Ciudadanos del municipio de Ayutla de los Libres denunciaron que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero (IEPC-Gro) no ha atendido adecuadamente su petición de realizar una consulta para regresar al sistema de gobierno por partidos políticos, ante las violaciones a sus garantías cometidas por quienes integran el Concejo Municipal Comunitario, y que mediante presiones y alteración de actas pretenden perpetuarse en el gobierno municipal.
En conferencia de prensa en Chilpancingo, demandaron la intervención del gobierno estatal, del Congreso local y de la Comisión de Derechos Humanos, para que se les garantice su derecho, porque son más de 5 mil 300 ciudadanos que han expresado su inconformidad por los abusos que comete el CMC integrado por los ciudadanos Longino Julio Hernández Campos, Patricia Guadalupe Ramírez Bazán e Isidro Remigio Cantú.
El profesor Rutilio Espíndola Castro, delegado de la colonia Barrio Nuevo, informó que el 10 de septiembre del año pasado, mediante oficio más de 5 mil 300 ciudadanos de Ayutla solicitaron al Instituto Electoral que realizara una nueva consulta para determinar si se mantiene el sistema de gobierno por usos y costumbres, o si se regresa al sistema de partidos políticos.
Mencionó que de 141 comunidades que tiene el municipio de Ayutla, alrededor de 120 respaldan el regreso del gobierno por sistema de partidos políticos, porque el resto de las comunidades han sido obligadas a elaborar un acta en la que se manifieste el respaldo a la continuidad del gobierno por usos y costumbres.
El 27 de noviembre, el IEPC les respondió que tiene que ser el Concejo Municipal Comunitario quien realice esa consulta, determinación que fue impugnada por los ciudadanos ante el Tribunal Electoral del Estado.
Pero con el control que tiene en el municipio, el Concejo Comunitario ha comenzado a presionar a comisarios, delegados y presidentes de colonias para que firmen actas en las que supuestamente respaldan la continuidad del gobierno por usos y costumbres.
Agregó que el comisario o representante que no firme, será expulsado de su cargo, sobre todo los representantes que están ocupando un espacio en la llamada Casa de los Pueblos, como se le conoce ahora al edificio del Ayuntamiento.
Denunció que el integrante del Concejo Comunitario, Isidro Remigio Cantú, a quien el lunes acusaron de que como supervisor escolar expulsó a 15 niños en represalia porque sus padres apoyan el regreso del gobierno por sistema de partidos políticos, es quien recorre los pueblos y colonias exigiendo la elaboración de actas a favor del gobierno de usos y costumbres, para engañar al Instituto Electoral de que todo está bien en Ayutla.
’Presiona para que el pueblo que no entregue el acta quede fuera totalmente del municipio, y a los representantes que no entreguen el acta a favor de ese sistema de gobierno, serán removidos de su cargo’, afirmó.
Mencionó que hay presiones contra los representantes de comunidades como: La Haciendita, Tlalapa, El Limón, El Progreso, Pumarrosa, Río Velero, La Unificada, Parotillo, Ciénega del Sauce, a quienes ha sometido el gobierno comunitario.
Afirmó que en algunas comunidades los integrantes del Concejo Comunitario no quieren reconocer a los delegados porque no simpatizan con el sistema de usos y costumbres, y solamente apoyan a comisarios y delegados afines a su movimiento.
Rutilio Espíndola dijo que hay problemas en varias colonias de la cabecera municipal: La Villa, Nueva Revolución, Cruz Alta, Miguel Hidalgo y Barrio Nuevo, cuyos delegados no han sido reconocidos por el Concejo Municipal en represalia porque son promotores del regreso del sistema de partidos políticos.
Son hostigados por pedir otra forma de gobierno
A nombre de los ciudadanos demandó al Congreso del Estado, al Gobierno Estatal y a la Comisión de Derechos Humanos, que intervengan en Ayutla de los Libres y se garantice el derecho de más de 5 mil 300 ciudadanos a que se realice una nueva consulta ciudadana sobre la forma de gobierno en ese municipio, pero de manera libre, sin coacción de los integrantes del Concejo Municipal Comunitario.
’El IEPC ya no queremos que intervenga porque es una figura que siempre ha estado del lado del Concejo Municipal Comunitario, porque cuando fue la primera consulta el IEPC les dio todas las facilidades a pesar que solo eran 48 personas que pidieron elección por usos y costumbres, y ahora que somos más de 5 mil 300 ciudadanos el IEPC no ha respondido como autoridad’, señaló.
Detalló que los opositores al Concejo Comunitario han sufrido amenazas y a él el 19 de marzo del 2018 lo golpearon, encarcelaron y torturaron por elementos de la UPOEG, que se ha convertido en el brazo armado del gobierno por usos y costumbres, ’los ciudadanos temen a este gobierno porque son sometidos a proceso de reeducación sin haber razón’.
Marciana Carlos Carranza dijo que el año pasado fungió como delegada de la colonia Nueva Revolución, y fue aislada junto con su grupo antes de terminar el cargo por no respaldar al Concejo Comunitario, bajo amenaza de que la van a someter a reeducación, y le están exigiendo el sello de la delegación.
Responsabilizó a los representantes de la colonia Nueva Revolución ante la Casa de los Pueblos: Victorina Ramírez Alfonso, Martín Reyes Petronilo, Luis Margarito Ramírez Victoria, y Marcelino García Florino, de los atropellos que se han cometido en contra de ciudadanos de la colonia.
Otros ciudadanos que estuvieron en la conferencia de prensa son: Carlos Ramos Ortiz, de la colonia Tlalapa; Adrián Silva, consejero de la colonia Nueva Revolución; Susana Lozano Villalobos, de la cabecera municipal; Azucena Gatica Garzón, de la colonia San José; Lucina Francisco Felícitas, de la colonia Nueva Revolución; Teodoro Castro de la comunidad de Las Cruces; Modesta García Ramírez, de Nueva Revolución; Laurencio Nava Parra, de La Haciendita; Omar Castro, de Las Cruces; Marcela García, de la colonia Piedra del Zopilote; Hernaldo Flores, de El Refugio; Gerardo Solano, de la Vistahermosa, entre otros.
