Según el artículo 123 de la Constitución: “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.
Según la realidad, los 67.29 del minisalario alcanzan para comprar dos docenas de huevo, cuatro litros de leche, cinco de tortilla o medio kilo de carne… eso sí, habría que elegir entre uno de los cuatro productos, no todos a la vez.
Hablando de un submenú familiar, con ese dinerito usted podría comprar un litro de leche, un kilo de tortillas, otro de jitomates y, tal vez, cinco huevos… pero más le valdría llegar caminando a su trabajo y olvidarse de esa extravagancia llamada educación para sus hijos.
En México, 13% de la población económicamente activa gana el salario mínimo; 23%, apenas recibe el doble. A esa gente, un huevo no le cuesta un peso, pero un peso sí le cuesta un huevo…
En los últimos 35 años, el poder adquisitivo de los trabajadores ha caído más de 70%. El rezago es tal, que según la Comisión Económica para América Latina (Cepal), México es el único país de la región cuyo salario mínimo está por debajo de la línea de la pobreza. Sólo en Haití ganan menos (Javier Aparicio, Excélsior 10 de mayo de 2014).
Es vergonzoso, injusto e ilegal que nuestro país haya permitido la degradación del salario mínimo a los niveles actuales. Mantenerlo como está es una violación flagrante y cínica de la Carta Magna.
Aun así, hay quienes rechazan aumentar la llamada remuneración base, por decreto. Los empresarios se oponen, porque según ellos, si hay incremento se elevarían los costos laborales en la misma proporción… y eso sería la debacle económica. El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, advierte el riesgo de desatar un indeseable efecto inflacionario.
Pero el funcionario y los patrones podrían estar equivocados.
La economía mexicana —con todo y el freno de los últimos años— es la segunda más importante de Latinoamérica… entonces resulta difícil explicar cómo otros países, con menor nivel de desarrollo, hayan hecho mejor la tarea.
El tema de la inflación provocada por un eventual incremento al minisalario también es falaz. El hecho no necesariamente representaría un impacto importante en los costos de las empresas ni necesariamente produciría un incremento generalizado de precios, ya que al final de cuentas, un aumento a los mínimos sería benéfico para la minoría más pobre del país, y no afectaría al resto de la población.
El otro tabú tiene que ver con las multas y contribuciones. Según los opositores al incremento, se dispararían los montos por pagos de multas de tránsito; los créditos del Infonavit; las prerrogativas de los partidos políticos… y otros 400 rubros, indexados al salario mínimo desde los años setenta.
El “minisalario” ya no debe ser un referente… para eso bastaría con adecuar leyes y reglamentos y utilizar las UDIS (Unidades de Inversión). Por cierto, esa propuesta será presentada por el GDF en la próxima reunión de Conferencia Nacional de Gobernadores.
En justicia, los salarios mínimos no deberían existir. Ponerle un límite menor a la remuneración del trabajo es instituir lo que todo mundo protesta, que es, hacer las cosas por decreto…
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