Junio 20, 2017
Un total de 10 personas, entre ellos abogados, defensores de derechos humanos y periodistas presentaron una denuncia de hechos ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) por acceso ilícito a sistemas e intervención ilegal de comunicaciones privadas, que tienen como penas entre 6 y 12 años de prisión.
La denuncia es por las 76 ocasiones que entre 2015 y 2016, el gobierno mexicano supuestamente intentó instalar el virus de espionaje Pegasus en los teléfonos de 15 personas: periodistas, activistas defensores de derechos humanos y un adolescente. Mediante este malware, los smartphones de las víctimas se habrían convertido automáticamente en espías de bolsillo.
En conferencia de prensa, seis de los demandantes presentaron la denuncia que en parte publicó ayer el diario The New York Times. Se trata de una análisis que realizó Citizen Lab, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3d) y Social TIC, en la que se acusa que supuestamente la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) habrían adquirido licencias para utilizar el malware comercializado por NSO Group.
Desarrollado por la empresa israelí, el malware Pegasus se vende únicamente a entes gubernamentales de los países. Cada licencia de infección tendría un costo de 77 mil dólares, plantearon al presentar el documento ’Gobierno Espía. Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México.
Las ONG destacaron su preocupación de que el uso reiterado de estos ataques en contra de periodistas y defensores de derechos humanos se dio durante coyunturas críticas de su labor y con el hecho de que ’todas tuvieron un actor en común que fue el gobierno federal.
