Zona de desastre

Tal podría decirse de ciertas áreas de la administración pública que desde hace tiempo vienen haciendo agua sin que al parecer el titular, Héctor Astudillo, se percate de ello.

Recientes declaraciones del gobernador Astudillo causaron reacciones airadas de diferentes sectores sociales que consideraron indignante e injusta la opinión del mandatario según la cual se ha magnificado el cierre de negocios que han bajado sus cortinas, dijo, por mal servicio.

Habrá que hacer al menos tres observaciones a la opinión del mandatario que, tal parece, está desinformado por su personal.

De acuerdo con trascendidos confiables, en el estado de Guerrero pero sobre todo en el puerto de Acapulco opera un Grupo de Rescate que busca revertir las condiciones e imagen de la ciudad para ubicarla de nuevo en niveles aceptables de percepción violenta. Ese equipo vendría de una experiencia exitosa en Ciudad Juárez y Monterrey, donde revirtió exitosamente la imagen de violencia que ofrecían dichas ciudades.

Primero: es bastante factible que esté actuando ese equipo en el puerto de Acapulco, pero su trabajo dista mucho de alcanzar resultados notables por una razón elemental: Acapulco no tiene ningún parecido con Juárez o Monterrey ni, hay que matizarlo, las condiciones son las mismas. Si ese Grupo de Rescate opera en el puerto, pues no se nota.

Eso nos lleva a otro aspecto insoslayable de la administración pública: la comunicación social. El trabajo de rescate institucional, operado por un grupo externo o por el mismo gobierno del estado, es invisible porque simplemente no funciona -o funciona a medias, lo que es igual de frustrante- el aparato que se supone debiera manejar la imagen institucional del gobierno del estado de Guerrero así como de su titular, el gobernador Héctor Astudillo.

Para no ir más lejos habrá que decir que el equipo de prensa está encabezado por una persona neófita en la operación mediática, la señora Erika Luhrs Cortés, quien aplica criterios políticos y facciosos a un aparato institucional que debiera estar guiado por una ruta de impacto mediático y de interés social.

Criterios políticos porque actúa como si estuviera en una contienda electoral, defendiendo una postura política, acompañada eso sí por una facción de profesionales de la información que le ayudan a difundir parcialmente el quehacer gubernamental. El problema es que, por consecuencia, Luhrs ignora e inclusive obstruye a otros actores que pudieran ayudar a difundir las informaciones oficiales.

Una consecuencia directa es que, al ejercer veto contra un número indeterminado de comunicadores locales, la titular genera un vacío de información que de inmediato es llenado con rumores, versiones sin fundamento, e inclusive informaciones desbocadas, opuestas al interés oficial. ¿Eso es lo que quieren?

Un ejemplo: tres corresponsales de una agencia internacional de noticias, que ha publicado informaciones sensibles sobre la situación político-social en el estado de Guerrero -con el consecuente impacto en medios de comunicación extranjeros y en corrientes de opinión de otros países-, simplemente son ignorados por la titular cuando debiera ser al revés.

Las afectaciones causadas por el huracán Ingrid, los sismos y los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala fueron oro molido para las agencias internacionales, que escasa atención tuvieron de la administración anterior lo cual no ha mejorado con el gobierno actual de Héctor Astudillo, a pesar de que el impacto internacional es simplemente brutal.

En el entorno local la consecuencia del vacío de atención e información se puede palpar perfectamente en la red social, así como en múltiples portales digitales de información, donde hacen pedazos la gestión y la imagen de Héctor Astudillo. Eso, por otra parte, no parece preocuparle a la señora Luhrs Cortés.

Desde luego, ni pensar que exista una estrategia de comunicación que se pudiera definir como política pública o política de estado. Eso no existe en la barbarie en la que subsisten los guerrerenses.

La tercera observación: el gobernador parece estar desinformado por la sencilla razón de que carece de un servicio de inteligencia. No hay ningún tipo de inteligencia: ni táctica, ni operativa, ni estratégica. Hay, eso sí, un Grupo de Coordinación Guerrero que funciona como una suerte de consejo de asesores del gobernador, pero que dista mucho de generar productos acabados de inteligencia.

Que le ayudan al gobernador a tomar decisiones, sí. Pero con información sesgada e incompleta esas decisiones se tornan en yerros oficiales de los que, en el peor de los casos, Astudillo ni siquiera se da cuenta. Como cuando dijo que se magnifica lo del cierre de negocios y que los que cierran es porque están mal administrados. Por favor…

Es hora de que comience a funcionar el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI) que inauguró el secretario de Gobernación en Iguala como una entidad que, tal como el título dice, deberá generar productos de inteligencia recolectados de distintos organismos federales que se dedican a ello, especialmente el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), la llamada inteligencia civil.

Después del índice de homicidios, que se disparó en los primeros tres meses del año, dos fenómenos delictivos que han cobrado una fuerza inusitada son la trata de personas -sin duda alguna la tipología delictiva más deleznable- y la extorsión.

El fenómeno extorsivo se ha extendido a unos 30 o 40 mil negocios chicos, medianos y grandes. Es un fenómeno imparable, difícil de detectar por la entendible razón de que ningún comerciante va a denunciar si tiene una pistola apuntándole a la cabeza. La extorsión ha cobrado carta de naturalización entre comerciantes de todo giro: ya no sólo son extorsionados quienes militan en el comercio informal, sino los grandes y medianos establecimientos, sin contar giros como el transporte público, la construcción y, ahora, el turismo.

Para que la clase política en el poder se entere: ya no sólo estamos en una crisis humanitaria, sino en una verdadera emergencia delictiva. Es tiempo de que el gobernador tome decisiones a la altura de la gravedad de las circunstancias. Ya no hay tiempo para nada más.