La mala elección de una entidad financiera para administrar recursos del gobierno del estado de Hidalgo así como una lenta ejecución provocaron que se hayan dejado de erogar 807 millones 128 mil 783.80 pesos del ejercicio 2021, los cuales, en lugar de destinarse a programas sociales, terminaron en los bolsillos de banqueros.
La razón, que la secretaria de Finanzas Jessica Blancas determinó que fuera Accendo Banco la entidad que administrase las ministraciones provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Entidades (FISE) así como del Fondo General de Participaciones (recurso entregado a municipios).
El banco que perdió su licencia por defraudar al sistema financiero
Los bancos crean dinero a partir de la deuda. Cuando una entidad otorga un financiamiento, lo hace con dinero electrónico supuestamente respaldado por los pagarés (créditos) con los que cuentan en sus libros contables. La iteración de este movimiento (el agregado de depósitos, incluidos los pagos a préstamos que se vuelven a otorgar como financiamientos) provoca que el verdadero capital con el que cuentan sea mucho menor al respaldo de los mismos ahorradores y de su propio capital; en otras palabras, permiten que la gente se endeude ofreciendo como garantía la deuda de otras personas -obteniendo jugosas ganancias por la intermediación de este “servicio”-.
Sin embargo, a medida que los créditos se respaldan con más deuda -que no dinero-, el riesgo de colapso de su sistema se vuelve más grande. Es por ello que la Ley en México establece como mínimo un Índice de Capitalización Bancaria del 10.5%, esto es, que por cada 1,000 pesos “prestados”, al menos debe existir una garantía, real, de 105 pesos para afrontar sus problemas de liquidez -que se ven acelerados por mala administración, morosidad, etc.-.
Prácticamente desde 2020 Accendo Banco, representado por Luis Reyes de la Campa, mantuvo un Índice de Capitalización (ICAP) sumo riesgoso del que cualquier inversionista debió haberse alejado; tras un repunte entre febrero y marzo de dicho ejercicio, sus números fueron a la baja, picada que se detuvo en noviembre para posteriormente volver a bajar.
Ya desde abril de 2021 tenía un ICAP más bajo del que estipula la Ley, por lo que el comportamiento más normal de cualquier entidad que tuviera sus recursos con ellos, era el de retirar su capital antes del desastre.
La secretaría de Finanzas en Hidalgo sin embargo, decidió que siguieran administrando sus fondos pese al riesgo y ello salió caro a los hidalguenses, pues dejaron de recibir más de 800 millones de pesos que se quedaron en manos de Accendo Banco cuando la Secretaría de Hacienda retiró la licencia a la entidad para seguir operando, lo que los dejó incapacitados para hacer cualquier otro movimiento que no sea el de la liquidación de los acreedores, bajo la supervisión estricta de las autoridades.
En otras palabras, Accendo “quebró” por prestar más allá de lo que la Ley establece que pueden -porque ya de por sí pueden prestar prácticamente 10 veces más de lo que pueden garantizar- y al ser cancelados, se llevaron entre las patas al gobierno de Hidalgo, pero sobre todo, al recurso que es de los hidalguenses y que se han quedado esperando, como el caso del bono para jubilados y los aguinaldos de personal homologado del SNTE.
La responsabilidad de la Secretaría de Finanzas
El primer error de la secretaria Jessica Blancas fue el de mantener los recursos de los hidalguenses en un banco que ya desde febrero de 2020 daba muestras de encaminarse hacia la bancarrota.
El segundo fue el de mantener ociosos recursos etiquetados y que finalmente son los que se quedaron en poder de Accendo Banco.
En general, uno por cada tres pesos programados para infraestructura de la entidad (FISE) así como para los municipios (FGPM) durante los primeros 9 meses del año 2021, no fueron entregados como correspondía -y al final se los quedó el banco-.
Ya en el terreno de la especulación, pudo existir un tercer error que se habría visto motivado por la actividad de Accendo.
Hace unos días la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sancionó con tres multas por un monto de 3 millones 140 mil pesos a Accendo Banco, las cuales derivaron de la no constitución de reservas de riesgo -lo del ICAP ya mencionado- pero también por no desarrollar contraloría interna y por omitir estimaciones de impuesto diferido. Un mes antes de ser cerrados, recibieron multas por 7 millones de pesos.
Como obra en artículos de prensa, el banco no habría proporcionado a las autoridades información sobre el ISR de sus clientes, lo que podría suponer que aunque se generaran utilidades para quienes allí mantenían su dinero, estas no se reportaran al fisco. Una entidad, como en este caso Hidalgo, puede tener utilidades que se generen sobre sus depósitos en cuentas bancarias, sin embargo, estas son reportadas a la autoridad para su cuantificación. Así, el hecho de continuar con Accendo Banco podría deberse a que se generaban réditos y el banco se ofrecía a no reportarlos a la autoridad, habiendo un remanente no fiscalizable y que incluso podría ser interpretado por la autoridad como falta de políticas para combatir el lavado de dinero.
El camino de espinas para recuperar el dinero de los hidalguenses
Cuando una institución de banca múltiple está en liquidación, los ahorradores con inversiones por hasta 400 mil UDIS (alrededor de 2.8 millones) gozan de una garantía por parte del IPAB para recuperar su dinero.
El problema es para instituciones como el Gobierno de Hidalgo, que para un monto que supera los 800 millones de pesos, debe sujetarse a los criterios de la Ley de Instituciones de Crédito Federal, misma que en sus artículos 241 y 242, fracciones de la I a la IV, establece prelación de pago para quienes entren en el esquema del IPAB, para los trabajadores de la institución, para la seguridad del patrimonio de la institución y finalmente para los inversores como el gobierno de Hidalgo, mismo que esperará su turno y recibirá su dinero solamente antes de los accionistas de la institución bancaria que la llevaron a la bancarrota.
Además, recuérdese que la institución bancaria ya no puede “operar”, esto es, que quien tratará de recuperar la cartera de Accendo será una institución distinta a quien dio los créditos -con las dificultades que ello supone- y que encima la entidad ha sido sancionada por no evaluar correctamente a sus deudores, razón por la que el gobierno de Hidalgo -así como otros más-, podrían no recuperar su dinero.
Gobiernos que tienen cuentas por recuperar con Accendo Banco
El gobierno de Hidalgo si bien fue el más afectado por la quiebra de Accendo Banco, no fue el único, pues existen otros 6 en la misma situación.
El gobierno de Puebla tiene sin recuperar más de 600 millones con la misma entidad, Tamaulipas más de 200 millones, el Estado de México y Tamaulipas más de 100 millones e incluso Oaxaca tiene alrededor de 50 millones que se quedaron en lace untas de Accendo.Con información de Mariana Morales
