Si el gobierno federal no aprovecha el cambio de director general de Pemex para deshacerse de Carlos Romero Deschamps la reforma energética está muerta.
La prioridad de Pemex para ser salvado no es el estudio profundo de las finanzas, en las que se dice es experto el nuevo director general, José Antonio González Anaya, porque el centro de la debacle de esta empresa es la depuración de su plantilla administrativa y una urgente purga en el área sindical, con Carlos Romero Deschamps a la cabeza.
Después de varios días todavía el genio de las finanzas en quiebra no se da cuenta que los pasivos de Pemex no son los empleados sino las corruptelas que se realizaron en complicidad entre empresa y sindicato durante la gestión de los anteriores directores generales y contra los trabajadores desde que está al frente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
Si se depura únicamente la cuestión administrativa, sin remover la totalidad de la estructura sindical, de todas maneras la quiebra será inevitable.
Han pasado varios días desde la toma de posesión del nuevo director general sin que se pronuncie por la inmediata destitución de Carlos Romero Deschamps, lo cual preocupa a todos los mexicanos, pero debe preocuparles más a los miembros de la clase política porque de ello depende el éxito de su reforma energética con la que obtuvieron la anuencia de gobiernos como el de Estados Unidos, que es para la actual administración pública el mayor premio que pueden recibir en su vida. Saben que esto les reditúa un futuro de bonanza familiar y permanencia política.
La reforma energética quedaría sólo en intento si no se castiga toda la secuela de delitos que se cometieron bajo la égida de Romero Deschamps, que van desde el desvío de fondos hasta la vinculación con el crimen organizado.
La estructura sindical tiene más similitud al organigrama de una mafia que de una instancia que defienda los derechos de los trabajadores, quien en este caso, son víctimas de los abusos de los 36 secretarios de las secciones de la empresa petrolera mexicana. Desde diferentes instancias se han levantado denuncias penales contra los 36 principales dirigentes sindicales de Pemex, todos acusados de delitos graves; sin embargo, la protección que tiene Deschamps desde diferentes espacios de la administración pública y desde la cúpula de su partido, le permite gozar de la impunidad de los traidores, lo mismo que a sus secuaces.
La imposición de pertenecer a cajas de ahorros con intereses leoninos, la obligación de adquirir bienes pagaderos con la jubilación, los despidos injustificados, las amenazas de muerte, los secuestros de los familiares de trabajadores disidentes, retiros obligados bajo amenaza, liquidaciones que nunca llegan a su beneficiario, desapariciones, etc. son las prácticas que se llevan a cabo continuamente dentro de la estructura sindical con la anuencia y a veces complicidad de la parte patronal.
Sin trabajadores especializados que trabajen la infraestructura de Pemex no habrá producción adecuada, ni progreso en el proceso de licitaciones que implica la reforma energética. Si estos trabajadores son despedidos, maltratados, desaparecidos, amenazados, nadie podrá sacar adelante la empresa.
De no salirse esa barbarie corrupta comandada por Romero Deschamps, la ordeña de ductos seguirá siendo no sólo una práctica cotidiana de parte del crimen organizado sino un peligro para los trabajadores porque no se realiza con mano de obra especializada sino con los que se prestan desde adentro a regalarles el crudo a los delincuentes. Porque ellos saben perfectamente el momento en el que extraen el energético y el lugar dónde se ubican quienes roban el gas y el crudo, porque los medidores de presión se los indican y no pueden llamarse a sorpresa. Esta práctica será una de las primeras que debe evitar el nuevo director general de Pemex y nunca detendrá si no erradica la estructura sindical dedicada al saquero de la riqueza de los mexicanos.