A Javier Darte no le quedó otra alternativa que adoptar la moda de la telenovela, del histrionismo, de la actuación y montó un tinglado en Veracruz, para que haya testimonios de que la policía veracruzana también puede hacer su papel de cuidar a la población y no sólo de descuidarla o maltratarla o desaparecerla o asesinarla.
La operación Veracruz Seguro rescató con vida a cuatro jóvenes que fueron secuestrados por un grupo de la delincuencia organizada en las inmediaciones del Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano en el fraccionamiento Reforma del Puerto de Veracruz. Así reza el boletín que por sí solo descubre el tinglado, porque si lograron huir cómo saben que pertenecen a la delincuencia organizada, además nunca han capturado secuestradores en Veracruz desde hace varios años, y menos aún el mismo día.
Lo que intenta con este teatro para ingenuos el gobernador es salvarse del desafuero que el presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, Fernando Yunes Márquez, anunció que impulsará contra Javier Duarte, por las investigaciones que pesan en su contra por los asesinatos de 15 periodistas en su administración. Además, el presidente de la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, Marco Antonio Blásquez, señaló: “Quiero preguntarle al Presidente qué se requiere para que un gobernador sea destituido de sus funciones”.
Los senadores presentarán un Punto de Acuerdo, donde van a solicitar a la PGR para que atraiga las investigaciones de la reportera veracruzana y agilice las averiguaciones por diversos delitos en contra del gremio periodístico.
Mientras Javier Duarte dirigía su telenovela para evitar su desafuero, se creaba otra protesta por otra de las mentiras, fabricada en los escritorios de la administran pública estatal: La criminalización que hizo la Fiscalía General del Estado al vincularla con el presunto delincuente Víctor Osorio Santacruz El Pantera, horas después de que Anabel fuera “levantada” por un comando vestido con uniformes tipo militar.
La vinculación del crimen organizado con la periodista fue alimentada por la oficina de prensa del gobierno de Javier Duarte, quien incluso manipuló varias notas periodísticas para boletinar la supuesta relación de Anabel Flores con El Pantera.
El secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Atención para la Protección de Periodistas, Geiser Manuel Molinari, lamentó la criminalización que hizo la FGE de la reportera, pero reparó en que ahora la Fiscalía estará obligada a demostrar el supuesto vínculo delincuencial.
Pero en materia de justicia las procuradurías del país no pueden demostrar s ni sus verdades históricas, y lo peor es que ni siquiera se sonrojan ante tal impunidad. Criminalizan, señalan, culpan, responsabilizan sin pruebas, pero al darle difusión profusa a sus especulaciones logran a veces convencer de que a los periodistas que asesinan por estar vinculados con los delincuentes.
El gobierno se salva, culpa a otros que logran la impunidad total, quienes al igual que ellos pueden ser reales o no, el caso es que ni siquiera inician averiguaciones serias para que este tipo de delitos sea castigado.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas reprobó “categóricamente” el homicidio de la periodista veracruzana así como indicó que las personas que han sido víctimas de algún delito o violación de sus derechos humanos tienen la prerrogativa a no ser objeto de especulaciones públicas sobre su pertenencia al crimen organizado o su vinculación a alguna actividad delictiva, tal como lo establece la Ley General de Víctimas.
Al ver que por ese lado acusar sin pruebas tendría repercusiones ahora la procuraduría estatal crea el fantasma del crimen pasional. Tanto interés por culpar a la víctima acusa complicidad de su asesinato y tortura.

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