Durmiendo con el enemigo, se titula una serie de la televisión estadounidense que retrata el conflicto de muchas parejas, principalmente, pero que puede aplicarse al estatus de las relaciones internas del Gobierno mexicano, que convive con la corrupción y la impunidad y, lo más grave, con el crimen organizado y desorganizado.
Para no disgregar el hecho es que ayer se dio una prueba fehaciente de esta realidad: Agentes de la misma Policía Federal, comandada por Manuel Mondragón y Kalb, en coordinación con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, aprehendieron en el maltratado puerto de Acapulco a una pandilla de 18 presuntos secuestradores y supuestos asesinos, de los cuales 13 eran, aunque usted lo crea, agentes de la Policía Federal.
Los integrantes de la banda operaban encabezados por un civil, en el sureño estado de Guerrero y están vinculados con siete homicidios y cuatro secuestros, de los cuales dos finalizaron en la muerte de sus víctimas, de acuerdo con el vocero de seguridad del gobierno federal, Eduardo Sánchez Hernández, quien dio a conocer los hechos en conferencia de prensa en el área de comunicación social de la Secretaría de Gobernación.
Advirtió el vocero que “esta acción demuestra que no se tolerarán, bajo ninguna circunstancia, actos de corrupción de los elementos designados a la protección de la población”. Además de los 13 elementos arrestados en esta operación, en lo que va de la presente administración han sido consignados 81 policías federales por la comisión de diversos delitos.
Independientemente de las promesas gubernamentales de que no se tolerará la corrupción y el crimen en las filas de los empleados públicos y de las afirmaciones consoladoras de que la mayoría de los policías es leal a las instituciones, lo dado a conocer este lunes es sólo otra arista de un gigantesco témpano. Es un secreto a voces que las corporaciones policiacas en todo el país (¿sólo las policías?) están infiltradas por el narcotráfico y el crimen organizado.
Este escribidor no tuvo la oportunidad de preguntarle a Sánchez Hernández sobre un asunto que quizá fuera el elemento más importante de la noticia dada por el funcionario: ¿Qué pasa con los exámenes de confianza? Algo está podrido entre lo podrido. Cómo es posible que en las filas de la Policía Federal como en cualquier otra corporación policial en todo el país se den estas contrariedades. Por reglamento, a los aspirantes a ocupar un puesto se les aplica el examen de control de confianza cuando están tramitando su nombramiento. Y por reglamento tienen que superar el peligro cada dos años, con opción a que sea antes de ese plazo.
¿Qué? ¿A los 13 federales involucrados con el crimen organizado nunca les aplicaron el polígrafo? ¿O sobornaron a los sicólogos que conducen la prueba? ¿O son tan sicópatas que los engañaron? A un funcionario civil, cuyo desempeño en la administración pública no tiene nada qué ver con la seguridad, jamás se le perdona el examen del polígrafo. ¿Por qué en las corporaciones policiales se da ese perverso maridaje con el crimen organizado?
¿Cómo es que criminales se cuelan en las filas del sector seguridad pública, si todo servidor público encargado de cuidar a los miembros de la sociedad tuvo que haber aprobado? Imposible de digerir.
