Al Día
Marcial Campuzano
La ruta de la ’mochada’, del ’moche’ o de la dádiva en el aparato de justicia de Guerrero sigue vigente, de lo contrario no avanzan los juicios, o de plano quienes atienden la demanda de justicia de víctimas y agraviados no cumplen con su responsabilidad, se hacen de la vista gorda y no avanzan los procedimientos jurídicos si no hay billetes de por medio.
El viacrucis que enfrentan quienes exigen justicia es permanente, como lo narró recientemente el conocido abogado capitalino Pedro Ramírez Millán, a lo que se suma un titular del Poder Judicial sin capacidad jurídica y sin méritos para dirigir al Tribunal Superior de Justicia en la persona de Robespierre Robles Hurtado, quien en lugar de atender con seriedad y responsabilidad su encomienda, privilegia la fotografía en el café y los eventos sociales, pensando que de esa forma amarrará la candidatura para ser presidente municipal de Acapulco con el apoyo del Partido Revolucionario Institucional.
Históricamente, el Poder Judicial de Guerrero ha sido señalado de tener jueces corruptos, irresponsables y dinereros; de tener personal de menor rango que ha encontrado un nuevo modo de vida por las ’propinas’ que reciben tanto del que exige justicia como del que se defiende para no ir a la cárcel o para ser condenado a reparar un daño económico, incluso moral.
Don Pedro Ramírez calificó como un martirio acudir a los juzgados a exigir justicia porque, según él todo se cobra, de lo contrario no avanzan los procesos judiciales y esta irregularidad la practican desde las o los mecanógrafos, los actuarios, secretarios de acuerdos, proyectistas y jueces, sin descartar la posibilidad de que la contaminación llega hasta los magistrados cuando los asuntos pasan a la segunda instancia.
Es un secreto a voces que toda esta maraña de corrupción en el aparato de justicia de Guerrero ocurre en los juzgados, y el aparato encargado de vigilar que los jueces y demás personal jurisdiccional se conduzcan con pulcritud duerme el sueño de los justos.
Me refiero al Consejo de la Judicatura que durante el primer año de gobierno del gobernador Héctor Astudillo Flores, no ha dado a conocer a la opinión pública las sanciones que ha aplicado a jueces, proyectistas y secretarios de acuerdo que corrompen la justicia, y a quienes por su irresponsabilidad no cumplen los tiempos procesales.
En el pasado reciente el único miembro del Consejo de la Judicatura que se atrevió a hacer público a través de los medios de comunicación las sanciones aplicadas a jueces, secretarios de acuerdo y proyectistas por incurrir en irregularidades, fue el actual secretario general del ayuntamiento de Chilpancingo, Gustavo Adolfo Morlet Berdejo.
Adolfo Morlet sin pelos en la lengua comunicaba el tipo de sanción aplicada y los nombres de los irresponsables servidores públicos del Poder Judicial que incurrían en irregularidades, lo cual con seguridad no era del agrado de quien en ese entonces dirigía al Tribunal Superior de Justicia por las redes de complicidad y proteccionismo que hay al interior de esa institución.
Actualmente se desconoce quiénes integran el inoperante Consejo de la Judicatura, así como las actividades que realiza porque al igual que las sesiones de pleno que llevan a cabo los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, sesionan en secreto y se ocultan los resultados a la opinión pública.
Todo ello hace pensar que en el Poder Judicial de Guerrero hay un nido de complicidades, de proteccionismo y componendas para lucrar la administración de la justicia, sin reparar que ello incrementa la impunidad y fomenta la comisión de delitos.
