir el problema? ¿Actuará o se quedará de brazos cruzados?

Nuestra marcha pretendía resolver ambos problemas (por cierto, la movilización se efectuó y los funcionarios ofrecieron una solución para el próximo martes).

Consiguientemente, el golpe mediático buscaba, como se dice coloquialmente, “acalambrar”, es decir, intimidar al Movimiento Antorchista y a las organizaciones del Proyecto Nuevo Chimalhuacán, particularmente a sus dirigentes. Por eso aquello de que el caso de la demolición de una iglesia en Tlaxcala propició una “denuncia ante la PGR”. Pero, sin alardes de ninguna naturaleza, al pueblo consciente y organizado de Chimalhuacán ya no le dan gato por libre ni lo asustan con el petate del muerto. Exigimos por tanto, la mejora inmediata de nuestros hospitales, respeto a nuestros representantes en el ministerio público y al gobierno legal y legítimo del Nuevo Chimalhuacán. Nada más pero nada menos.

El importante y conocido diario nacional, “Excélsior”, publicó una nota el pasado 24 de noviembre suscrita por Luis Carlos Sánchez, cabeceada así: “Arrasan con zona arqueológica de Chimalhuacán”,

“con el aval del INAH, el municipio construyó un teatro que contenía material arqueológico (sic), ya que el predio se ubica a sólo 80 metros de lo que fue el antiguo centro ceremonial”.

Con el mismo tono tremendista, el reportero añade: “el caso es igual de ignominioso que el de la capilla de Tlaxcala (denunciado por el Conaculta ante la PGR en julio pasado), donde de la noche a la mañana desaparecen vestigios arqueológicos, considera el abogado especialista en patrimonio, Francisco Dorantes Díaz, quien afirma que en Chimalhuacán se han violado diferentes artículos de la Constitución Mexicana, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, así como las garantías individuales de los pobladores de la localidad. “ Y añade que la construcción del Teatro Municipal de Chimalhuacán comenzó rodeada de irregularidades… el gobierno del antorchista Tolentino Román Bojórquez inició la construcción en 2012… Los pobladores rescatan miles de piezas arqueológicas en el lugar, desde figuras de piedra, pequeñas figuras de barro, cuentas y otros objetos; por esos días, la coordinadora Nacional de Arqueología, Nelly Robles informó a los chimalhuaquenses que existía una orden de suspensión de los trabajos e instruyó al delegado del centro INAH a estudiar la zona. El funcionario firmó un convenio con Rosalba Pineda (presidenta municipal interina) donde el municipio se comprometió a proporcionar los recursos materiales y humanos para llevar a cabo los estudios arqueológicos. El INAH liberó el predio el 31 de octubre de 2012 mediante el oficio 401.B(4)77.2012/1702, en virtud de que los arqueólogos Raúl García Chávez y Rosalba Aguilera determinaron que en el área de registro no existía ninguna construcción prehispánica, colonial o histórica que haya sido afectada por los trabajos de excavación”.

Ello, no obstante, el periodista agrega que el abogado Francisco Dorantes, cree que la actuación de las autoridades violó los artículos 1° y 4° de la constitución, que establece el derecho de todos las personas al acceso a la cultura”. Hasta aquí lo dicho en Excélsior.

La verdad, sea dicha, no pensaba ocuparme del caso. Esto, porque si leemos con cuidado lo que dice el periodista aludido, llegaremos a la conclusión de que el señor Luis Carlos Sánchez lanzó una acusación alarmista y luego, él mismo, se auto refutó. ¿Qué dice? En síntesis, que el H. Ayuntamiento de Chimalhuacán, cuando quien esto escribe lo presidió, inició en febrero del año 2012 un teatro auditorio en un predio donde presuntamente había vestigios arqueológicos relevantes; en seguida, agrega que la obra fue suspendida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) durante varios meses hasta que en el mes de octubre de ese mismo año, las autoridades del INAH liberaron el predio por no existir “ninguna construcción prehispánica o colonial o histórica”. Consiguientemente, ¿cuál es el problema, entonces, si el Ayuntamiento acató la inspección del INAH, suspendió la obra durante varios meses e incluso le proporcionó a éste recursos materiales y humanos para llevar a cabo los estudios arqueológicos, y los trabajos se reanudaron sólo hasta que el predio fue liberado por la autoridad competente? ¿Dónde está la trasgresión a la ley y el atropello del Ayuntamiento de Chimalhuacán? No los veo por ningún lado, lo cual resulta sospechoso.

Y también resultan sospechosas las mentiras flagrantes que el texto contiene: 1) dice que el predio está a “sólo 80 metros de lo que fue el antiguo centro ceremonial”, el Tecpan de Chimalhuacán; esto es cierto, pero lo que no dice es que esos 80 metros están llenos ya de diversas construcciones, de casas particulares, de dos vialidades y de la Casa de Cultura Municipal, construcciones que en su momento gestionaron en tiempo y forma los permisos correspondientes ante el INAH; 2) dice que “los pobladores rescataron miles de piezas arqueológicas que hoy conservan en sus casas”. ¡Falso!, porque a obra estuvo suspendida y resguardada durante meses hasta que el INAH autorizó su reapertura.

Ahora bien, el reportero no aclara, en ninguna parte, quién es ese abogado especialista en patrimonio, de nombre Francisco Dorantes Díaz, no dice a qué institución autorizada representa que pueda poner en entre dicho, legal y técnicamente hablando, el dictamen oficial del INAH. O qué, ¿en este país cualquiera puede erigirse en juez de los demás, acusarlos y sentenciarlos por sus pistolas? Esto incrementa la sospecha de que en este asunto hay gato encerrado porque, además, no hay ninguna similitud con el caso de la capilla de Tlaxcala donde “de la noche a la mañana desaparecen vestigios arqueológicos”. ¿Cuál acción de la noche a la mañana, si el INAH se mantuvo nueve largos meses monitoreando el subsuelo hasta que concluyó que no había nada relevante? Y la sospecha se vuelve certeza al preguntarse: ¿y por qué sale este asunto después de que han transcurrido más de tres años desde que el INAH emitió su veredicto definitivo y cuando estamos a 15 días de la inauguración del La respuesta es clara.

Se trata de una calumnia más de la catarata de mentiras que se han propalado en
contra del Movimiento Antorchista Nacional, en su ya larga, difícil pero exitosa lucha en favor de las clases trabajadoras del país. Y en concreto, el hecho se explica porque al día siguiente de la nota de marras, nuestro movimiento había programado una manifestación al palacio de gobierno en Toluca, en virtud de que el gobierno del Estado, al menos en los últimos seis meses, ha desatado una campaña soterrada pero muy insidiosa para inconformar a la ciudadanía chimalhuacana en contra de las autoridades municipales de extracción antorchista; más específicamente, los dos hospitales más grandes e importantes del municipio, el Hospital 90 camas y el Hospital Materno Infantil, que dependen del gobierno estatal, han mermado gravemente su capacidad de atención y disminuido hasta en un 85 por ciento el personal médico adscrito. Y como el ciudadano común desconoce que los servicios de ambos nosocomios son responsabilidad del gobierno del Estado, las quejas recaen en contra del ayuntamiento y no del gobierno estatal.

También la oficina del ministerio público, que es de competencia estatal y que por muchos años se caracterizó por ser una dependencia ineficiente, burocrática y llena de corrupción, en alguna medida mejoró a raíz de que el ayuntamiento incorporó a tres abogados para eliminar los vicios referidos, pero ¡oh sorpresa!, de pronto fueron tomados y conducidos presos por la policía estatal por “ingresar a personal meritorio”, o sea, abogados que laboran gratuitamente haciendo su servicio social. ¡Tremendo delito! Y claro, el ciudadano poco informado considera que el pésimo funcionamiento del ministerio público es culpa del ayuntamiento y no del gobierno estatal, o bien, alguna gente sí lo sabe pero se pregunta ¿qué hará el alcalde para corregir el problema? ¿Actuará o se quedará de brazos cruzados? Nuestra marcha pretendía resolver ambos problemas (por cierto, la movilización se efectuó y los funcionarios ofrecieron una solución para el próximo martes).

Consiguientemente, el golpe mediático buscaba, como se dice coloquialmente, “acalambrar”, es decir, intimidar al Movimiento Antorchista y a las organizaciones del Proyecto Nuevo Chimalhuacán, particularmente a sus dirigentes.

Por eso aquello de que el caso de la demolición de una iglesia en Tlaxcala propició una “denuncia ante la PGR”. Pero, sin alardes de ninguna naturaleza, al pueblo consciente y organizado de Chimalhuacán ya no le dan gato por libre ni lo asustan con el petate del muerto. Exigimos por tanto, la mejora inmediata de nuestros hospitales, respeto a nuestros representantes en el ministerio público y al gobierno legal y legítimo del Nuevo Chimalhuacán. Nada más pero nada menos.