Anunciado el martes pasado por el presidente Enrique Peña Nieto, el proyecto del nuevo aeropuerto de la ciudad de México ya enfrenta sus primeras críticas por parte de especialistas y de diferentes grupos opositores que advierten grandes peligros, tanto de operación como ecológicos, de llevarse a cabo tal y como lo ha propuesto el gobierno federal.
Las críticas van esencialmente en dos sentidos: en la inviabilidad del proyecto, debido a que, han asegurado expertos, los terrenos no son aptos para una construcción de esas magnitudes, lo cual podría traer problemas de hundimientos e inundaciones; y en las afectaciones al medio ambiente, sobre todo en una zona como Texcoco, en donde desde 1971, por decreto presidencial, se estableció el “Plan Lago de Texcoco”, que tiene como objetivo hacer una recuperación ambiental del área.
En 2001, cuando Vicente Fox propuso la construcción de un nuevo aeropuerto, fueron los factores sociales los que echaron abajo el proyecto. En 2009, con Calderón como presidente, fueron asuntos económicos los que impidieron que se llevara a cabo dicho plan. Ahora, en 2014, con el PRI de regreso, la amenaza podría venir de la mano de urbanistas y grupos ecologistas.
Para José Luis Luege Tamargo, ex director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) este proyecto es inviable porque, asegura, la zona federal de Texcoco se considera un vaso regulador de las lluvias en el Valle de México, por lo que es susceptible de inundaciones.
Citado por la revista Forbes en una nota firmada por Roberto Arteaga y Francisco Muciño, Tamargo, quien es presidente de la organización Ciudad Posible, dice: “El Plan Lago de Texcoco se mantiene vigente y la zona que protege es la zona federal de dicho lago, que es, por definición, una zona inundable, por ser el área más baja del valle”.
Por su parte, en el mismo texto, el ingeniero y analista de mecánica de suelos, Manuel Frías Alcaraz, advierte que de hacerse en esta zona de Texcoco el aeropuerto, podría haber graves afectaciones de infraestructura que traerían en consecuencia un deterioro prematuro, lo que haría indispensable hacer grandes inversiones para realizar mantenimiento.
“La zona donde se ubica el Aeropuerto (Internacional) Benito Juárez presenta continuos hundimientos del subsuelo, lo cual se traduce en graves inundaciones y afectaciones a la infraestructura aeroportuaria”, explica Alcaraz.
A decir del gobierno, según el proyecto presentado, el nuevo aeropuerto contempla un plan hidráulico para el saneamiento y recuperación de agua y la mitigación de riesgos de inundación.
Según el documento, se entubarán 25 km de cauces en la zona contigua para reducir el riesgo de inundaciones y los malos olores que hay en la zona. Asimismo, se construirán 39 km de túneles que mejorarán el sistema de drenaje de la zona y se edificarán 145 km de colectores marginales de los 9 ríos para evitar escurrimientos de aguas negras.
UN PROBLEMA ECOLÓGICO
El proyecto del nuevo aeropuerto de la ciudad de México, que requiere una inversión inicial de 169 mil millones de pesos, ocupará un espacio de dos mil hectáreas, en donde se construirán un edifico principal y seis pistas, con las cuales se permitirán los despegues y aterrizajes simultáneos.
Las asociaciones ambientalistas como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf) y los Guardianes de los Volcanes ven en todo esto un peligro ambiental, porque contribuirá a la contaminación del aire y del ruido.
Asimismo, advierten afectaciones en las más de cuatro millones de personas que viven (y vivirán) al lado del nuevo aeropuerto. De hecho, en la zona ya iniciaron las protestas. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra inició el pasado miércoles las movilizaciones. Alrededor de 50 ejidatarios realizaron un recorrido por los campos de cultivo e hicieron una toma simbólica de maquinaria, que es propiedad de una empresa contratista de la Comisión Nacional del Agua.
Recorrieron parte de los cerros Huatepec y Tepetingo, enclavados en la zona ejidal donde existen vestigios prehispánicos, y ahí denunciaron que tierras de los ejidos de Ixtapa, Nexquipayac e Itocuila fueran adquiridas ilegalmente y bajo presión por la Conagua.
Fueron claros: el gobierno federal dice que la franja de hectárea es zona federal, sin embargo hasta hace unos meses eran propiedad de los ejidatarios y con engaños y presión las adquirió a los campesinos.
