Sin derechos humanos

La dictadura se cataloga como tal por la categoría que la oposición coloca al gobierno con el que coexiste. En México la oposición prácticamente no hay oposición, menos aún si la tratamos de encontrar en los partidos políticos.
Sin embargo, en nuestro país la sociedad civil, desamparada por los partidos y sin refugio en alguna filiación que reconozca sus necesidades e inquietudes. Se organiza de manera paralela, sin que esto implique la creación de un partido ni el apoyo a alguna otra organización o líder.
Cuando el descontento social crece en cualquier país, los partidos políticos sirven de válvula descepa para desahogar la inconformidad social y evitar que se radicalice la protesta; en México las medidas adoptadas por el gobierno son más radicales que cualquier otra expresión de inconformidad social, y más aún si tomamos en cuenta que el gobierno absorbió a la disidencia partidista con el Pacto por México, suceso que marcó la mansedumbre de la oposición en México.
Los avisos de la comunidad internacional son cada vez más numerosos, continuos e intensos respecto a la violación de los derechos humanos en México, sólo similar a las dictaduras tropicales de África en los 90.
El viaje del Presidente de la República a los Países Bajos fue suspendido por la innecesaria presencia del ejecutivo mexicano ya que empresarios de esos países se negaron a establecer trato alguno con el país cuyo gobernó viola la integridad de sus habitantes. Las desapariciones forzadas y la práctica de la tortura obligaron a cancelar, probablemente aplazar la visita del mandatario mexicano a esos países.
Posteriormente, la FIFA hace que la Federación Mexicana de Futbol pierda la esperanza de realizar en México un mundial debido a los reclamos internacionales sobre la violación de los derechos humanos en el país, condición que será tomada en cuenta por la FIFA para definir al anfitrión.
Casos como los de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya, la tortura perpetrada por cuerpos policiacos y militares, las desapariciones forzadas, la condición de los migrantes y del sistema penitenciario mexicano y los asesinatos de periodistas, entre muchos otros, son señalados en informes de organismos internacionales, dan cuenta de que México es un país donde se violan sistemáticamente los derechos humanos y es la nación más denunciada ante la CIDH.
Por si esto fuera poco, el presidente de la Organización de Estados Americanos, James Cavallaro, lamentó que el Gobierno mexicano se negara a seguir cooperando con las investigación que realizaban los miembros del Grupo Independiente de Expertos Interdisciplinarios sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y señaló que se debe estar preocupado por el estado de la justicia en México ante los resultados dados por las autoridades mexicanas sobre el caso.
’La forma en que este caso ha sido manejado por las autoridades mexicanas, y la forma en que presionó y creó una situación que hace imposible que el grupo de expertos continuara es irritante. Es irritante por el hecho de que todavía hay 43 padres que no saben lo que pasó con sus hijos’, dijo James Cavallaro, quien señaló que las razones por las que se decidió que los miembros del GIEI se retiraran, fue por la falta de cooperación del gobierno mexicano para entrevistar a los militares del 27 Batallón del Ejército, con sede en Iguala, Guerrero, y a la campaña de desprestigio en contra de los expertos extranjeros, orquestada en muchos casos, desde los escritorios de la alta burocracia del país.
La comunidad internacional presiona pero la estructura de poder en México no cede, desconoce otra manera de hacer justicia a la medida, de sacar confesiones a los delincuentes, de amedrentar a los disidentes de desactivar la inconformidad social, de castigar la libertad de conciencia. En una palabra, esa estructura todavía no aprende a gobernar dentro de una democracia
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